Los integrantes del Comité por la Institucionalización Democrática llegaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) para seguir con el proceso que buscar eliminar el Consejo de Participación.
Nota actualizada a las 15:10, con las declaraciones de Pablo Dávila.
Un pasó más en el trámite. Los integrantes del Comité -Pablo Dávila, el excanciller José Ayala Lasso; la expresidenta Rosalía Arteaga; el vocal de la Comisión Anticorrupción, Simón Espinosa y Darwin Saraquive- recibieron la clave y los formularios para iniciar con la recolección de firmas de apoyo.
Ellos promueven un referéndum para una reforma parcial a la Constitución que tiene tres objetivos:
- Eliminar el Consejo de Participación,
- Transformar la Asamblea Nacional en Bicameral y devolverle la atribución de nombrar a las autoridades de control.
- Devolver autonomía a la Fiscalía General.
La recolección de firmas de apoyo, dijeron, empezará mañana (martes 3 de septiembre de 2019). Necesitan 132.620 firmas válidas para continuar con el trámite.
Hoy, se marca una hoja de ruta que permitirá un mejor funcionamiento de nuestras instituciones. Es momento de ACTUAR y demostrar que desde la ciudadanía podemos gestar grandes transformaciones. pic.twitter.com/sNqp2R2p9g
— Pablo Dávila J. (@PabloDavilaJ) September 2, 2019
Pablo Dávila, coordinador del Comité por la Institucionalización Democrática aseguró que harán “una campaña estructurada por ciudadanos, para los ciudadanos ecuatorianos, con el fin de defender la real democracia participativa”.
Según él, el Comité esta defendiendo el derecho de los ecuatorianos a llamar a un referéndum.
El caso de la Asamblea, la reforma permitirá, según Dávila:
- Disminuir el número de asambleístas de 137 a 124, lo cual implica una disminución del gasto público.
- Integrar un Senado de 30 miembros que serán elegidos cada cuatro años y 94 representantes que serán elegidos cada 2 años.
- Eliminación de los 137 asambleístas suplentes.
Según el coordinador del Comité, el Consejo de Participación Ciudadana, durante los diez años de la administración anterior, le costó al país USD 12,5 millones anuales. El país invirtió alrededor USD 120 millones durante la década pasada en una institución perniciosa, dijo.
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