Alexandra Vela, ministra de Gobierno, anunció que en dos semanas el Gobierno propondrá una reforma para eliminar la tabla de consumo de drogas.
Limitar el negocio ilegal del microtráfico de drogas o criminalizar las adicciones. Esas son las dos posturas antagónicas que se plantean alrededor del último anuncio del gobierno de Guillermo Lasso.
En una entrevista radial, la ministra Alexandra Vela dijo que frente al incremento del consumo, como efecto del microtráfico en el país, en los próximos 15 días el Gobierno enviará una propuesta para eliminar la tabla de consumo de drogas.
Sin embargo, todavía no ha dado mayores detalles de lo que contendrá esa reforma.
“Cuando hay un fenómeno de narcotráfico y eres durante tanto tiempo un país de tránsito, la droga empieza a quedarse en la sociedad ecuatoriana y, como consecuencia de eso, se incrementa el consumo y el microtráfico”, dijo Vela.
Esta no es una propuesta nueva en el círculo del presidente Lasso. Incluso, esta fue una de sus principales ofertas de campaña y, no solo para los comicios de 2021, cuando logró llegar a Carondelet, sino desde 2017.
En el último plan de gobierno que Lasso presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se planteó la “eliminación por completo de esta tabla y la prohibición de estas sustancias que afectan a nuestros niños y jóvenes”.
Según la justificación de esta oferta, la tabla ha destruido a la sociedad. En 2019, a escala nacional, el Ministerio de Salud reportó que más de 94.000 personas ingresaron a emergencias por consumo de drogas y más de 59.000 personas reincidieron.
La tabla
Uno de los principales vacíos de este anuncio es la forma. La ministra Vela dejó entrever una reforma legal, en la Asamblea Nacional. Sin embargo, la tabla de consumo como tal no es parte de ninguna ley.
Pero, aunque la tabla no está como tal en la ley, su funcionamiento sí es mandato legal. El Código Orgánico Integral Penal (art. 220) establece que es potestad del organismo a cargo de la política de drogas establecer dos tablas.
La una es la tabla de consumo, que establece los límites de posesión de este tipo de sustancias para consumo. Cuando la tenencia no sobrepasa estos límites. No es un delito.
La segunda tabla, en cambio, es para establecer las cantidades de droga para establecer el tipo de delito. Dependiendo de la cantidad de sustancias incautadas se considera tráfico a mínima, mediana, alta o gran escala.
Bajo ese marco legal, la tabla de consumo nació en 2013 como una forma de diferenciar a los consumidores de los traficantes de drogas.
La tabla es parte de la Resolución 001-CO-2013 del extinto Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep). Esta entidad regía la política de drogas anteriormente.
Luego fue reemplazada por la Secretaría Técnica de Drogas (Seted). Y, durante el gobierno de Lenín Moreno, ese organismo se eliminó y fue absorbido por el Ministerio de Gobierno.
Según esa resolución, la tabla se aprobó luego de acoger el análisis técnico de toxicidad, estudios psicológicos, biológicos y otros necesarios sobre la tenencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
Esta es la tabla vigente:
Los reparos
La principal objeción a la posibilidad de eliminar esta tabla es por la criminalización de las adiciones.
Incluso, en abril de 2019, la Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia en ese sentido. El juez Enrique Herrería señaló que la tabla es compatible con el artículo 364 de la Constitución.
Ese apartado de la Carta Magna establece que "las adicciones son un problema de salud pública" y que "en ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales".
Además, el abogado Gustavo Chiriboga indica que los límites establecidos en la tabla sirven como referencia para aplicar una sanción penal en casos de tráfico de drogas, de acuerdo a la cantidad que se está comercializando.
Es decir, penalmente no se puede perseguir a quienes portan este tipo de sustancias para consumir y son pacientes de algún tipo de adicción.
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