Organización internacional propone la extradición a Estados Unidos para luchar contra el crimen en Ecuador

La extradición a Estados Unidos “puede ser un instrumento extraordinariamente eficaz, como lo fue en Colombia”, para luchar contra la delincuencia organizada que tiene en jaque al Estado de Ecuador. Lo propone el abogado José Miguel Vivanco, investigador principal del Council on Foreign Relations de Estados Unidos.

Pero “desafortunadamente, en el caso de Ecuador no es una opción, porque está prohibida la extradición de nacionales, no hay un acuerdo de ese tipo, lo cual hace más impotentes las opciones del Estado”, sostuvo quien estuvo durante 28 años estuvo al frente División de las Américas de Human Rights Watch.

La extradición de ecuatorianos está prohibida sin importar qué o cuántos delitos cometan, según el artículo 79 de la Constitución.

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“Soldados con fusiles en las calles o patrullando militarmente y con el toque de queda se presta para más abusos. Los riesgos de uso ilegítimo de la fuerza son enormes”, considera.

El 8 de enero de 2024, en medio de motines en seis cárceles y fuga de reos de alta peligrosidad, el presidente de Daniel Noboa decretó el estado de excepción con toque de queda.

Al día siguiente, tras la toma por un comando armado del canal TC Televisión y ataques generalizados de bandas criminales que dejaron una decena de muertos, el Mandatario declaró la existencia de un "conflicto armado interno".

Y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones militares "bajo el Derecho Internacional Humanitario y respetando los derechos humanos".

Acto seguido, la Asamblea Nacional anunció de forma anticipada el otorgamiento de amnistías e indultos en el caso de que la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas eventualmente se extralimitaran en el ejercicio de sus funciones.

Respuestas ineficaces y riesgos de abuso

Al respecto, Vivanco estima que esa declaración “presenta un panorama propio de medidas efectistas; ni siquiera de un populismo penal, sino de un populismo militar”.

“Tomar control de las prisiones no se hace con la fuerza bruta, sino con un equipo profesional de gendarmería que logre establecer un orden dentro de las cárceles que no existe hoy día. Lo que hasta ahora se ha hecho no va a rendir frutos”, apunta.

“Ecuador se enfrenta a una amenaza sin precedentes por parte del crimen organizado, con grupos armados desafiando la autoridad del Estado en varias ciudades simultáneamente”.

Vivanco, Council on Foreign Relations

La situación que vive el país ha llevado a comparaciones con episodios violentos del pasado de la región, como el narcoterrorismo de Pablo Escobar en Colombia o la presencia de Sendero Luminoso en Perú.

Sin embargo, Vivanco considera que cada fenómeno tiene sus particularidades y recuerda que la realidad actual de Ecuador se caracteriza por un aumento alarmante de homicidios, superando incluso a casos graves en América Latina.

“El crimen organizado ha generado una crisis que demanda respuestas efectivas por parte del Estado”, recalca.

Ecuador enfrenta problemas estructurales, como el control de las cárceles por parte de los cárteles de la droga, un tipo de cambio que facilita el lavado de activos y una infraestrctura de carreteras y puertos que es usada a sus anchas por los grupos delictivos.

La ausencia de recursos en las unidades de vigilancia del lavado de activos y la debilidad del Estado se presentan como obstáculos significativos para abordar eficazmente el crimen organizado.

La falta de cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, se revela como un factor limitante en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, a juicio de Vivanco.

El cierre durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) de la base de Manta, ubicada en la costa del Pacífico y desde la cual se interceptaban aeronaves utilizadas por los narcotraficantes, debilitó la capacidad del país de combatir el tráfico de drogas, afirma.

Ecuador se encuentra en una encrucijada crítica y enfrenta una época de gran convulsión y volatilidad. La respuesta del Estado ante el desafío del crimen organizado determinará en gran medida el futuro del país, opina el exdirector de Human Rights Watch.