Lasso estrena secretaria de Derechos Humanos para lidiar con la crisis carcelaria

La Secretaría de Derechos Humanos está ahora en manos de Paola Flores Jaramillo, quien hasta el 5 de mayo de 2022 se desempeñó como concejal de Cuenca. La funcionaria es parte de Igualdad, el movimiento político del ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera.

Los lazos entre esa agrupación y el oficialismo tienen otros antecedentes. Por ejemplo, Igualdad y Creo participaron juntos en las últimas elecciones seccionales.

Entre sus candidatos estuvieron el mismo Cabrera para la Alcaldía, Flores en la lista de concejales y el ahora ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, para la prefectura de Azuay.

Flores, de 41 años, es abogada por la Universidad Técnica de Loja y, desde 2010, ha trabajado principalmente en el Municipio de Cuenca, sea en cargos administrativos o como concejal. En su hoja de vida no se detalla más experiencias laborales.

La exconcejal fue designada como presidenta de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género. Durante su tiempo en el cabildo cuencano presidió la mesa de Igualdad de Género e Inclusión Social.

También fue presidenta de la mesa cantonal para la Erradicación de Violencia de Género, pero en febrero de 2021 fue revocada del cargo como delegada, por lo que ella denominó "una clara retaliación a la fiscalización" que llevaba a cabo de la casa violeta Cuenca.

La crisis carcelaria

Aunque su perfil no es especializado en derechos humanos o seguridad, la nueva funcionaria estará a cargo de la rectoría de la política pública para el sistema de rehabilitación social, uno de los sectores críticos para la administración del presidente Guillermo Lasso.

"Los desafíos son enormes, pero estoy seguro de que tu experiencia será decisiva al frente de la Secretaría de Derechos Humanos", dijo el Presidente durante la posesión de Flores, y agregó que los derechos humanos son importantes para su gobierno.

El sistema carcelario lleva en crisis desde mayo de 2019. Pese a las declaratorias de emergencia y a los estados de excepción en las penitenciarías, el manejo del área sigue siendo uno de los retos que enfrenta el Ejecutivo.

La falta de presupuesto, el hacinamiento, la insuficiencia de agentes y los constantes cambios administrativos en el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad (SNAI), dificultan mantener el control frente a los amotinamientos y masacres y brindar una rehabilitación social a los presos.

La exsecretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, argumentó en su carta de renuncia que uno de los motivos era, precisamente, el manejo de la crisis carcelaria y "la nueva visión planteada por el Gobierno Nacional, la cual dista del objetivo inicial de construir un país de oportunidades y de encontrarnos por los Derechos".

La Secretaría

La Secretaría de Derechos Humanos fue creada a la par del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), en noviembre de 2018. Entre ambas entidades se dividieron las funciones del antiguo Ministerio de Justicia, para separar la gestión de derechos humanos de la administración carcelaria.

Es así que entre las competencias iniciales de la Secretaría estuvieron:

• Las obligaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos.
• Erradicación de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.
• Protección a pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
• Acceso efectivo a una justicia de calidad y oportuna.

El presidente Guillermo Lasso modificó esas atribuciones en octubre de 2021. Eliminó la relativa al acceso a la justicia y agregó la erradicación de la violencia por orientación sexual y diversidad sexo-genérica y la atención en materia de cultos.

Sin embargo, nombró al titular de la Secretaría como su delegado a presidir el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, que ejerce la rectoría en las políticas públicas en la materia.