Esmeralda Aguilar fue asesinada el 9 de septiembre de 2021, casi un año después de que denunció a su yerno, quien está acusado de violar desde los ocho años a una de sus hijas.
Era casi una obsesión para Esmeralda Aguilar, de 55 años, limpiar cada botella de agua que no logró vender en el día. Hacía lo mismo con las velas, las estampas, los rosarios, y cada billete de lotería que quedaban en su kiosko en la Plaza San Francisco, centro de Guayaquil.
Aguilar inició vendiendo lotería en ese lugar desde hace 40 años, un oficio que lo heredó de su madre.
El 9 de septiembre de 2021 cumplía con su rutina de limpieza, a pesar de la insistencia de su hija de que cerrara el negocio temprano. Alrededor de las 21:00 un hombre en una moto disparó una bala justo atrás de su cabeza. Ella murió al instante.
Si bien el centro de Guayaquil es una de las zonas con más cámaras de seguridad, tras cinco meses no hay responsables, ni detenidos.
Esmeralda Aguilar con el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, afuera de su kiosko de lotería. Guayaquil 2021. Cortesía
La familia de Aguilar asegura que su asesinato es consecuencia de la denuncia que interpusieron contra Luis V. A él se lo acusa del presunto delito de violación contra la hija menor de Aguilar, y ese caso tampoco tiene una sentencia.
Incluso, los familiares de Aguilar que se encargaron del caso han tenido que salir del país porque han recibido amenazas.
Siete años de abusos
Cuando ‘Lina’ tenía ocho años, su hermana Yanina que está casada con Luis V., se ofreció a cuidarla. Esto ocurrió porque su madre Esmeralda Aguilar había tenido que mudarse lejos del trabajo, y no quería dejar a la niña sola por mucho tiempo.
“Ahí empezó todo, y Yanina lo sabía”, relata July, una de las hijas de Aguilar que sigue con los procesos judiciales. “Fueron cerca de tres años en lo que según cuenta mi hermanita, la tocaba y la obligaba a tocarlo también a él”.
Cerca de sus 11 años, el abuso sexual se convirtió en violación, “bajo amenazas de matar a mi madre si ella le contaba a alguien”, expresa July.
La mujer asegura que le contó lo sucedido a su hermana Yanina, “pero ella no detuvo al violador, ni hizo algo por poner a salvo a la niña”. El abuso sexual continuó hasta los 15 años de ‘Lina’.
Fotografía de archivo de Aguilar en Guayaquil. Cortesía
En 2020, cuando el país impuso el confinamiento por la pandemia de Covid-19, Yanina y Luis V., viajaron a Quito y no podían llevar a ‘Lina’, así que regresó de nuevo a casa con Esmeralda.
"Ella estaba deprimida, mi madre le encontró cortes en los brazos, y fue ahí cuando le contó todo". Pero llegaron las amenazas, “rondaba carros alrededor de la casa, una vez incluso se llevó a la niña”.
Luego de esto, Aguilar puso la denuncia por violación en la Fiscalía en octubre de 2020.
“A veces siento que fue lo peor, porque él cumplió con la promesa de matar a nuestra madre”, dice July.
Impunidad, el mal de siempre
“Después del asesinato de mi madre, la vida nos cambió. Tuvimos que ingresar al programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, y yo tomé el lugar de mi mamá en la denuncia para pedir justicia”, dice July, con escepticismo de que ese derecho se cumpla.
La denuncia por violación fue interpuesta en octubre de 2020. La jueza impuso como medida que los acusados se presentaran ante la autoridad, solo Yanina lo hizo, pero no su pareja.
Y las audiencias se han suspendido en varias ocasiones por las argucias legales de la defensa de los implicados. PRIMICIAS solicitó una entrevista con la Fiscal que lleva el caso, pero no atendió el requerimiento.
El 23 de febrero de 2022, finalmente la jueza que atiende el caso por violación, dictó auto de llamamiento a juicio contra el yerno y la hija de Aguilar.
También le cambió las medidas cautelares a prisión preventiva para Luis V. Pero, el caso de asesinato de Aguilar aún se mantiene en instrucción fiscal.
Errores de las instituciones
Según un informe de Plan Internacional, aproximadamente 2.700 niñas menores de 15 años dan a luz cada año en Ecuador, y es un delito que una menor de 14 años tenga una relación sexual.
Vicente Torres, secretario del Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil, explica que “la víctima debió ser ingresada inmediatamente al programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, ante la primera amenaza que recibieron, para salvaguardar la integridad de la familia”.
En esa custodia de derecho están involucradas las instituciones del Estado que trabajan en el tema de protección, según Torres.
“Y no es necesario que las víctimas la pidan, es la Fiscalía, de oficio, la que debe levantar una ficha de riesgos, por ejemplo, si el denunciado pertenece a una banda delictiva”, explica Torres.
“Lastimosamente como Estado no supimos responder, en determinar a tiempo la responsabilidad del individuo frente al delito cometido contra la niña; ante la desprotección de la madre que denunció y terminó asesinada. El Estado para esa víctima ha sido inoperante, ineficiente e indolente”, añade el abogado de derechos humanos.
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