Corte Suprema confirma detención de expresidente de Perú

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú confirmó este martes la detención del expresidente peruano Pedro Castillo por el delito de rebelión, tras declarar infundado el recurso de apelación presentado por su defensa a un recurso de amparo rechazado por otro juzgado.

El juez César San Martín leyó la resolución que rechaza la apelación de Castillo y, por lo tanto, confirmó su detención, que vence el miércoles antes de las 14:00 hora local (19.00 GMT).

El magistrado dijo que Castillo afronta un delito penado con entre 5 y 10 años de cárcel, y que, lo planteado por la Fiscalía, hasta el momento, es “suficiente” para ser procesado por tentativa del delito de rebelión o conspiración, tras el pronunciamiento público del 7 de diciembre en el que anunció una serie de medidas consideradas como un autogolpe de Estado.

En ese sentido, confirmó que es improcedente la solicitud de nulidad en primera instancia contra la detención preliminar del exmandatario.

San Martín precisó que se trata de una detención en flagrancia, después de que Castillo emitió su mensaje a la nación y se dirigió a la Embajada de México en Perú, pero fue detenido inmediatamente en camino a esa locación.

Además, indicó que se da la posibilidad de peligro de fuga porque el investigado pretendía recurrir al asilo, “cuyos primeros pasos ya había adelantado”, según informaron las autoridades de México, que han aceptado estar dispuestas a otorgarle ese estatus.

El magistrado explicó que los demás poderes públicos “censuraron” el comportamiento y las medidas anunciadas por Castillo, y que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no las acató.

Anunciar públicamente la instalación de un Gobierno de emergencia excepcional por “quien tenía el control del poder” era “ejercer un acto de violencia psíquica en la ciudadanía”, afirmó San Martín.

La Policía Nacional de Perú explicó este martes que las protestas de los últimos dos días en Lima contra la nueva presidenta, Dina Boluarte, fueron “altamente violentas” pero poco numerosas y que, durante las mismas, resultaron heridos 130 agentes.

El jefe de la Región Policial Lima, el general Víctor Zanabria, dio una rueda de prensa en la céntrica plaza San Martín de Lima, donde el lunes se concentraron parte de las protestas en la capital, para hacer balance de las últimas jornadas.

“No estamos hablando de una manifestación multitudinaria, no llegan a 600 personas que están marchando, pero son altamente violentos, altamente organizados para destruir las cosas”, señaló Zanabria.

La capital de Perú fue testigo este lunes de fuertes enfrentamientos entre vándalos y policías durante una protesta contra Boluarte, que también pedía el cierre del Congreso, sucesos que acabaron con saqueos, ataques a medios de comunicación y heridos en el centro de la ciudad.

Al salir de la audiencia, dos de los abogados de Pedro Castillo leyeron una breve carta en la que el mandatario repitió su exhortación a las fuerzas de seguridad a deponer las armas “a fin de parar el levantamiento del orden democrático y la masacre” del pueblo.

Responsabilizó, en ese sentido, a la presidenta Dina Boluarte, y a su círculo más cercano, de las consecuencias que está teniendo la crisis social y política que afronta el país.

“Señora Dina, mire el lugar que ocupa, la hago responsable a usted y a todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas, hago un llamado al pueblo organizado a seguir alerta y optimista”, señaló la misiva leída por el abogado Ronald Atencio.

“No he cometido ningún delito de conspiración ni rebelión”, concluyó Castillo.

El expresidente de Perú Pedro Castillo insistió en que está “injusta y arbitrariamente detenido”.

“Quiero dirigirme al país para decirles que estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, corrupto ni por matón”, remarcó el mandatario al presentar sus argumentos en una audiencia en la que un tribunal supremo revisa la apelación al arresto preliminar que se dictó en su contra.

Tras escuchar los alegatos de la defensa del exmandatario, la Fiscalía y la Procuraduría del Estado, el juez supremo César San Martín le pidió a Castillo si tenía “algo que agregar”.

El exgobernante, que estaba conectado de manera virtual desde la prisión a la que fue enviado el pasado miércoles, afirmó que se dirigía a su país para decirle que está “totalmente agradecido por su confianza, esfuerzo, su lucha y su implicación”.

“Jamás renunciaré, ni abandonaré, esta causa popular que me ha traído acá”, sostuvo.

Castillo también exhortó “a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, en referencia a las manifestaciones y enfrentamientos, con gran cantidad de actos vandálicos, que se presentan en el país desde el pasado fin de semana.

San Martín dijo que, de acuerdo a lo establecido en el Código Penal, la resolución sobre el pedido de apelación “se debe leer inmediatamente”, por lo que convocó a las partes a conocer su decisión a partir de las 15.30 hora local de hoy.

El jefe de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía, general Oscar Arriola, confirmó que hay 119 policías policontusos y al menos uno tiene ventilación mecánica por la gravedad de su estado. También se registró un ataque a dos canales de televisión en Lima.

Sujetos lanzaron piedras contra Canal N y América Televisión. Según testigos, unos 20 sujetos lanzaron piedras y objetos al frontis de los medios de comunicación. Varias ventanas terminaron rotas.

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, confirmó que la cifra de víctimas, en algo más de 24 horas de enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que piden la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, que destituyó al expresidente Pedro Castillo.

“Han sido dos jornadas muy lamentables con un saldo de siete personas fallecidas (…) dos de ellas menores de edad y todos por proyectiles de armas de fuego“, dijo Revollar.

Los enfrentamientos más violentos se registran en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa.

“Estamos pidiendo la investigación de estos casos, que, de verdad, son muertes inútiles, porque si se tomaran decisiones oportunas esta situación no debía pasar”, señaló la defensora del Pueblo.