Castanier: Todos los acuerdos se hacen en el marco de lo ético y lo legal

El Ministerio de Gobierno cuenta con el Viceministerio de Gobernabilidad, a cargo de Homero Castanier, quien se encarga de la relación del Ejecutivo con los sectores sociales, con las otras funciones del Estado y con los gobiernos locales.

Tras las primeras reuniones del Gobierno con los transportistas, el movimiento indígena y la conformación de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), el viceministro Castanier habló con PRIMICIAS sobre los puntos tratados y cómo se dieron los acercamientos.

La mayoría en la Asamblea

¿Qué sucede con la relación con la Asamblea? Especialmente después de la creación de la BAN.

El trabajo de gobernabilidad es también con las otras funciones del Estado. El gobierno no puede desentenderse de lo que sucede en la Asamblea Nacional, donde hay proyectos legislativos del Ejecutivo.

Visité a la presidenta de la Asamblea para que haya una agenda legislativa armónica, entre lo que ellos planean tratar y lo que el gobierno va a enviar, para no perder tiempo.

Tal vez el escenario ideal es que el gobierno llegue con una mayoría legislativa, pero eso no se dio. Ha habido algunos legisladores que han decidido apoyar la gobernabilidad y apoyar las iniciativas del Gobierno.

Y, quiero ser claro, el Gobierno mantendrá francos diálogos éticos y que estén en el marco de la legalidad.

Los asambleístas tienen la prohibición de gestionar cargos públicos y partidas presupuestarias.

Los diálogos que hemos mantenido han sido en el marco de una agenda legislativa, incluso con Pachakutik, que tiene un bloque importante de legisladores y la presidencia de la Asamblea. Incluso, hay diferentes presidentes de comisión de Pachakutik.

Hay gente que quiere apoyar ciertos temas y otras bancadas se han sentido golpeadas en ese sentido, porque ha habido cambios o legisladores que han abandonado las bancadas.

La frase del "gobierno del encuentro" no es solo para la foto, es para mantener buenas relaciones con todos, no importa de qué partido político sean.

¿Lo miembros de la BAN no lograron ningún acuerdo por fuera de sus funciones legislativas?

Absolutamente ningún acuerdo de temas que no estén en el marco de lo ético y lo legal. En el gabinete existen ministros que son del movimiento Creo, como yo, pero otros estuvieron, incluso, en otras tiendas políticas.

El presidente Lasso les ha pedido que estén en el gobierno por su perfil y su capacidad de gestión. No necesariamente porque tengan el carné de afiliación a un movimiento político.

En la Asamblea Nacional, la atomización que se dio en las elecciones, permitió que algunos legisladores que llegaron por partidos que pusieron uno o dos legisladores decidan formar la Bancada del Acuerdo Nacional.

Es mejor se parte de una bancada grande y potente para que sus iniciativas legislativas puedan fluir.

¿La BAN fue iniciativa de esos legisladores o de Creo?

Fue una conversación y en ese momento no estábamos en el gobierno, porque fue 10 días antes de la posesión del presidente Lasso. Pero se dio con base en acuerdos para la elección de autoridades de la Asamblea Nacional.

Se dio con acuerdos válidos. No tiene nada de malo que, si una bancada aspira a tener representantes en el Consejo de Administración Legislativa o las comisiones de la Asamblea, se pueda llegar a acuerdos.

Lamentablemente los que no llegan a acuerdos a veces quedan marginados de tener ese protagonismo, que puede tener el presidente de una comisión.

El presidente de una comisión maneja el orden del día, los informes que se tramitan y por ello pienso que esto dio la coyuntura. Nos reunimos y tratamos de formar una mayoría, que funcionó y pudo poner autoridades de la Asamblea, por lo que se decidió continuarla en el trabajo legislativo.

¿Cómo responder entonces a las acusaciones del PSC, que incluso piden investigaciones del acuerdo con otros legisladores?

La respuesta es simple: que presenten pruebas. Acusar es fácil, pero demostrar es complicado. Que presenten pruebas si ha habido alguna situación que no les parezca correcta, para que sea investigada.

Salir y dar una declaración sin pruebas es irresponsable.

Estos apoyos que se suman a la BAN ¿serán aceptados vengan de donde vengan?

Yo no quiero satanizar el tema de los antecedentes políticos que puede tener un asambleísta o alguien que esté de autoridad en un cargo de elección popular.

Recordemos en que 2008 casi el 80% de ecuatorianos respaldó la Constitución correísta. Eso no quiere decir que el 80% que en su tiempo respaldó este proyecto son personas malas o que se les puede señalar con una tacha.

En la bancada de la Revolución Ciudadana, en el periodo anterior, cuando yo era legislador, había gente muy valiosa, con la que se podía debatir, que daba argumentos, en la bancada socialcristiana igual.

Mis iniciativas se consiguieron con votos y los votos requieren buenas relaciones, dialogar, conseguirlos de diferentes sectores.

Dialogar no es malo, lo malo es llegar a acuerdos ilícitos por debajo de la mesa.

¿Qué garantías tienen de que los legisladores a los que apoyaron a llegar a puestos de poder en la Asamblea los apoyen a ustedes con su agenda legislativa?

