Ecuador, el país en que Ejecutivo y Asamblea incumplen sentencias
El Ejecutivo y la Asamblea desconocieron fallos judiciales por considerarlos ilegítimos. Sus representantes se exponen a penas de cárcel y a la destitución
De izq. a der.: Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, Guillermo Lasso, presidente de la República, y Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, durante una reunión para tratar la crisis de la justicia, el 24 de abril de 2022, en Guayaquil.
Flickr / Presidencia
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Al fin tuvieron una coincidencia, aunque no necesariamente positiva. El mismo día, el 11 de enero de 2023, el Gobierno y la Asamblea Nacional, decidieron desconocer dos sentencias judiciales.
Primero, el Legislativo retiró de uno de sus muros una placa que había sido colocada en días pasados, que recordaba la importancia del respeto al control constitucional.
La colocación de la placa fue ordenada por el juez Ángel Lindao, de La Concordia, quien aceptó una acción constitucional a favor de cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que fueron destituidos por la Asamblea.
En primera instancia, el Legislativo acogió la medida. Pero, después, el Pleno aprobó una resolución en la que se decidió desconocer el fallo porque fue "dictado al margen de la Constitución y la Ley".
Horas más tarde, la Presidencia de la República comunicó que, por decisión del Consejo de Seguridad del Estado, las entidades públicas se acatarían el fallo del juez Xavier Guzmán Herbozo, que ordenó el traslado de Freddy Anchundia, cabecilla de los R7, desde la Cárcel La Roca, en Guayaquil, hacia la Cárcel Bellavista de Santo Domingo.
El Cosepe consideró que esta decisión judicial "atenta contra la Seguridad del Estado".
Posibles sanciones
En Ecuador, el incumplimiento de una sentencia dictada por un juez competente podría acarrear dos tipos de sanciones:
- Ante la justicia constitucional
- Ante la justicia penal.
Del lado constitucional -explica André Benavides, experto en el área- la Corte Constitucional (CC) podría abrir un proceso por una acción de incumplimiento. Este trámite podría iniciarlo un juez, de oficio, o por el pedido de los afectados.
La Corte deberá evaluar si hubo un incumplimiento. En caso de comprobarlo, el organismo ordenará el cumplimiento inmediato de las sentencias. Pero, además, podría sancionar con la destitución a los funcionarios que las desacataron.
"Las sentencias pueden tener varios problemas y eso no significa que las autoridades puedan incumplirlas".
André Benavides
Pero, el incumplimiento de una sentencia también podría acarrear consecuencias penales.
Gabriel Ponce, abogado penalista, explicó que los afectados podrían denunciar a las autoridades por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito se sanciona con penas de cárcel, de uno a tres años.
En el caso del Cosepe, Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública del Gobierno, explicó en una entrevista con Radio Centro, que la decisión tomada se dio con la participación del presidente Guillermo Lasso, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, los representantes de las cúpulas policial y militar, entre otras autoridades.
E insistió en que se tomó por razones de seguridad, porque alias 'Anchundia', líder de la banda R7, estuvo vinculado a los actos terroristas cometidos en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, el 1 de noviembre de 2022.
"No puede ser que los jueces sigan convirtiéndose en instrumentos de impunidad", dijo Ordóñez.
Sobre las posibles sanciones por el desconocimiento de la sentencia, dijo que es obvio que el Cosepe no tiene la capacidad para desacatar sentencias, pero con esto se "ha lanzado un mensaje a la Función Judicial para decir: Basta".
Otro ingrediente para la crisis
Estas decisiones del Ejecutivo y del Legislativo vuelven a sembrar dudas sobre la legitimidad y ética de los jueces ecuatorianos. Además, abona en la crisis que vive la Función Judicial.
PRIMICIAS presenta los cuatro componentes de esta crisis:
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Judicatura sin presidente
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El Consejo de la Judicatura, órgano de administración de la justicia ecuatoriana, está operando desde febrero de 2022 sin un presidente titular. En ese mes, María del Carmen Maldonado renunció a la presidencia del Consejo por discrepancias con la Corte Constitucional. Desde ese momento, Fuasto Murillo preside temporalmente el organismo. La Presidencia debe ser ejercida por un representante de la Corte Nacional. Esta entidad ha presentado cuatro ternas de candidatos, pero el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) no ha completado la designación. Ahora, ese proceso está en manos de la Corte Constitucional, que debe decidir si la cuarta terna está vigente o si la Corte debe enviar una quinta postulación.
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Cada vez con menos recursos
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Entre 2011 y 2012, el presupuesto del Consejo de la Judicatura, sin contar a la Fiscalía y a Defensoría Pública, era de más de USD 650 millones. En 2022, la asignación fue de USD 370 millones. Es decir, hubo una rebaja del 43%. Fausto Murillo, presidente temporal de la Judicatura, dijo a PRIMICIAS que no hay dinero ni para evaluar a los jueces. El 91% del presupuesto se va en sueldos y el 9% para pagar arriendos, luz, servicios e infraestructura básica.
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Más causas y menos fiscales
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Desde que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en agosto de 2014, la Fiscalía ha recibido cerca de tres millones de denuncias. Según los datos de la entidad, el 89,2% de los procesos sigue en investigación previa. Una de las causas para este rendimiento es el déficit de agentes. La tasa recomendada para Latinoamérica es de ocho fiscales por cada 100.000 personas. Y en el mundo la tasa es de 12 agentes. En lugar de avanzar, Ecuador ha ido retrocediendo en este tema. En 2018, la tasa era de 5,01. Y en 2021 se redujo a 4,70.
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Decisiones cuestionadas
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En 2022, jueces de distintas provincias tomaron decisiones polémicas que beneficiaron a sentenciados por corrupción y a miembros de grupos narcodelictivos. Por ejemplo, el exvicepresidente Jorge Glas recibió tres veces órdenes de libertad, pese a tener en su contra dos sentencias por corrupción y no haber cancelado más de USD 8 millones que debe al Estado como reparación integral. Entre el 9 de abril y 5 de mayo de 2022, tres jueces de Azuay autorizaron 124 traslados de la cárcel de Turi hacia Santo Domingo. Y un solo juez aprobó 57 traspasos. El 9 de mayo de 2022, en la Cárcel de Santo Domingo fueron asesinados 44 presos. Un mes antes, otros 20 presos fueron asesinados en la cárcel de Turi, en Cuenca.
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