Perú declara el estado de emergencia en todo el país por 30 días

Las Fuerzas Armadas peruanas se desplegaron el miércoles 14 de diciembre para garantizar la seguridad en distintos puntos estratégicos de Arequipa, la segunda ciudad el país, que desde la víspera se encuentra bajo estado de emergencia por las protestas y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Los militares vigilan puntos como el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, tomado por manifestantes durante unas horas el lunes 12 de diciembre, además de las instituciones públicas y las principales vías de la ciudad.
Centenares de manifestantes se concentraron en el centro de Arequipa para exigir la renuncia de Boluarte, quien juró el cargo tras la detención del expresidente Pedro Castillo luego de que intentará un fallido de autogolpe de Estado, y el cierre del Congreso.
La medida de seguridad responde al anuncio hecho por el ministro de Defensa, Alberto Otárola, quien adelantó que el Gobierno declarará en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas iban a proteger puntos estratégicos del país, como aeropuertos o centrales hidroeléctricas.
Además, el Consejo de Estado de Perú, conformado por los máximos representantes de todos los poderes y organismos autónomos del país, expresó su respaldo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte y pidió "restablecer el orden público" en el país.
El gobierno de Boluarte decretó el estado de emergencia durante 60 días en el sureño departamento de Arequipa, al igual que en Apurímac e Ica, para "mantener el control del orden interno" ante la escalada de violencia en las protestas.
El ministro de Interior, César Cervantes, aseguró que la Policía Nacional de Perú (PNP) tendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas para así recuperar el orden público.

El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó que el expresidente Pedro Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar.
Esto mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la Fiscalía contra el exgobernante, que se postergó para la mañana del jueves a pedido de las partes implicadas en el caso.
"Considero razonable y necesario concederles un plazo para que puedan tener todos los elementos" del pedido fiscal, señaló Checkley al inicio de la audiencia de este miércoles, a la que no se presentaron Castillo ni sus abogados defensores.
El magistrado, encargado del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, aprobó durante la noche de este martes la formalización de la investigación preparatoria contra Castillo y su ex primer ministro Torres, por rebelión.
Según la resolución de Checkley, Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
Torres, en su condición de asesor de la presidencia del Consejo de Ministros al momento de los hechos, será investigado como presunto coautor en los delitos de rebelión y conspiración.
A diferencia de Castillo, Torres está libre y su paradero es desconocido.