No hay garantía. Estos acuerdos no son notarizados y no quedan en actas. Uno confía en la palabra y la palabra de cualquier persona es lo más valioso que uno debe tener.

Aspiramos que se pueda mantener una mayoría legislativa. Esperamos que los proyectos que envíe el Gobierno puedan ser mejorados por la Asamblea y viceversa.

Las funciones de la Asamblea son legislar y fiscalizar, pero no bloquear ni boicotear los proyectos de un gobierno que fue elegido democráticamente.

También respondió a las acusaciones de su exaliado electoral, el Partido Social Cristiano (PSC), que pide una investigación por los 'camisetazos' de los legisladores que ahora forman parte de la BAN.

Los indígenas y los transportistas

¿Cuáles fueron las primeras alertas al llegar al Viceministerio de Gobernabilidad?

La liberalización de los combustibles generó varias alertas con varios movimientos sociales; con el ajuste, especialmente, en el diésel. Entonces, por decisión del Presidente de la República, se instalaron mesas para solucionar estos problemas y no dejar que se traduzca en un escenario de conflictos e ingobernabilidad.

¿Con qué sectores se han reunido para tratar este problema?

Puertas adentro esto lo lideran los ministerios de Transporte y el de Energía. Pero como Ministerio de Gobierno hacemos el trabajo político de identificar quiénes están frente de las federaciones.

Cada federación de transporte es un mundo diferente. No es igual el taxismo que la carga pesada, o el transporte urbano que el interprovincial. Y, las mesas que arrancaron con todos: tienen representantes de los transportistas y se va a invitar los representantes de las estaciones de servicios, a la academia, para hacer un estudio de estructura de costos.

Esto para ver el porcentaje real que debería aplicarse en el tema de subsidios. Tenemos que abrir el abanico para que esto sea una solución efectiva y no un parche, que nos traiga conflictos.

También hemos dialogado con los sectores indígenas, de la Conaie, la Ecuarunari y con autoridades locales. En Cotopaxi recibimos sus propuestas que plantean un congelamiento del precio de los combustibles y una derogatoria del decreto firmado por el expresidente Lenín Moreno.

¿Cabe la opción de congelar el precio de los combustibles o dar más beneficios al sector para evitar nuevas paralizaciones?

La decisión del presidente Lasso ha sido la focalización del subsidio, pensando en qué le conviene a la mayoría de ciudadanos. Si es que suben los costos operativos va a tener que subir la tarifa y el 70% de ecuatorianos se moviliza en transporte público.

El subsidio se dirige ahí. No puede ser general y que todos los ecuatorianos paguemos USD 1.200 millones en subsidios, por ejemplo, a gente que comercializa el combustible en altamar o a vehículos de alta gama que se utilizan para paseos.

Tras la primera reunión con los transportistas se habló ya de acuerdos ¿cuáles fueron?

Fueron decenas de pedidos, desde plataformas tecnológicas, multas, licencias, revisiones vehiculares, matrículas, cupos. Y logramos llegar a un consenso de cuatro temas que les interesaban a todas las operadoras y federaciones de transporte.

El primero ya lo evacuamos. Ya nos entregaron la base de datos para la vacunación masiva de choferes profesionales y transportistas. El segundo es el tema de la focalización.

El tercero es el refinanciamiento de deudas, de los sectores que no han podido producir por la pandemia como el transporte escolar, que necesita un respiro frente a las instituciones financieras.

Y el cuarto tema son las reformas a la Ley de Tránsito, que están en la Corte Constitucional. Pero el gobierno ha sido claro en que va a ser respetuoso de las funciones y que hay un veto por inconstitucionalidad, por lo que será la Corte la que decida.

¿Existe un plazo para dar una respuesta en el tema de la focalización?

No se ha puesto un plazo, pero sí se puso mucho énfasis en la velocidad de trabajo. Se dio tres días para recabar toda la información de las federaciones y de la Agencia Nacional de Tránsito, para hacer el censo.

Todos los lunes mantendremos reuniones para seguir avanzando en el tema y se sumará un representante del Ministerio de Finanzas.

Pero velocidad no significa sacar un proyecto a tropezones que después nos cause conflicto, que se desvíe el subsidio o haya problemas en su aplicación. Hay varias opciones y ninguna está descartada: por la placa, por la cédula, por el SRI, por una tarjeta electrónica, directamente a un registro social de usuarios.

En cuánto al sector indígena, ¿qué sucede con los acercamientos? ¿Por qué se cayó la reunión prevista para el 10 de junio?

Nosotros no podemos permitir como gobierno que se vuelva a caotizar el país, eso no le conviene a ninguno de los ecuatorianos. Esa no es la vía, la vía es el diálogo, para lograr gobernabilidad y hay una responsabilidad también de los sectores de la sociedad.

Con la Conaie se está estableciendo los diálogos con diferentes líderes, especialmente autoridades de Pachakutik, alcaldes y prefectos. Pero hemos sido respetuosos porque la Conaie tiene a finales de este mes un proceso de elecciones internas.

Y no quisiéramos que eso trastoque la libre decisión y quiénes están o no invitados para reunirse a dialogar. Lo prudente sería que se den las elecciones para ver quién presidiría la Conaie los próximos años.