Votaciones: el 'trauma' de octubre de 2019 marca el plan de seguridad

El último simulacro electoral, antes de los comicios presidenciales del 7 de febrero de 2021, tuvo una particularidad en relación con lo que ha ocurrido con anteriores procesos electorales en Ecuador.

Además de medir los procedimientos técnicos, operativos y logísticos de las elecciones, en esta ocasión, se ensayaron las medidas de bioseguridad por el Covid-19.

Y también la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas entrenaron las reacciones ante posibles actos de rebeldía, protesta y altercados dentro y fuera de los recintos electorales.

Según el artículo 291 del Código de la Democracia, quienes susciten alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones, dentro o fuera de los recintos electorales serán sancionados con una multa de USD 200.

El fantasma de octubre

Para el control de la jornada electoral, el 7 de febrero de 2021, la Policía Nacional desplegará cerca de 47.000 uniformados en todo el país.

Estarán divididos de la siguiente manera:

• 38.000 policías uniformados, pertenecientes al eje preventivo, controlarán la seguridad ciudadana y de los recintos electorales.
• 7.650 efectivos del eje investigativo, que estarán con ropa de civil, realizarán actividades investigativas relacionadas con posibles boletas de captura.
• 1.200 policías de inteligencia, también vestidos de civil, para contar con la información oportuna en casos de aglomeraciones y manifestaciones.

Rafaela Montoya, capitana y vocera de la Policía Nacional, asegura, que más allá de las alertas de posibles protestas que puedan existir, la entidad planificó el control con base en la experiencia que les dejaron las violentas manifestaciones de octubre de 2019:

"Lo que ocurrió en octubre de 2019 no fue solo una manifestación. Fueron actos subversivos y terroristas y se evidenció una doctrina y la forma de trabajar de estos grupos rebeldes".

Por esta razón, además de los policías de inteligencia, la Policía ha dispuesto que toda la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) se concentre en puntos clave del país como Quito, Guayaquil y Ambato y que sus integrantes estén operativos para que puedan desplazarse de inmediato a cualquier punto en dónde sean requeridos por una manifestación.

Un CNE resguardado

Además del riesgo de manifestaciones y protestas, la Policía Nacional tiene en su planificación las posibles concentraciones de apoyo político a los candidatos.

Montoya recuerda que por la pandemia, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ha prohibido todo tipo de aglomeraciones. Y, por esta razón, se ha anticipado a los candidatos que no podrán acudir a votar acompañados de simpatizantes como lo han hecho en procesos anteriores.

Tampoco se podrán hacer concentraciones a la espera de los resultados electorales.

Además, la Policía ha dispuesto personal para resguardar las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral (CNE). Y, principalmente, la matriz del organismo electoral en el norte de Quito.

En las anteriores elecciones presidenciales, en abril de 2017, simpatizantes de la opción que perdió en los comicios se concentraron varios días en los exteriores del CNE, en Quito, exigiendo un recuento de votos.

En esta ocasión, para evitar acontecimientos similares, la Policía resguardará el CNE hasta 48 horas después de la proclamación de resultados. En el caso de la primera vuelta se prevé que esto ocurra el 17 de febrero de 2021.