Familias de mujeres asesinadas reviven su dolor por falta de protocolos

En Ecuador, los protocolos para investigar femicidios no se cumplían según las normas internacionales, lo que dificultaba las pericias.

La falta de protocolos forenses que permitan identificar las verdaderas causas de las muertes de mujeres, víctimas de femicidios, ha sido uno de los problemas que enfrentan autoridades y familiares al momento de investigar los casos.

Uno de los obstáculos para facilitar las indagaciones es la ausencia de muestras biológicas de las fallecidas, lo que obliga a los administradores de justicia a ordenar repetidas exhumaciones de los cuerpos, provocando dolor y angustia a los allegados.

Por primera vez existe en Ecuador un Protocolo Nacional para Investigar Femicidios y Otras Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, que delinea lo que deben hacer las instituciones y funcionarios que son parte del proceso de investigar, recolectar indicios y elementos de convicción en caso de una muerte violenta de mujeres y niñas.

Fue suscrito el 24 de noviembre de 2021 por la Fiscalía General del Estado e involucra a otras cinco instituciones del Estado y sus diferentes direcciones.

Las primeras horas posteriores a la muerte son cruciales para la investigación, ya que es el momento de levantar la mayor cantidad de evidencias para esclarecer el hecho y sancionar a los responsables.

Cuidar la escena del crimen, las pruebas, los testigos y el análisis legal del cuerpo son determinantes para no revictimizar a los familiares de las mujeres y niñas asesinadas durante el proceso judicial.

La Fiscalía usa desde 2015 el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género de Naciones Unidas.

Pero “hacía falta construir una herramienta propia, a partir de la experiencia, realidades, y necesidades específicas de nuestro país”, dijo Diana Salazar, fiscal General del Estado.

En eso coincide el médico legista, Miguel Tayupanta. “Por ejemplo, el protocolo de Naciones Unidas no habla específicamente sobre normas estandarizadas de qué muestras tomar”.

Tayupanta, que trabaja en la morgue de Guayaquil, ha instaurado sus propios protocolos para casos de femicidios. Él fue el encargado de realizar la autopsia de Lisbeth Baquerizo.

El médico tomó “como muestras para el proceso de investigación, los extremos ungueales; es decir, las uñas de ambas manos, un hisopado de la cavidad vaginal, hisopado del conducto rectal y una muestra de sangre papel fta, que contiene químicos para proteger los ácidos nucleicos (ARN o ADN) de la degradación.

Todo eso constaba en el informe médico legal que entregó a la Fiscalía; aún así, los funcionarios solicitaban la exhumación del cuerpo para recoger muestras.

La familia de la joven se opuso, porque a más de perder a su hija, debía soportar el dolor de exhumarla y volverla a enterrar.

Alertar de que las muestras estaban almacenadas fue determinante para la investigación de la Fiscalía. El ADN encontrado en las uñas de Lisbeth coincide con las de un hijo de Nancy Núñez, madre de Luis Hermida, esposo de Lisbeth.

Pero no existía una normativa que especificara a quien realiza la autopsia que ese es el procedimiento.

El protocolo de autopsia varía incluso según el lugar donde ocurra el crimen. Hay centros forenses del Sistema Nacional de Medicina Legal que están preparados, con personal y equipamiento, pero hay lugares donde ni siquiera existe un centro forense.

Por ejemplo, si un cuerpo debe ser analizado en Salitre, no tendría las condiciones para cumplir con los protocolos.

Y en Guayaquil, la ciudad donde ocurre el 28% de las muertes violentas del país, solo hay cinco médicos legistas, y no se opera las 24 horas.

Solo si hay casos de trascendencia, los médicos acuden, como por ejemplo, en la emergencia carcelaria.

Ecuador tampoco cuenta con todo el personal para la investigación de las muertes violentas. Según la Fiscalía, le faltan al menos 573 agentes fiscales más, con sus respectivos secretarios y asistentes.

El nuevo Protocolo Nacional para Investigar Femicidios y Otras Muertes Violentas de Mujeres y Niñas, es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades involucradas. El desafío será que todos los ejecuten coordinadamente.