“No hay cupos…”
“No lo podemos recibir…”
“No estamos capacitados…”
“No tenemos experiencia…”
Esas son solo algunas de las frases que Javier Arias y Carla Cadena escucharon en las 14 escuelas particulares de educación regular a las que acudieron en busca de un cupo para su hijo Jorge, de cinco años de edad, quien tiene síndrome de Down, con un 45% de discapacidad intelectual.
Esas respuestas se contraponen con lo que dice la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su artículo 47: que “el Estado garantizará la inclusión e integración de las personas con discapacidad, eliminando las barreras de su aprendizaje”.
Cansada de buscar sin resultados una institución que acogiera a su hijo, Carla Cadena dice que “aún hay desconocimiento y falta de planificación integral sobre lo que debe ser la educación para los niños con síndrome de Down”. Y agrega que las autoridades debieran vigilar que se cumpla lo que ordena la ley.
El problema de hallar un cupo es apenas el primer escollo. Cuando un niño con discapacidad accede a un centro educativo se choca con otras dificultades como la falta de preparación pedagógica de los docentes.
María, quien pidió la reserva de su nombre, dice que su hija que tiene un 40% de discapacidad intelectual estudia en una escuela pública del Valle de los Chillos (suroriente de Quito) y no tuvo enfrentó dificultades para obtener un cupo.
Sin embargo, la niña avanza lento en su aprendizaje. “Falta que los docentes cuenten con destrezas pedagógicas para enseñar a estudiantes con síndrome de Down. He visto que los maestros tienen la dedicación, pero se les dificulta”.
Casi 23.000 alumnos integrados
En Ecuador hay 22.704 estudiantes con discapacidad visual, física, auditiva, intelectual y psicosocial que son parte del sistema educativo ordinario, según Fernanda Yépez, subsecretaria de Educación Especial e Inclusiva.
Los niños con síndrome de Down son parte del 56,34% que tiene discapacidad intelectual.
Los niños sordos, en cambio, corresponden al 12,03% de esa cifra, según estadísticas del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis).
“Un niño sordo necesita adaptaciones curriculares específicas para que su proceso de aprendizaje sea óptimo”, dice Soledad Campaña, asesora pedagógica de la Fundación Vivir para la Sordera.
Esa organización ha trabajado durante 14 años con más de 6.000 niños con discapacidad auditiva. De su experiencia, dice que no hay un una política clara sobre cómo debe ser la inclusión para cada tipo de discapacidad.
Ella cree que si el Estado no implementa una malla curricular específica para los niños con sordera, estos tendrán problemas de adaptación social y la soledad los puede empujar a la depresión.
El Ministerio de Educación tiene un técnico pedagogo de apoyo por cada 10 profesores. Su trabajo consiste en brindar seguimiento a la evolución de los estudiantes con discapacidad.
“El técnico no tiene contacto con el niño, sino con el profesor”, dice Yépez, quien agrega que de esta forma el alumno no siente una doble presión”.
Escuelas especializadas
Unos 10.703 estudiantes con discapacidad severa o con múltiples discapacidades asisten a las 145 escuelas especializadas entre públicas y privadas que hay que en Ecuador. Estas instituciones reciben a niños que no pueden asistir a la educación ordinaria.
“Las Unidades de Apoyo a la Inclusión se encargan de evaluar al niño y determinan si puede acudir a la escuela tradicional o si debe ir a una especializada”.
Fernanda Yépez, subsecretaria de Educación Especial e Inclusiva
Para Soledad Campaña, de la Fundación Vivir para la Sordera, no se cumple la distinción del papel que juegan las escuelas ordinarias y especializadas. Responsabiliza al Estado y a las familias de los niños con discapacidad por no conocer y atender sus necesidades específicas.
Campaña afirma que si los niños no se desenvuelven en instituciones acordes a sus necesidades no desarrollarán las habilidades que están a su alcance y estarán condenamos a depender de sus familiares.
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