Los niños son las víctimas ocultas y olvidadas del femicidio

Unos 600 niños y jóvenes se han quedado en la orfandad desde el 1 de enero de 2014 hasta febrero de 2019, según cifras de organizaciones sociales como la Fundación Aldea, el Taller de Comunicación Mujer y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador. Los datos fueron obtenidos de las denuncias que reposan en la Policía, la Fiscalía y el Ministerio del Interior.

Ana (nombre protegido), de nueve años de edad, abraza un retrato de su madre mientras intenta dormir. Desde hace seis meses sufre episodios de depresión y llora de manera súbita, esos son los rastros visibles del dolor ocasionado por el asesinato de su madre, Paola Moromenacho.

El crimen ocurrió el 4 de agosto de 2017 en la parroquia Ayora, de Cayambe. El femicida fue Héctor M., expareja de la víctima y padre de Ana. El cuerpo de Paola fue encontrado dos días después de su muerte en el bosque de Buga, de la misma localidad. Tenía 16 puñaladas y cortes en los brazos.

Ana es apenas una de los 600 huérfanos que ha dejado el femicidio en Ecuador desde 2014 y que han sido registrados por organizaciones sociales. Recién ese año Ecuador tipificó este delito en el Código Integral Penal.

La cifra de huérfanos del femicidio que manejan las organizaciones sociales difieren de las estadísticas que lleva el Estado. PRIMICIAS solicitó información al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para conocer el número de huérfanos que registra el Gobierno, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

El 8 de marzo, el presidente Lenín Moreno firmó un decreto para que los niños en orfandad producto de este crimen tengan acceso un bono económico. Según ese anuncio, en 2019 unos 80 niños recibirán USD 300 al mes. El MIES tampoco confirmó si ese dinero ya está llegando a las víctimas.

A pocos metros de donde murió su madre

Según la declaración del cabo de Policía Edison Cruz, uno de los primeros en llegar a la escena del crimen, el asesinato de Paola Moromenacho ocurrió a pocos metros de su hija. Así lo recoge el proceso judicial 17291-2017-00326, que reposa en el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha.

Juan Carlos (izquierda) y Francisco Moromenacho, junto a su madre, Susana Changoluisa. Jonathan Machado / Primicias

La familia Moromenacho mira las fotos de Paola, quien fue asesinada en 2017. Jonathan Machado / Primicias

Francisco, Susana y Juan Carlos miran fotos de su familia. Jonathan Machado / Primicias

La niña se encontraba en la casa donde ocurrió el crimen, pero no se enteró de nada porque estaba en el segundo piso. La familia de la víctima tiene dos hipótesis al respecto: que a la niña la durmieron o que le pusieron audífonos con música a alto volumen.

En los días posteriores al crimen Ana no mostró signos evidentes de trauma. Aunque “en sus ojos se veía un gran vacío”, según su tía Cristina, quien pidió no revelar su verdadero nombre por seguridad.

Pero con el tiempo los problemas emocionales de la niña se desataron.

Desde que su hermana murió, Cristina tiene la custodia legal de su sobrina. Tras la muerte de su madre, la pequeña Ana pasó casi 11 meses en estado de negación, dice la tía. Hace medio año empezó a manifestar su dolor: “llora en momentos en los que parecería que está bien y se deprime porque se da cuenta que su mamá no estará nunca más”.

Como si perder a su madre de manera violenta y prematura fuera poco, Ana tuvo que dejar su habitación y su casa para mudarse donde Cristina, donde vive también su abuela, Susana Changoluisa.

Ana recibió ayuda psicológica del Estado durante apenas tres meses, cuando la recomendación del perito psicológico del caso es que la asistencia debería haberse extendido de dos a tres años.

El perito psicólogo del caso, Danny Ramírez, dice que Ana “entró en un estado de negación” y con el paso de los meses la niña manifestará más síntomas de trauma, por lo que recomienda un tratamiento de una duración de entre 24 a 36 meses.

La niña acudió durante tres meses a consulta con un psicólogo que le asignó el Estado, pero “después todo quedó en nada. Nadie se preocupa por las víctimas que deja el femicidio, no hay ninguna institución que haga seguimiento a los huérfanos”, dice Cristina.

Un dolor postergado

Paola Tello, psicóloga especializada en temas de violencia, dice que el dolor de los familiares ante el femicidio se posterga debido a que en la etapa inicial la familia se sumerge en los trámites judiciales del crimen.

Al principio los familiares postergan el duelo y los mecanismos para enfrentarlo, porque deben atender asuntos judiciales, dice la psicóloga Paola Tello.

El paso del tiempo reaviva el dolor y es ahí cuando debe haber atención especializada, agrega Tello. Con los niños es diferente "hay que prepararlos para la verdad porque no se les debe ocultar lo sucedido”, explica.

Francisco Moromenacho, tío de Ana, narra que por seguridad un familiar siempre lleva y recoge a la niña en la escuela. “Tomamos las mayores precauciones por si el círculo social o familiar del femicida quisiera hacerle daño”, dice.

Luis no sabe la verdad

Luis (nombre protegido) tiene cinco años de edad y desde hace cuatro es huérfano, pero no lo sabe pues nadie le ha contado que su mamá fue asesinada por su pareja. Vive con sus abuelos a quienes considera sus padres.

Ellos aún no reúnen el coraje para decirle que su madre, Josselyn León, murió el 25 de junio de 2015 cuando tenía 18 años y que su victimario fue su exnovio y padre del pequeño. “No le hemos contado la verdad y no quiero que llegue ese día”, dice a PRIMICIAS la abuela Karina Gálvez en su casa, ubicada en el barrio Solanda, en el sur de Quito.

Su nieto apenas tenía un año y dos meses cuando la Policía lo halló gateando junto a la avenida Simón Bolívar de Quito, a la altura del barrio La lucha de los pobres, en el sur de la ciudad. El bebé estaba empapado de la sangre de su madre. Sergio R, su padre, lo abandonó ahí tras apuñalar 15 veces a Josselyn.

Por esa vía circulan a diario 75.000 vehículos y el promedio de velocidad supera los 90 kilómetros por hora. Lo que significa que el pequeño estuvo en riesgo inminente esa noche.

El policía Ángel Játiva encontró al bebé abandonado a un lado de la avenida cuando realizaba un patrullaje de rutina por la zona, según se detalla en los documentos del juicio que reposan en la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha.

Karína Gálvez, madre de Jossely León, muestra una foto de su hija. Jonathan Machado / Primicias

Fotos de Josselyn, que son guardadas por Karina. Jonathan Machado / Primicias

Karina recuerda la muerte de su hija. Jonathan Machado / Primicias

Karina Gálvez es una mujer de rasgos fuertes, voz cansada y ojos tristes. Aunque su nieto no sabe del crimen, ella asegura que “puede notar la tristeza en sus ojos”. Ella también es una víctima, pues la depresión por la pérdida de su hija la llevó a un intento de suicidio.

La familia no tiene acceso a terapias ni asesoría psicológica y lo que hace para aceptar el dolor se basa en la intuición. “Tuvimos ayuda del Estado durante unos cuantos meses, pero nada más”, dice.

Norma Palacios, psiquiatra infantil, afirma que las personas tienen la capacidad de recordar acontecimientos desde edades tempranas, aunque no con detalles. “Si un bebé presenció actos de violencia, el cerebro retomará esos acontecimientos cuando se presenten nuevos hechos violentos”.

La especialista añade que hechos de este tipo pueden acarrear consecuencias emocionales futuras, como problemas de ansiedad, depresión o estrés; o conductuales, como comportamientos agresivos y fracaso escolar.