En 27 días, el Consejo de la Judicatura cumplirá un año sin un presidente titular. Mientras tanto, el nombramiento está en suspenso entre la Corte Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional.
Una vez más, el futuro del Consejo de la Judicatura (CJ) está en manos de la Corte Constitucional (CC).
La Corte debe decidir que pasará con el nombramiento del nuevo presidente de la Judicatura y, además, el futuro del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS).
El Consejo de la Judicatura está funcionando sin un presidente titular desde el 2 de febrero de 2022. Según la Constitución, esa entidad debe presidirla un delegado de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Sin embargo, ese 2 de febrero renunció María del Carmen Maldonado y en el banco de suplentes no había otro delegado para que asumiera el cargo. Desde entonces, Fausto Murillo funge como presidente interino.
El suplente de Maldonado era Álvaro Román, pero fue designado solo para completar la lista. Ya que en el concurso, los otros dos postulantes de la CNJ fueron descalificados por el CPCCS.
Román interpuso una acción de protección para asumir el cargo. Pero, la justicia ordinaria la negó en dos instancias. Por esta razón, el abogado escaló el recurso ante la Corte Constitucional.
El 26 de septiembre de 2022, finalmente, la Corte Constitucional aceptó parcialmente la acción de Román.
La Corte dispuso que asumiera de forma temporal una vocalía. También ordenó al CPCCS que eligiera “de manera célere” al nuevo titular de la Judicatura.
Nuevamente en manos de la CC
La decisión de la Corte Constitucional del 26 de septiembre, aparentemente, ponía fin al problema. Sin embargo, más de tres meses después la designación no ha concluido.
El 17 de octubre de 2022, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, presentó la terna para la selección.
Esa fue la tercera postulación, ya que previamente habría presentado otras dos candidaturas que no fueron tratadas por el CPCCS, pues estaba en trámite la acción de Román.
Pero, el Consejo de Participación descalificó a dos de los tres postulantes de la tercera terna. Y el trámite volvió a la Corte Nacional.
Esta vez, la designación ya no recayó únicamente como responsabilidad de Saquicela. Ya que un grupo de jueces nacionales reclamó la necesidad de un consenso previo de la CNJ para escoger la terna.
El 15 de diciembre de 2022, el Pleno resolvió presentar una cuarta terna conformada por jueces de la propia Corte Nacional: Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera.
Los tres fueron calificados y sobrepasaron la fase de impugnación ciudadana. Solo restaba la votación del Pleno del CPCCS, pero no hubo consenso.
El 2 de enero de 2023, el CPCCS se reunió para la designación, pero solo cuatro de los siete consejeros de Participación Ciudadana asistieron a la sesión: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
Aunque se necesitaba el voto positivo de todos los presentes para consagrar la selección.
Bravo mocionó a Wilman Terán; Rivadeneira a Mercedes Caicedo, y Estupiñán a Luis Rivera. Pero ninguna de las tres mociones logró sumar cuatro votos afirmativos.
Ante esta situación, la Corte Constitucional solicitó al CPCCS un informe sobre el cumplimiento de la sentencia del caso Román, en la que se ordena un nombramiento rápido del nuevo titular de la Judictura.
Y convocó a una audiencia pública de seguimiento para el 10 de enero de 2023. En esa diligencia, los jueces escucharán a los representantes de la Judicatura, de la Corte Nacional y del CPCCS antes de decidir que pasará con la designación.
La Corte Constitucional tendrá que decidir si la votación de cuatro consejeros sobre las postulaciones de Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera son legales. En ese caso, se deberá solicitar a la Corte Nacional una quinta terna.
Aunque el tratamiento de una nueva postulación está en entredicho, ya que el CPCCS tiene problemas de conformación.
Cinco de los siete consejeros del Consejo tienen licencia, puesto que buscan la reelección en las elecciones de febrero. Además, solo hay tres suplentes legalmente posesionados.
Riesgo de destitución
La decisión de la Corte Constitucional no solo afectará el proceso de designación del presidente de la Judicatura. A su vez, el organismo tiene la potestad de destituir a los vocales del CPCCS por incumplir una sentencia judicial.
Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, envió un escrito a la Corte Constitucional. En el documento, el funcionario asegura que los seis integrantes de la tercera y cuarta terna fueron “desechados con una serie de acciones arbitrarias”. Por lo que solicita que se ejecute la fase de seguimiento.
Además, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, solicitó públicamente a la Corte Constitucional que destituya a los vocales del CPCCS por el incumplimiento de la sentencia.
Hernán Ulloa, presidente del CPCCS, indicó en el informe remitido a la Corte Constitucional que el trámite de las ternas se agotó y que hay que solicitar una nueva terna. Por lo que, a su criterio, se debe determinar el cumplimiento de la sentencia.
María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta del CPCCS, también envió un escrito a la Corte. La funcionaria dice que debido a que la negativa a la cuarta terna solo fue adoptada por cuatro vocales, se debe convocar una nueva sesión con la presencia de todo el Consejo, en la que se tome una decisión final.
Otra consejera, Sofía Almeida, por su parte, solicitó a la Corte Constitucional que certifique si las actuaciones de Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán son válidas.
Esto porque fueron censurados por la Asamblea Nacional y volvieron a sus cargos por una acción de protección resuelta por un juez de primera instancia.
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