Alimentación, infraestructura y seguridad, las prioridades de la excepción carcelaria

El Gobierno destinó un presupuesto de USD 20 millones para la emergencia carcelaria, que estuvo vigente desde el 16 de mayo de 2019. El dinero se usó en mejora de instalaciones, del servicio de alimentos, sistema informático y un nuevo sistema de seguridad.

El Gobierno destinó un presupuesto de USD 20 millones para la emergencia del sistema carcelario, que estuvo vigente desde el 16 de mayo de 2019. Así lo indicó el director del organismo, Edmundo Moncayo, al evaluar el estado de excepción finalizado este 15 de agosto.

Además, el Servicio Nacional de Atención Integral a los Privados de Libertad (SNAI) destinó USD 13 millones para contratar la provisión de alimentos para los detenidos en todos los centros carcelarios del país.

Los recursos fueron utilizados en adecuar las instalaciones de algunas cárceles, mejorar el servicio de alimentación, el sistema informático, compra de pertrechos y crear el sistema de seguridad penitenciario.

El director nacional del SNAI, Edmundo Moncayo, presentó un detalle sobre el uso de los recursos:

USD 13 millones para servicio de alimentación (proceso de contratación en marcha).
USD 4 millones para instituir el cuerpo de seguridad penitenciario, según establece el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana.
USD 2 millones para adquisición de sistemas informáticos, uniformes y pertrechos para 1.516 miembros del sistema de seguridad penitenciaria.
USD 1,9 millones para mejoras en centro médico e instalaciones en mal estado del Centro de Detención Provisional de El Inca (norte de Quito).

El monto de USD 20 millones es un presupuesto inicial, porque el SNAI requiere de un flujo de fondos continuo para fortalecer el sistema penitenciario, indicó Moncayo.

Medidas buscan reducir violencia

Por su parte, Orlando Jácome, subdirector Técnico de Rehabilitación Social, explicó que durante los tres meses que duró la emergencia, el SNAI adoptó varias medidas orientadas a reducir la violencia en las prisiones:

Acelerar los trámites de las carpetas de las personas privadas de libertad (PPL) que tienen derecho a beneficios como medidas sustitutivas o rebaja de penas.
Identificar los presos que pertenecen a bandas organizadas, con apoyo de Inteligencia Policial.
Clasificación de reclusos en pabellones de máxima, mínima y mediana seguridad, según los distintos grados de peligrosidad.
Planes de recreación.

Jueces de garantías penales para cuatro CRS

A partir de septiembre de 2019, el Consejo de la Judicatura nombrará jueces de garantías penales en cuatro centros de rehabilitación social. Ellos conocerán los casos de los reos que tienen derecho a rebajas de penas o medidas sustitutivas.

Guayas: Centro Regional de Rehabilitación Social (CRS), Cárcel de Mujeres de Guayaquil y expenitenciaría del Litoral.
Manabí: CRS El Rodeo, ubicado en Portoviejo.
Azuay: CRS Turi, Cuenca.
Cotopaxi: Centro de Rehabilitación Sierra Norte, Latacunga.

Aunque la emergencia no frenó la violencia en las prisiones, el director del SNAI destacó que en las últimas tres semanas no se han registrado incidentes.

Aunque el funcionario evitó profundizar en el tema, los hechos violentos en el interior de las cárceles han cobrado la vida de 19 personas.

Una vez finalizado el estado de excepción, el retiro de los militares de los alrededores de las prisiones se cumplirá paulatinamente, concluyó Edmundo Moncayo.

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