11 casos de matrimonio igualitario debe resolver la Corte Constitucional

La decisión para que el matrimonio igualitario sea legal en Ecuador aún no tiene fecha definida. Desde la Corte Constitucional (CC) se dice que dependerá de los jueces que llevan el caso de Efraín Soria y Javier Benalcázar, quienes serían la primera pareja del mismo sexo en casarse si el organismo resuelve a su favor.

El dictamen debería conocerse hasta el 31 de mayo de 2019, pues en la audiencia del 29 de marzo de 2019 sobre este caso, se dijo que había un plazo de 45 días hábiles.

La situación de Soria y Benalcázar no es la única que la Corte tiene que resolver. La Corte Constitucional acumula 11 pedidos en los que los demandantes buscan legalizar el matrimonio igualitario, según la Fundación Pakta, organización que aboga por las parejas del mismo sexo que buscan casarse.

La mañana del lunes 20 de mayo de 2019, en la Corte Constitucional hubo otra audiencia de una pareja gay que busca contraer matrimonio: Rubén Salazar y Carlos Verdesoto, a quienes el Registro Civil les negó el pedido en 2018.

La Corte Constitucional tiene que resolver 11 pedidos de parejas del mismo sexo que buscan legalizar sus matrimonios.

Salazar salió hace cinco años de Venezuela a causa de la peor la crisis económica que vive ese país. En Ecuador conoció a Verdesoto y tras vivir un tiempo como pareja decidieron formalizar su unión, "prohibir que nos casemos confirma que hay desigualdad y discriminación a parejas LGTBI".

Dice que en julio de 2018 interpusieron una acción de protección luego de no poder casarse en el Registro Civil. "La jueza de primera instancia elevó el caso a la Corte Constitucional, pero luego del plazo de 45 días no hubo ninguna resolución". Casi un año más tarde (mayo de 2019) la pareja recibió una notificación de que su caso será tratado en la Corte Constitucional, dice Salazar.

Durante su intervención ante el juez Alí Lozada, Verdesoto dijo que no se conformarán con la unión de hecho porque no es igual a los derechos que tienen las parejas en el matrimonio. "Queremos que nuestra familia sea reconocida como tal".

Christian Paula, director de la Fundación Pakta, explica que negar el matrimonio igualitario es un acto de discriminación que atenta a los derechos humanos de las minorías sexuales y más aún cuando cada día más países se suman a la inclusión en sus legislaciones.

Ambas audiencias ( la de Soria y Benalcázar, y la de Salazar y Verdesoto) se han llevado a cabo después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera la Opinión Consultiva 24/17 que se refiere a la protección de la identidad de género e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, y es vinculante para todos los países que firmaron el Pacto de San José, entre ellos Ecuador.