Crece la posibilidad de definir el futuro del Consejo de Participación en las urnas

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) conformó la comisión ocasional que tramitará el proyecto de enmienda constitucional, que busca limitar las facultades del Consejo de Participación. Esto tras la calificación de la Corte Constitucional.

Este organismo estará conformado por los legisladores: Elizabeth Cabezas (AP), Wilma Andrade (BIN), Héctor Muñoz (Creo), Vicente Taiano (PSC), Fernando Burbano (BADI), Carlos Cambala (AP) y Jeannine Cruz (Creo).

Esta conformación deberá ser ratificada por el pleno, en la sesión convocada para el jueves 24 de octubre de 2019, a las 11:00.

El objetivo de estas enmiendas es retirarle al Consejo la atribución de designar autoridades y que ésta regrese a la Asamblea Nacional, como era antes de 2008. Hasta ahora, el Consejo tiene a su cargo la selección de:

• Fiscal General
• Procurador General
• Defensor del Pueblo
• Defensor Público
• Contralor General
• Consejo Nacional Electoral
• Tribunal Contencioso Electoral
• Los magistrados de la Corte Constitucional
• Los miembros del Consejo de la Judicatura
• Los superintendentes
• Entre otros

Sin embargo, según el artículo 441 de la Constitución, una enmienda de este tipo deberá ser tramitada en dos debates, con un tiempo de espera de un año entre cada uno.

La reforma con firmas es más veloz

Pero, mientras la Asamblea intenta llevar adelante las enmiendas, el Comité por la Institucionalización Democrática tiene ya las firmas para respaldar su pedido de referendo para reformar parcialmente la Constitución.

Su objetivo es más directo: eliminar el Consejo de Participación Ciudadana.

También quieren que la Asamblea retome la competencia de nombrar a las autoridades de control y, además, que sea bicameral. Un tercer punto de su propuesta es que la Fiscalía recupere su autonomía.

El grupo liderado por Pablo Dávila, exmiembro del Consejo de Participación Transitorio, necesita de 132.620 firmas válidas para respaldar su propuesta (1% del padrón electoral).

La iniciativa, llamada Actúa por Ecuador, cuenta con una aplicación móvil y muestra el avance en la recolección de respaldos, que inició el 3 de septiembre de 2019.

Según sus datos, con corte al 22 de octubre de 2019, cuentan ya con 151.595 rúbricas. La mayoría de ellas conseguidas en Cuenca, Guayaquil y Quito.

Darwin Seraquive, vocero de la iniciativa, cuenta que todavía recogerán más firmas, para superar sin problemas el proceso de verificación. Además, el plazo de recolección termina en febrero.

Por esto, el Comité decidirá más adelante cuándo presentarlas a la Asamblea. Una vez que esto suceda el proceso se acelera y podría lograrse en menos de 180 días:

• Cuando la Asamblea reciba las firmas tiene 72 horas para enviarlas al Consejo Nacional Electoral (CNE).
• El CNE tendrá siete días para verificarlas.
• Si cumplen el requisito, el CNE notificará al Legislativo para que inicie el trámite legal del proyecto.
• El primer y segundo debate deberán estar separados por un plazo mínimo de 90 días.
• Una vez aprobado el informe final, el CNE convocará a un referendo nacional en el plazo de 45 días.
• Y, de ser aprobado en las urnas, la reforma será publicada en un máximo de siete días.

Si la Asamblea Nacional no diera paso al trámite de la iniciativa, como lo manda la Constitución, en un plazo máximo de un año, los proponentes podrán pedir directamente a la autoridad electoral que convoque al referendo.

Y, con la venia de la Corte Constitucional, el CNE convocará al país a las urnas en un máximo de 60 días.

Es decir, si el Comité por la Institucionalización obtiene las firmas suficientes, tarde o temprano el futuro del Consejo de Participación se decidirá en las urnas. Y, si gana la opción de eliminar la entidad, no importará lo que la Asamblea apruebe con su propio proyecto de enmiendas constitucionales.