En 2018, una estudiante de radiología fue abusada sexualmente por tres servidores de salud. Los hombres fueron sentenciados por un tribunal de primera instancia, pero apelaron y siguen en libertad.
Era un viernes 31 de agosto de 2018 cuando Brenda (nombre protegido) despertó desnuda, en posición fetal en una casa de Portoviejo, Manabí. Estaba mareada y sus piernas no respondían.
Brenda, de 27 años, es licenciada en radiología por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam). Hasta ahora, no ha podido ejercer su profesión pues las secuelas psicológicas del abuso que sufrió hace casi cuatro años aún la atormentan.
En este caso de abuso, un Tribunal de primera instancia sentenció a Darwin C., Fabricio Z. y Ronald R. a 29 años y cuatro meses de prisión por el delito de violación con agravantes.
Los tres apelaron el fallo y no fueron a la cárcel. Incluso, mantuvieron su condición de servidores públicos en hospitales de la red pública en Manabí.
Tras la apelación, el caso ascendió a la Corte Provincial de Manabí. En esa instancia, los jueces revirtieron la sentencia y ratificaron la inocencia de Darwin C. y Ronald R. Solo Fabricio Z. recibió un fallo condenatorio otra vez y se revalidó la pena de 29 años.
La sentencia todavía no se ejecuta y los tres siguen libres y atendiendo pacientes.
Luego del fallo de la Corte Provincial, el caso fue presentado ante la Corte Nacional de Justicia con un recurso de casación, un mecanismo que busca evaluar los errores de una sentencia.
Un ataque, tres hombres
Cuando ocurrió el ataque sexual, la víctima estaba en el último semestre de universidad y trataba de cumplir con los dos últimos requisitos para graduarse.
Primero, realizaba su internado en el Hospital del IESS de Portoviejo y tenía que preparar un proyecto sobre un caso clínico.
Debido a esto, Darwin C., un radiólogo de profesión y examigo de la víctima se ofreció para ser su caso clínico, puesto que había sido diagnosticado con un tumor benigno en el riñón.
La noche de la agresión, la joven estaba de guardia en el Hospital de Portoviejo y Darwin C. le comentó que sería intervenido, le pidió que lo acompañara para documentar todo para su trabajo académico.
Brenda acudió al llamado, pero al llegar al hospital se enteró de que la operación se canceló. Como compensación, Darwin C. le ofreció invitarla a comer y luego llevarla a su casa.
Antes se desviaron a una clínica privada donde se encontraba Fabricio Z., otro trabajador de salud. En este lugar, supuestamente tenían que recoger un material de diagnóstico, que finalmente no estaba allí.
Por ello, los tres fueron a la casa de Fabricio Z, donde se encontraba el tercer agresor. Si bien Brenda quiso esperar en el auto, la convencieron de que entrara argumentando que la zona era peligrosa.
Ya el interior del domicilio, le ofrecieron un vaso con licor y luego del primer sorbo, Brenda perdió la conciencia.
Al otro día, Brenda despertó desnuda y adolorida. Tenía cortadas, quemaduras y mordidas. Ante sus gritos, Fabricio Z. la amenazó con golpearla y le dijo que ni se le ocurra denunciarlo porque tenía amigos en la Fiscalía.
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La revictimización
Brenda se vistió y Fabricio Z. le pidió un taxi, pero no le devolvió sus celulares, le dijo que debía ir a retirarlos al hospital de Manta.
La víctima fue a su casa y durmió un par de horas, todavía bajo efectos de lo que tomó. Despertó y fue a recuperar sus celulares, para luego llamar al ECU-911 y contar lo ocurrido.
En sus teléfonos encontró varias imágenes y videos de lo que sus agresores hicieron la noche anterior. A Darwin C. lo arrestaron, pero fue liberado horas después.
Desde ese momento empezó un largo proceso judicial. La falta de experticia y conocimiento de agentes y funcionarios obligó a Brenda a repetir una y otra vez su historia, por lo que fue revictimizada.
El caso llega a la Corte Nacional
La audiencia en la Corte Nacional de Justicia fue citada el 17 de enero de 2022, pero se suspendió por un problema de salud de una de las abogadas de los procesados. La causa la dirigirán los jueces Adrián Rojas, Luis Rivera y Byron Guillén.
Todavía no se conoce la fecha para su instalación.
Ramiro García, abogado de Brenda, explicó a PRIMICIAS que los jueces provinciales alegaron una falta de pruebas para absolver a dos de los tres procesados.
Pero García dice que no se tomó en cuenta un examen toxicológico que se realizó a la víctima. En ese diagnóstico se confirmó que la bebida que Brenda ingirió el 30 de agosto de 2018 tenía una sustancia narcótica; es decir, la joven fue drogada.
Tampoco se analizó que la víctima tenía varios traumatismos y muestras de agresiones.
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