Cuál es el escenario en la Asamblea frente al posible juicio penal contra la vicepresidenta Verónica Abad

A las 11:15 del 11 de junio de 2024, el caso Nene llegó, oficialmente, a la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Este es el primer paso en el trámite para el procesamiento penal de Verónica Abad, vicepresidenta de la República.

La fiscal Diana Salazar solicitó a la CNJ día y hora para vincular a Abad a esta causa y reformular el proceso a un supuesto delito de concusión. Inicialmente, el caso se había seguido por oferta para realizar tráfico de influencias.

Verónica Abad, su hijo Sebastián Barreiro y su asesor Daniel Redován son investigados por supuestamente exigir parte del sueldo de un funcionario de la Vicepresidencia, a cambio de estabilidad laboral.

Daniella Camacho, jueza de la Corte Nacional, estará a cargo del caso. Antes de convocar a la audiencia de vinculación de Abad, este 16 de junio, la Magistrada pidió autorización a la Asamblea Nacional.

Según el artículo 120 de la Constitución, una de las atribuciones del Legislativo es autorizar, con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, el enjuiciamiento penal del Presidente y la Vicepresidenta de la República. Es decir, se requieren 91 votos.

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El momento político no puede ser más inoportuno. El Gobierno de Daniel Noboa no ha ocultado su intención de impedir que Abad continúe en el cargo para evitar que asuma la presidencia si el mandatario decide tomar licencia para la campaña electoral.

Y, la semana pasada, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, protagonizó un agrio enfrentamiento con el Legislativo; llegó a acusar a las tres bancadas de formar una mayoría 'anti-Noboa'.

91 votos difíciles de conseguir

Ante este escenario, la política entra a jugar un papel determinante en el ámbito judicial. El procesamiento penal de Abad depende enteramente de lo que se decida en el Pleno del Parlamento.

Si bien la cuencana fue la compañera de binomio del presidente Daniel Noboa, en los seis meses de administración se han alejado, al punto de que Abad fue enviada a Israel como embajadora, antes de que el Gobierno cumpliera un mes en funciones.

Adrián Castro, asambleísta de la banca oficialista ADN, adelantó que este bloque pondrá sus votos a favor del procesamiento. "Hay que dar paso a que la justicia haga su trabajo", dijo.

Sin embargo, ADN solo tiene 36 votos seguros. Es decir, el Gobierno deberá buscar -al menos- 55 apoyos más para que Abad sea enjuiciada penalmente. En ese conteo la clave será la Revolución Ciudadana (RC) que tiene 48 votos.

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Incluso, si ADN logra conseguir el respaldo de todos los otros bloques (Independientes, Pachakutik, Gente Buena, Partido Social Cristiano y Construye) el techo sería de 89 votos. Por lo que aún necesitaría, al menos, dos votos correístas.

Gisella Garzón, legisladora del correísmo, se pronunció con cautela. Ella no adelantó cómo votará el correísmo, pero señaló que las instituciones del Estado no deben inmiscuirse en la resolución de problemas políticos entre Noboa y Abad.

Por su parte, asambleístas del PSC y Construye dijoron que la decisión la tomarán una vez que la Asamblea reciba el expediente del proceso penal y puedan analizar los argumentos para vincular a Abad al caso Nene.

Dos caminos para destituir a Abad

El aditamento especial, ante este escenario, son las elecciones presidenciales para 2025. El presidente Daniel Noboa ha mostrado su interés de participar en los comicios. La duda es si debería pedir licencia cuando empiece la campaña.

La Procuraduría General del Estado tiene en sus manos esa consulta. Si el organismo resuelve que la licencia es obligatoria, durante la campaña Noboa debería entregar la Presidencia de manera temporal a Verónica Abad.

Esto pasará a menos de que, hasta que la campaña se inicie, en enero de 2025, Abad ya no esté en la Vicepresidencia. Para que esto suceda hay dos caminos.

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Primero, el enjuiciamiento penal. Si la Asamblea aprueba el procesamiento de la Segunda Mandataria, la jueza Daniella Camacho podría dictar prisión preventiva en su contra.

En ese caso, Abad quedaría imposibilitada de ejercer su cargo y tras 90 días, la Asamblea declarará su ausencia definitiva. Su reemplazo sería nombrado de una terna enviada por el presidente Daniel Noboa. Esto ya ocurrió con el exvicepresidente, Jorge Glas, en 2018.

El segundo camino es un juicio político. Según la Constitución, la Asamblea puede iniciar un trámite de este tipo contra la Vicepresidenta, por delitos por concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

No es necesario el enjuiciamiento penal previo. Es decir, aunque el Pleno no autorice el procesamiento penal por el caso Nene, la Asamblea podría iniciar el juicio político. Aunque, sí se necesita un dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional (CC).

También en ese caso, para lograr la destitución y censura de la Vicepresidenta, en el Pleno se requerirán 91 votos. En ese proceso, también serán clave los votos del correísmo.