Caso Zoldan: proveedores se turnaban para ganar contratos

Zoldan Corporeishon es el centro de una supuesta red de corrupción vinculada a la venta de insumos hospitalarios. La empresa y sus accionistas son investigados por la Fiscalía General por el presunto delito de delincuencia organizada.

Entre 2009 y 2020, doce personas naturales y jurídicas alrededor de Zoldan se adjudicaron, al menos, 300 contratos, que suman USD 119 millones, la mayoría en 2019.

Este monto corresponde a los procesos que aún constan como haberes pendientes con el Estado, de acuerdo con la información que consta en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y que PRIMICIAS revisó. Es decir, son procesos en los que se firmaron los contratos, pero no tienen informes de recepción de los insumos y, por ende, todavía constan como 'en curso' en el sistema:

Las empresa y personas relacionadas de alguna forma con Zoldan vendían desde piezas quirúrgicas hasta grandes equipos médicos y se las arreglaban para ganar los procesos de contratación a través de dos modalidades: subastas inversas y negociaciones directas. Así proveían de insumos médicos a todo tipo de instituciones estatales, desde pequeños centros de salud hasta los hospitales públicos más grandes del país.

Precisamente, estas actividades de Zoldan y sus allegados están en indagación en la Fiscalía, a través de la Fuerza de Tarea que fue creada para investigar los posibles actos de corrupción durante la pandemia por Covid-19.

El 18 de junio de 2020, la entidad de control hizo 48 allanamientos en Quito, Guayaquil, Durán y Samborondón. La "pieza clave" de esa investigación que alcanza a varios hospitales públicos, según la ministra María Paula Romo, es justamente Zoldan Corporeishon.

La supuesta red, de hecho, tiene varios contratos en ejecución. Entre ellos, está uno por USD 2,8 millones adjudicado en febrero de 2020 por el Hospital Docente de Calderón. Y también procesos de emergencia por la pandemia de Covid-19.

¿Quiénes están interconectados en la presunta red?

Relaciones laborales, societarias e incluso filiales conectan a los proveedores que orbitan las adjudicaciones de Zoldan en el sector público.

Según los registros de la Superintendencia de Compañías, de Zoldan Corporeishon se desprenden directamente tres personas:

• Erika Mónica Zoldan Marcovich
• Laura Simona Ulici Amalia
• José Zoldan Fogel

Zoldan Marcovich y Ulici Amalia son las actuales administradoras de la empresa. Mientras que Zoldan Fogel fue administrador en períodos anteriores. Los tres son accionistas de la compañía.

Empresarialmente, Zoldan Corporeishon ha pasado por altibajos. Pese a que la Fiscalía sospecha que esta "pieza clave" movió grandes cantidades, el 22 de agosto de 2019, la Superintendencia de Compañías dispuso su liquidación por el numeral 6 del artículo 361 de la Ley de Compañías: "pérdida del total de las reservas y de la mitad o más del capital".

Aunque, casi un año después de la liquidación de hecho y 19 días después del allanamiento por parte de las autoridades y en medio de una investigación por delincuencia organizada, Zoldan Corporeishon fue reactivada ante la Superintendencia.

Los tres nombres iniciales coinciden, además, como accionistas en los registros de otras tres empresas: Z&U Med, Zyzoldan Medical y Euromed S.A.

Con el resto de los proveedores que aparecen vinculados a Zoldan, la relación que ahora se investiga es diferente. Sorin-Horea Chirculescu, por ejemplo, se presenta en su perfil profesional como director de logística de Z&U Med. Él es rumano, al igual que Ulici.

Además de Chirculescu, Javier Roberto Andrade Lara y Karina Gabriela Ayala Tobar aparecen en la auditoría externa que Insightaud Audit Support hizo a Zoldan Corporeishon, en 2018.

Chirculescu, con USD 1,1 millones; Andrade Lara, con USD 872.289, y Ayala Tobar, con USD 691.398, eran los principales deudores de Zoldan en esa época.

Pero, paradójicamente, Andrade Lara era también el principal acreedor de la compañía. En la misma auditoría se detalla que Zoldan debía USD 1,1 millones a JRAL Medical, de su propiedad.

