Última masacre carcelaria vuelve a enfrentar al Gobierno y a la justicia

La Justicia responde con un pedido al Ejecutivo para que asuma su responsabilidad en el control penitenciario.

El nuevo episodio de violencia que vive el sistema carcelario ecuatoriano se originó en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, el 3 de abril de 2022. Ese día, un enfrentamiento entre Los Lobos y los R7 terminó en el asesinato de 20 presos.

Para evitar nuevos roces entre estos grupos, el Gobierno, a través del Servicio de Atención (SNAI), decidió enviar a seis cabecillas de estas bandas a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en Guayaquil.

Sin embargos, dos de ellos: Marcelo Anchundia (líder de los R7) y Alexander Quezada (líder de Los Lobos) presentaron recursos de habeas corpus. Asegurando que su vida corría peligro en esa prisión lograron su traslado a las cárceles de Santo Domingo y Latacunga, respectivamente.

Sin embargo, la cárcel de Santo Domingo, a donde fue Anchundia, estaba bajo el control de Los Lobos. Por esta razón, el 9 de mayo de 2022 hubo nuevos incidentes y 44 presos fueron asesinados en un intento por llegar al cabecilla de los R7.

Por esta razón, Pablo Ramírez, director del SNAI, decidió señalar a la Justicia como responsable de esta masacre. Según el funcionario, luego del asesinato múltiple en Turi, diferentes instancias judiciales viabilizaron 125 traslados hacia la Cárcel de San Domingo.

Según la ley, los jueces tienen la potestad de decidir a qué cárcel va cada preso y al SNAI solo le queda acatar esa decisión.

Sin embargo, con el antecedente conocido, el Gobierno emitió una alerta de seguridad para evitar los traslados a Santo Domingo. Ramírez asegura que esos avisos no fueron considerados por los magistrados.

La respuesta judicial

Tras el señalamiento del Gobierno, la respuesta de la Función Judicial ha llegado desde tres frentes:

Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dijo que cada juez es responsable de sus decisiones y en caso de que haya irregularidades, solo la Judicatura podrá sancionarlos.

Pero aclaró que los jueces únicamente cumplen con lo que manda la ley y la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional (CC).

Fabiola Gallardo, presidenta de la Corte Provincial de Guayas, aclaró que los magistrados no son responsables de la seguridad. "El SNAI es el encargado de controlar todo lo que sucede internamente en las cárceles".

Finalmente, a través de un comunicado oficial, la Corte Provincial de Azuay, también mencionó que el Gobierno, a través del SNAI, es el "único responsable de la crisis carcelaria".

Agregó que frente a las seis masacres que han ocurrido desde febrero de 2021, "es normal el temor de las personas privadas de la libertad". Por lo que interponen recursos de habeas corpus, en los que el SNAI ha tenido "un papel pasivo y una defensa nula".

Por lo que no pueden demostrar que el sistema penitenciario ofrece garantías excesivas a los reclusos.

Paralelamente, la Corte Provincial de Santo Domingo exhortó al Gobierno a cumplir con su obligación de proteger la vida y la integridad de las personas. Recordó que los administradores de justicia no son responsables de la seguridad al interior de las prisiones.

Más trámites de habeas corpus

Según la tesis del Gobierno, en la actualidad hay un abuso de los habeas corpus en el país. En cierta medida, esto se evidencia en las cifras de la Función Judicial.

El Consejo de la Judicatura reportó que entre enero y marzo de 2022, en todo el país, ingresaron 866 causas de habeas corpus.

En todo 2021, en cambio, hubo 2.772 procesos de ese tipo, lo que significa un promedio trimestral de 693 casos. Al comparar los dos períodos, en 2022 ha habido un incremento del 25%.

El aumento también se refleja al comparar con los tres años precedentes.

En otras garantías relacionadas con el sistema penitenciario, en cambio, en 2022 ha habido una reducción.