La defensa de la familia señala que las disculpas públicas no son suficientes y que es necesaria una reparación integral para la madre y hermana de la víctima.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) inició el martes 28 de enero de 2020 el proceso contra el Estado ecuatoriano por el caso del suicidio de Paola Guzmán Albarracín.
Ella se suicidó en 2002 luego de cumplir 16 años, y tras ser víctima de violencia sexual por parte del vicerrector del colegio, Bolívar Espín Zurita, en Guayaquil. La adolescente quedó embarazada producto del abuso.
El agresor intentó que se practicara un aborto con asistencia del médico del plantel, quien le ofreció realizar el procedimiento, a cambio de mantener relaciones sexuales con ella.
Esas agresiones le provocaron una depresión que terminó en un suicidio mediante la ingesta de diablillos.
El caso es emblemático para el continente, pues se considera que la Corte IDH tiene la posibilidad de crear jurisprudencia sobre diversos asuntos, entre estos los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las mujeres.
Durante la audiencia, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad en los hechos imputados referidos a la falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables, y la ausencia de medidas de prevención de este tipo de casos.
Además, expresó su voluntad de reparar a la madre de la víctima, Petita Albarracín, y a su familia.
Los representantes de la víctima valoraron positivamente el reconocimiento de responsabilidad del Estado pero lo consideran insuficiente.
Un caso considerado emblemático
El caso se refiere a la responsabilidad del Estado por la violencia sexual que sufrió Paola Guzmán Albarracín en el colegio Martínez Serrano, a manos del vicerrector del plantel.
La demanda interpuesta por la Comisión Interamericana señala que el Estado es responsable por la violencia sexual que habría conducido a la muerte de la menor, así como por la falta de diligencia en la investigación que permitió que el caso prescribiera.
La madre de la víctima, Petita Albarracín, pidió a los jueces que hagan justicia y afirmó que su testimonio es lo último que puede hacer por su hija.
La madre aseguró que en el centro educativo conocían de los abusos que sufría la menor y nadie hizo nada para protegerla.
Alejandra Cárdenas, directora adjunta de Programas Globales del Centro de Derechos Reproductivos, que actúa como representante de la víctimas en el proceso, dijo que este caso es emblemático a escala mundial.
“Los sistemas de justicia de derechos humanos tienen una deuda pendiente con las mujeres y las niñas”, agregó.
Esa deuda, dijo Cárdenas, está en determinar con claridad que cuando las niñas y las mujeres tenemos relaciones sexuales que no hemos consentido o con personas que tienen una postura de autoridad e influencia son abusivas.
Lo que se viene
La representante del Estado, María Fernanda Álvarez, expresó el reconocimiento de la responsabilidad estatal en cuanto a la falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables y la falta de prevención.
Sin embargo, los representantes de la víctima aseguran que ello es insuficiente.
“Nos parece importante que el Estado reconozca que ha sido negligente en la investigación del caso y que fue por negligencia que terminó prescrito el proceso”, dijo Cárdenas.
Tras la audiencia, la Corte IDH dio un plazo de un mes a las partes para que presenten sus alegatos finales por escrito, y a partir de entonces podrá emitir una sentencia en los siguientes meses.
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