Las relaciones filiales comprobadas nacen con la hermana y socia de Ulici Amalia, Ángela Ulici, quien es también socia de Zoldan Marcovich, al compartir acciones con ambas en Z&U Med.

Y de ella se derivan seis conexiones más, como lo muestra PRIMICIAS en el siguiente mapa:

Haga clic en los iconos para ver la descripción.

En la supuesta trama, hay otras tres personas naturales y sus empresas y compañías que coinciden en 16 procesos de adjudicación con los mismos mecanismos y proveedores de cercanos a Zoldan: Alexandra Machado Gallard, Vicente Arévalo Cañarte, Pedro Freire Pérez, y la empresa PF Medical, relacionada con este último.

Los mecanismos para ganar los contratos

Los proveedores interconectados con Zoldan se han adjudicado contratos, sobre todo, a través de subastas inversas electrónicas. Este procedimiento está contemplado en la Ley de Contratación Pública para la adquisición de medicamentos e insumos médicos.

En este tipo de contratación, los proveedores deben presentarse para ser calificados si cumplen todos los requisitos. Las empresas o personas naturales que superan esta fase entran a una puja, que la gana quien que oferte el precio más bajo.

En estas subastas es en dónde se puede ver el patrón de operación común las empresas y personas que investiga la Fiscalía. En 76 contratos de los 107 adjudicados entre 2019 y 2020 que PRIMICIAS revisó, dos personas del mismo círculo son siempre las calificadas para comenzar la puja. Esta fue la primera modalidad.

El segundo mecanismo que utilizaron para hacerse con los procesos opera también en las subastas inversas. La ley estipula que, cuando solo un proveedor presenta ofertas, o solo uno es calificado, la entidad pública tiene que negociar con él para bajar el precio de la oferta.

En estos casos, los oferentes que resultaban calificados también salían siempre de esta lista y negociaba directamente con los funcionarios públicos el valor del contrato.

En el siguiente video, PRIMICIAS explica estas dos modalidades con ejemplos reales:

El patrón de adjudicaciones deja entrever que estos proveedores se turnaban para recibir los contratos. Otro ejemplo, en julio de 2019, hace un año, la red pública de salud abrió tres procesos de contratación: dos en el Teodoro Maldonado Carbo y uno en el Pablo Arturo Suárez. El primero lo ganó Chirculescu, el 1 de ese mes; el segundo, Machado, el 4, y el tercero, Andrade, el 17.

La Fiscalía, tras la presunta red de Zoldan

Luego de los allanamientos del 18 de junio, la Fiscalía General formuló cargos contra 18 personas. La mayoría son funcionarios del Hospital Abel Gilbert de Guayaquil.

Los investigadores empezaron a rastrear a la supuesta red alrededor de Zoldan a partir de una denuncia por actos de corrupción en esa casa de salud.

Solo en el Abel Gilbert, entre enero y junio de 2020, se firmaron 140 contratos por insumos médicos. Dos de ellos fueron adjudicados a personas naturales que presuntamente pertenecen a la red de corrupción. Ambos contratos suman USD 2,33 millones, otorgados a Ayala y Chirculescu.

La Fiscalía y la Policía, a través de sus primeras pericias, también identificaron el modo de operar de la red mostrado por PRIMICIAS en este reportaje. En el Abel Gilbert, sin necesidad de estudios de mercado o análisis previo, se invitaba y calificaba únicamente a estos proveedores para participar en las subastas.

Además, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó que luego de las adjudicaciones y el cobro del dinero, los miembros de la estructura delictiva se transferían dinero entre sí.

Por esta razón, este lunes 3 de agosto de 2020, la fiscal Claudia Romero Ramírez pedirá vincular al caso a 17 personas más al caso. Entre ellas están Érica Zoldan Marcovich, Karina Ayala, Laura Ulici y Javier Andrade.

PRIMICIAS buscó la versión de los principales actores involucrados en las investigaciones de la Fiscalía para este reportaje, sin embargo, no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.