Este 14 de agosto, Ecuador conmemora por primera vez el Día Oficial de Lucha Contra la Violencia Sexual en las Aulas, una de las medidas ordenadas por la CIDH en el caso de Paola Guzmán.
Ha pasado un año desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció a Ecuador por las negligencias en el ámbito escolar y judicial cometidos contra Paola Guzmán, una joven de 16 años que se suicidó tras ser abusada sexualmente por el vicerrector de su colegio.
La sentencia, que es vinculante para el Estado, ordena que este 14 de agosto se conmemore por primera vez el Día Oficial de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas, una de las medidas ordenadas por la CIDH.
Entre 2014 y 2021, en Ecuador se han recibido 28.154 denuncias de delitos sexuales cometidos en el ámbito educativo por docentes, autoridades de instituciones educativas, choferes de transporte escolar y conserjes.
Por eso, lo importancia de la sentencia es implementar urgentemente medidas de no repetición de estos casos. Según la Secretaría de Derechos Humanos, Ecuador ha entregado tres informes de los avances de cumplimiento.
Sin embargo, el documento anual definitivo deberá ser enviado a la CIDH hasta el 16 de agosto, cuando vence el plazo, que puede ser prorrogable.
Los temas pendientes de la sentencia
Según el Centro de Derechos Reproductivos de América Latina y Cepam, que llevaron el caso de Paola Guzmán a la CIDH, si bien el Estado ha tenido una buena disposición para cumplir la sentencia, hay medidas de no repetición que no se han ejecutado en el plazo establecido.
- Tener estadísticas permanentes y actualizadas sobre situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo.
- Lograr la detección y denuncia de casos de violencia sexual contra niñas o niños.
- Llevar a cabo la capacitación de personal educacional para abordar y prevenir situaciones de violencia sexual.
- Proveer orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual y/o a sus familiares.
“Hay una grave omisión de la educación sexual integral como componente primordial para la prevención de estos hechos de violencia sexual pues, como lo señaló la CIDH, solo de esa manera se le pueden brindar herramientas a niñas y niños para detectarla”, explica Carmen Martínez, del Centro de Derechos Reproductivos de América Latina.
Según Martínez, llama la atención que el Estado señale que están realizando capacitaciones, pero “no han especificado el contenido, enfoques y alcance geográfico de estas medidas; tampoco si serán capacitaciones permanentes”.
Le preocupa que Ecuador haya descrito algunas medidas genéricas que se han llevado a cabo, sin brindar claridad sobre su eficiencia o efectividad.
Los avances
Hasta el momento, el Estado ha cumplido con realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, en el que le otorgó el título póstumo de bachiller a Paola y designó el 14 de agosto como el Día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas.
También ha instaurado mesas de trabajo con todas las instituciones que deberían estar vinculadas, aunque desde el 24 de mayo, con el cambio de Gobierno, se sumó a la Corte Nacional de Justicia, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Consejo de Igualdad de Género.
De esas mesas de trabajo saldrá una política pública, dice la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, “que tiene que ser concreta, eficaz y tener recursos suficientes para poder articular la prevención”.
“Haciendo un diagnóstico, el Estado no ha tenido la respuesta para recoger las denuncias de violencia sexual”.
Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos.
Además, desde marzo de 2021, la red de salud pública implementó el formulario de notificación de violencia, que deben entregar a la Fiscalía, dentro de las 24 horas después de conocer los casos.
Así han podido notificar 2.876 casos de violencia de género solo entre marzo y junio de 2021, donde están incluidos menores de edad.
En 2020, el Ministerio de Salud de Ecuador también atendió a 4.041 niñas, niños y adolescentes, víctimas de violencia sexual. La mayoría, es decir 3.692 casos, corresponde a niñas y 349 a niños.
El caso de Paola Guzmán fue el primero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máxima instancia de justicia en el continente, juzgó por abuso sexual y suicidio en el contexto escolar.
El 24 de junio de 2020, la CIDH consideró que el Estado ecuatoriano violó los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la integridad personal de Petita Albarracín y de su hija Denisse Guzmán por la muerte de Paola, reconociendo además, los hechos que llevaron al suicidio a la joven.
El caso de Paola Guzmán Albarracín
El 12 de diciembre de 2002, Paola, de 16 años, salió al mediodía hacia el colegio. Estudiaba en la unidad educativa fiscal Miguel Martínez Serrano, ubicada en el centro de Guayaquil.
Minutos antes había ingerido 11 tabletas de diablillos de fósforo blanco, un químico mortal, que se vendían libremente en las calles.
Unas horas más tarde, Paola comenzó a tener síntomas como consecuencia de la ingesta de los diablillos.
Ese día, Petita Albarracín, su madre, se enteró de que su hija había sido abusada sexualmente por el vicerrector de la institución, Bolívar Espín, desde hace varios meses.
Pero Paola no era la única estudiante que estaba siendo acosada por el vicerrector, situación que era conocida por autoridades, profesores y estudiantes.
La perito psicóloga, Ximena Cortez, que testificó en el juicio, dijo que “esto fue un suicidio por una relación incestuosa, la causa fue violenta. Fue un suicidio vinculado al abuso sexual del que fue víctima”.
Entre las pruebas presentadas en el juicio, constan testimonios de maestras y una encuesta que realizaron a los estudiantes luego de la muerte de Paola, en la que por lo menos 43 alumnas confirmaron que habían sufrido acoso por parte de Bolívar Espín.
Tuvieron que pasar 18 años para que Petita Albarracín obtuviera justicia. La sentencia llama la atención al Estado por los obstáculos que tuvo la madre de Paola para seguir un proceso judicial dentro del país.
En diciembre de 2002, los padres de Paola pusieron una denuncia contra el vicerrector Bolívar Espín, que llegó hasta la etapa de juicio en agosto de 2004, pero fue suspendida por la jueza que llevaba el caso hasta que Espín se presentara voluntariamente.
Bolívar Espín apareció en agosto de 2008 para pedir la prescripción del caso. Un mes después, la jueza se lo concedió y archivó la causa.
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