113 asambleístas votaron a favor de que el alza salarial se financie con los ingresos del petróleo y con los de la reforma tributaria. El texto aprobado se someterá al veto presidencial.
La tarde del 13 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional aprobó las fuentes de financiamiento que cubrirán el alza salarial de los profesores del sistema de educación fiscal. Este incremento ya constaba en la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que el Legislativo había aprobado en 2021.
Pero su aplicación había quedado suspendida en agosto del año pasado luego de que la Corte Constitucional observó que la Asamblea no determinó los mecanismos para cumplir esos beneficios, por lo que le pidió subsanar esa omisión.
Siete meses después, la Comisión de Educación de la Asamblea encontró dos vías para cumplir lo dispuesto por el máximo órgano de interpretación constitucional:
- Los ingresos que recibe el Estado por la venta del petróleo.
- Los ingresos que provienen por la reforma tributaria.
Estas propuestas tuvieron el respaldo de 113 asambleístas que votaron a favor del informe de la Mesa de Educación. Además, hubo nueve en contra y seis abstenciones.
Con la decisión de la Asamblea, alrededor de 170.000 profesores accederán a estos salarios:
Más egresos para el Estado
Según el Ministerio de Finanzas, lo aprobado por la Asamblea representará unos USD 2.800 millones anuales.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Educación, Manuel Medina, defendió la decisión de la Asamblea al señalar que "el Estado cuenta con suficientes recursos para financiar el alza salarial".
Mientras que la asambleísta gobiernista Nathalie Arias criticó el incremento de los sueldos porque "el precio del petróleo es coyuntural y no permanente".
Agregó que los USD 2.800 millones que representan la decisión de la Asamblea "son el doble de lo que el Gobierno recibirá por los ingresos de la reforma tributaria".
Por su parte, la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Isabel Vargas, dijo que la decisión del Legislativo "es fruto de una lucha que también permite que los profesores que no sean parte de una escala sean ubicados en la categoría J".
Ahora, el texto aprobado será enviado al presidente de la República, Guillermo Lasso, quien deberá vetar el texto o ratificar la decisión del Legislativo.
¿Y las jubilaciones anticipadas?
Uno de los temas que siguen pendientes en la Ley de Educación es la jubilación anticipada de los profesores.
El objetivo, según el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, Manuel Medina, es que los maestros tengan la posibilidad de jubilarse luego de 25 años de aportaciones (300 contribuciones) y sin límite de edad. Al momento la pensión ordinaria se obtiene usualmente con 30 años de aportes y 60 años de edad.
Si esta propuesta es tratada y aprobada, más de 18.600 profesores podrían jubilarse de manera anticipada en 2022.
Esto provocaría un impacto financiero anual de USD 897 millones, siempre y cuando el Estado cumpla con el 40% de aporte al fondo de pensiones del IESS. Pero si el Estado no contribuye de manera oportuna, el costo financiero ascendería a USD 1.082 millones en un año.
Medina dice que el debate de esta iniciativa continuará en los próximos días, sin que haya una fecha establecida para que la discusión llegue al Pleno.
#PlenoLegislativo| @ManuelMedinaQ, ponente del proyecto, insiste en que la iniciativa recoge observaciones de todos los gremios de educadores, los cuales fueron recibidos en @EducacionAN. “Los docentes con títulos de institutos ascenderán de categoría sin requisitos adicionales” pic.twitter.com/ukLWW9Yxb3
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) March 13, 2022
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