Se trata de un terreno ubicado sobre la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector conocido como Monteolivo, en el nororiente de la ciudad.
El 3 de marzo de 2021, el Tribunal Contencioso Administrativo de Quito emitió una sentencia que obliga al Municipio de Quito a pagar USD 13,8 millones por la expropiación irregular de un terreno ubicado sobre la avenida Simón Bolívar.
El bien, que cuenta con una extensión de 51.221 metros cuadrados, está ubicado en el sector conocido como Monteolivo, en el nororiente de la ciudad. Fue expropiado en 1998 durante la administración de Jamil Mahuad para continuar con el trazado de la avenida Simón Bolívar, que se empezó a construir en 1980.
Gran parte del terreno (34.999 metros cuadrados) se ocupó para esa vía, mientras que 16.279 metros cuadrados quedaron inutilizados porque las condiciones topográficas no favorecían a la construcción de la vía.
Según documentos a los que PRIMICIAS tuvo acceso, el terreno era propiedad de la compañía Astra, dedicada a la fabricación de productos plásticos y que entró en proceso de liquidación.
La expropiación no fue un problema hasta 2011, cuando los encargados del proceso de liquidación descubrieron que no había un documento que certifique que el terreno era un bien de utilidad pública. Este requisito es necesario para ejecutar la expropiación.
Al no hacerlo, dicen, el proceso violó los derechos constitucionales de los propietarios. A esto se suma, dicen los liquidadores, que el dueño del terreno era una persona de la tercera edad, por lo que hubo una doble vulneración.
Ante eso, en marzo de 2019, los liquidadores de esa empresa denunciaron al Municipio de Quito y la justicia les dio la razón en mayo de 2019. Los jueces determinaron que un perito debería establecer el valor real del terreno expropiado, pues -según los demandantes- el Municipio de Quito nunca pagó por la expropiación.
La pericia determinó que el terreno tenía un valor de más de USD 19 millones. El Municipio consideró el monto como excesivo, apeló el estudio y pidió un nuevo avalúo que determinó que la propiedad costaba USD 13,6 millones.
Según ese informe, el terreno tenía un área de 34.933 metros aptos para construir, cuyo valor llega a los USD 12,8 millones. Mientras que los 16.279 metros cuadrados restantes, que son parte de un talud, tienen un valor de USD 1 millón.
El Tribunal Contencioso Administrativo de Quito aceptó la segunda pericia y el 3 de marzo de 2021 dio un ultimátum de 10 días para que el Municipio pague la deuda. "Si eso no ocurre, la entidad deberá pagar los intereses correspondientes", señala la sentencia.
La Procuraduría Municipal confirmó a PRIMICIAS que ya interpuso una acción extraordinaria de protección con el objetivo de frenar la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo.
Aunque ese recurso no frena el pago de los USD 13,8 millones. "Lo que puede pasar es que, si el Municipio paga y la acción extraordinaria de protección es aceptada, los liquidadores de la empresa Astra deberán devolver el dinero", dice la concejala Mónica Sandoval, quien ha seguido el caso.
¿Más juicios?
La concejala Mónica Sandoval dice que desde junio de 2021 ha pedido información a la Empresa de Obras Públicas (Epmmop) para saber si los terrenos que el Municipio de Quito ha expropiado en los últimos años son de utilidad para la construcción de obras.
"No hay ninguna respuesta. Con el juicio sobre el terreno de Astra y el embargo a la estación del Trole ya son USD 17 millones los que la ciudad tiene que pagar. Eso equivale a cuatro años de recaudación de la contribución especial de mejoras que pagan los quiteños", dice.
La preocupación de la funcionaria radica en que no hay certeza de que no existan más juicios similares y que el Municipio tenga que pagar cifras millonarias por otros procesos mal llevados.
Es por eso que considera fundamental que la Epmmop transparente las expropiaciones que ha ejecutado antes de que el Municipio de Quito sea vea inmerso en nuevas disputas legales.
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