Dos niños fueron internados en un hospital de Guayaquil tras llegar con señales de violencia física y sexual. El más pequeño permanecerá hospitalizado por al menos tres meses más.
El Consejo de la Judicatura emitió, el 10 de octubre de 2021, la medida preventiva de suspensión contra los agentes fiscales Erika V. y Rolando A. Ellos participaron en el proceso judicial por violencia extrema en contra de los padres de dos niños del cantón Naranjal, provincia del Guayas. Los pequeños presentaban graves señales de abuso.
La suspensión de los servidores, que es una facultad expresa de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, fue resuelta tras la declaración previa de manifiesta negligencia por parte de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.
Con base en la denuncia presentada por la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas, el Consejo de la Judicatura pidió la declaratoria jurisdiccional previa. Esta solicitud fue despachada con voto de mayoría de los jueces Carlos González y Miguel Costain.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dijo que la institución rechaza todo tipo de violencia, más aún cuando las víctimas son niños y mujeres.
El caso
El 4 de septiembre de 2021, dos hermanos de seis y ocho años, que vivían en el cantón Naranjal, fueron hospitalizados en Guayaquil con señales de violencia física y sexual.
El más pequeño aún permanece en estado crítico, pues habría sido quemado, violado y torturado. Por la gravedad de las lesiones, deberá permanecer internado por al menos tres meses más. Mientras que la niña de ocho años fue trasladada a una casa de acogida del Ministerio de Inclusión Económica y Social.
La mujer y el padre de los menores fueron detenidos el 5 de septiembre, pero horas después fueron liberados por orden judicial.
Ellos señalaron que los niños se quemaron por un accidente casero, pero los médicos encontraron señales de maltrato que hacen creer que los pequeños han sido abusados de forma constante.
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