Víctimas del paro de 2019 suman argumentos para ir a la justicia internacional

La Comisión de la Verdad conformada por la Defensoría del Pueblo para abordar la actuación policial durante el paro de octubre de 2019 analizó 519 testimonios. Estos fueron recopilados por sus integrantes y, también, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según el análisis de esta instancia, 249 de estos testimonios corresponden a posibles vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales en el contexto del paro nacional de octubre de 2019. 169 violaciones de derechos a hombres y 80 a mujeres.

Pero, según el informe, la violencia de esas manifestaciones no afectó únicamente a los manifestantes. También hay 192 testimonios de policías y 55 de civiles que fueron víctimas de posibles violaciones de derechos por parte de grupos de manifestantes.

Luego del análisis legal y de la recopilación de testimonios, la Comisión estableció las siguientes presuntas violaciones de derechos. Los casos van desde presuntos actos de violencia sexual hasta ejecuciones extrajudiciales.

Según los testimonios, además, se conoce que el 75% de estas presuntas violaciones fueron cometidas por agentes policiales y un 13% por agentes militares.

Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, calificó al informe como "una versión probablemente sesgada". Y dijo que no recoge los hechos de octubre en su real magnitud.

Por ejemplo, aseguró, no se habla del secuestro de policías, el abuso a policías mujeres, el incendio del edificio de la Contraloría y los atentados a instalaciones de medios de comunicación.

Muertes

Uno año y cinco meses después del paro de octubre de 2019, todavía no hay claridad sobre el número de víctimas mortales. En primera instancia, tanto la Defensoría del Pueblo como la CIDH habían enumerado 11 muertes en el contexto de las manifestaciones.

Sin embargo, la Comisión de la Verdad indica en su informe que son únicamente seis los casos confirmados. Cinco ocurrieron en Quito y uno en Durán. Cuatro corresponden a indígenas, además de una persona que tenía discapacidad.

La Comisión identificó también otras seis muertes. Que si bien no responden a una presunta responsabilidad de un agente estatal, sí ocurrieron en el contexto del paro. Estas se dieron en Azuay y Pichincha.

Finalmente, la entidad recoge dos muertes más que, según algunos testimonios, ocurrieron durante el paro, pero sobre las que no se pudo encontrar mayor información.

¿Camino a la justicia internacional?

Hasta el momento, ningún caso penal desprendido del paro de octubre de 2019 ha llegado a sentencia. Tampoco hay procesos sobre violaciones de derechos humanos con formulación de cargos. Es decir, todos siguen siendo reservados.

Jhajaira Urresta, quien tuvo una lesión ocular durante el paro y es asambleísta electa, acudió a la Fiscalía el 18 de marzo de 2021 a rendir su versión. Ella critica que tras 17 meses recién se ordenen diligencias.

Luego de los hallazgos, la comisión recomienda a la Fiscalía hacer investigaciones penales imparciales y con enfoque de derechos humanos.

Además, se recomienda al Estado que, en caso de que se establezca su responsabilidad en los hechos, repare individualmente a las víctimas y sus familias en los ámbitos judicial, económico y de salud.

"Por ejemplo, el Estado debería entregar a las víctimas de pérdida de globo ocular las prótesis y el tratamiento correspondiente", anota el informe.

Si pasan los dos años y la justicia ecuatoriana no ha actuado, las víctimas estarían facultadas para ir a la CIDH y pedir que se declare la responsabilidad del Estado para que cumpla con esas reparaciones.

El informe de la Comisión de la Verdad y el emitido por la propia CIDH serán argumentos para su caso.

La comisión y su trabajo

Un año y cuatro meses después de su creación, la Comisión de la Verdad conformada por la Defensoría del Pueblo presentó su informe sobre los hechos ocurridos entre el 3 y el 16 de octubre de 2019, durante el paro nacional.

La instancia la conformaron Sybel Martínez, Juan Carlos Solines y Xavier Zavala, integrantes de colectivos de la sociedad civil.

Además hubo una comisión técnica que trabajó en el documento. Entre sus integrantes estuvo Tatiana Ordeñana, exjuexa constitucional durante el correísmo. Ella fue destituida por el Consejo de Participación Transitorio, por incumplimiento de funciones.

Inicialmente, la comisión debió presentar su informe en febrero de 2020. Pero la pandemia del Covid-19 modificó sus plazos y la entrega del informe se retrasó un año.

El trabajo tuvo nueve fases:

• Recopilación de información.
• Recopilación de testimonios previos.
• Convocatoria a la recepción de testimonios.
• Convocatoria a la recepción de testimonios.
• Organización de expedientes.
• Inicio de investigación.
• Audiencias públicas.
• Sistematización de la información.
• Informe final.

Revise aquí el informe completo (PDF):