Dos jueces y un funcionario de la CNJ buscan presidir la Judicatura

Luego de dos intentos fallidos, el 17 de octubre de 2022, Iván Saquicela volvió a presentar una terna de candidatos para que ocupen la vocalía del Consejo de la Judicatura (CJ) que le corresponde a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Además, según la Constitución, el delegado de la CNJ será el presidente de la Judicatura. Es decir, asumirá el puesto que dejó vacante María del Carmen Maldonado, tras renunciar al cargo en febrero de 2022.

En la postulación de Saquicela aparecen dos abogados que se desempeñan como jueces, en Azuay y Cañar. Quien encabeza la terna, en cambio, es funcionario de la Corte Nacional desde 2013.

Con la selección, que estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se espera que llegue el fin a una etapa de inestabilidad en la Función Judicial.

Luego de la renuncia de Maldonado, la presidencia de la Judicatura la asumió de manera interina Fausto Murillo. Sin embargo, Álvaro Román, quien era el suplente de Maldonado, impuso acciones legales para asumir ese puesto.

Finalmente, la Corte Constitucional (CC) dispuso que Román se mantenga como suplente, ya que su postulación original no procede de la Corte Nacional, y ordenó al CPCCS que elija al nuevo titular de una terna enviada por el Presidente de la Corte Nacional.

El proceso de designación

Para esta selección, el 1 de octubre de 2022, el CPCCS aprobó el reglamento para designar a vocales del CJ en caso de ausencia definitiva de uno de sus integrantes.

El Pleno del Consejo de Participación deberá conformar una Comisión Técnica de Selección. Esta instancia se conformará por cinco personas. A la par de esta Comisión, en el proceso trabajará una Veeduría Ciudadana.

La Comisión verificará los requisitos e inhabilidades de los integrantes de la terna. Sobre esa verificación, los comisionados elaborarán un informe. La Comisión tiene dos días para elaborar este informe.

Los requisitos son:

• Ser ecuatorianos.
• Título de tercer nivel en derecho.
• Acreditar experiencia profesional o docencia universitaria en materias afines a las funciones de la Judicatura.

Mientras que entre las inhabilidades, serán excluidos del proceso quienes:

• Tengan contratos con el Estado.
• Hayan recibido sentencias condenatorias ejecutoriadas.
• Hayan sido cesados del CPCCS.
• Miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.
• Mantengan obligaciones con el SRI o el IESS.
• Sean cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad con los miembros del CPCCS, del Presidente o Vicepresidente de la República o de asambleístas.

El informe será enviado al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana en un plazo de dos días. Esta instancia deberá aprobarlo en un día más.

En caso de que haya postulantes que no pasen la verificación, el Presidente de la CNJ tendrá tres días para enviar una nueva terna o completarla.

Una vez que esté aprobado el informe de requisitos e inhabilidades, el CPCCS debe abrir la fase de impugnación ciudadana. La Comisión Técnica resolverá las impugnaciones ciudadanas, a través de audiencias públicas.

Cuando las impugnaciones hayan sido resueltas, esas resoluciones podrán ser apeladas y será el Pleno del CPCCS el que resolverá las apelaciones, que serán de última instancia.

Luego de dos días de la aprobación del informe de la etapa de impugnación, el Pleno del CPCCS convocará a los postulantes para que realicen una exposición pública sobre sus propuestas de mejora institucional para el CJ.

Finalmente, un día después de esas exposiciones, el Consejo de Participación designará al nuevo titular de la Judicatura.

El contexto de la Judicatura

La elección del nuevo Presidente de la Judicatura y la transición tras la designación se desarrollarán en medio de un contexto complicado para la Función Judicial.

El jueves 13 de octubre de 2022, finalmente, la Asamblea Nacional ratificó la votación sobre el juicio político contra tres de los cuatro actuales vocales de la Judicatura. Así, al menos por ahora, queda descartada una destitución.

Este juicio político se refería al supuesto incumplimiento de funciones de Fausto Murillo, Juan José Morillo y Ruth Barreno en la evaluación a los jueces nacionales, en 2019.

Para la censura y destitución de los tres vocales, en la Asamblea se necesitaban 92 votos. Pero, en la votación original, el 8 de septiembre hubo solo 87 respaldos y en la reconsideración solo 86 legisladores apoyaron el juicio.

Sin embargo, el control político a la Judicatura no ha terminado. Esteban Torres, coordinador de la bancada socialcristiana, ha hecho pública la intención de recolectar las firmas para un nuevo juicio político.

En esta ocasión, la causa estaría relacionada con audios filtrados que involucran a Morillo y Barreno en decisiones judiciales polémicas.

En uno de esos audios filtrados se escucha, a quien sería el vocal Morillo, conversar con quien sería uno de los jueces que estaba a cargo de tramitar las acciones presentadas por Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, antes de su destitución.

Morillo asegura que conversó el día anterior con el presidente Guillermo Lasso, quien le habría pedido su intervención a favor de Llori.

Una segunda parte de esta misma grabación fue revelada por Teleamazonas pocos días después. En ella, Morillo decía que tiene el respaldo de Pachakutik en el juicio político.