Paola murió cuando apenas había cumplido 16 años de edad. El acoso y la violencia sexual que sufrió en su colegio la empujaron a quitarse la vida. La familia busca una reparación integral.
Después de 17 años de la muerte de Paola Guzmán, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), en Costa Rica.
Se trata del primer caso de violencia sexual, ocurrido en el sistema educativo, que esta instancia internacional tratará.
El martes 28 de enero de 2020, seis jueces de la Corte escucharon el testimonio de Petita Albarracín, madre de Paola, quien recordó cómo se enteró de la muerte de su hija.
“A las 14:30 del 12 de diciembre de 2002 sonó el teléfono de mi casa. Una sobrina recibió la noticia de que mi hija había ingerido 11 trozos de fósforo blanco (diablillos), que le causaron la muerte”, recordó con la voz rota.
El suicidio de Paola fue el último eslabón de una cadena de violencia sexual que vivió en el plantel educativo durante dos años. Su victimario fue el vicerrector del colegio, Bolívar Espín Zurita.
Como resultado de los abusos sexuales de Espín Zurita, de quien se desconoce su paradero, Paola quedó embarazada.
A esto se suma que Espín le sugirió practicarse un aborto con la asistencia del médico del colegio, quien le ofreció realizar el procedimiento a cambio de mantener relaciones sexuales con ella.
Según las investigaciones preliminares de la Corte IDH, Paola fue doblemente víctima de violencia en su condición de mujer y niña.
Además, dice, “existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida”.
Colectivos defensores de los derechos de las mujeres esperan que la Corte IDH obligue al Estado ecuatoriano a ofrecer una reparación integral a la familia de la víctima.
La familia acudió a instancias internacionales porque la justicia ecuatoriana no emitió ninguna sanción para el abusador durante el proceso de investigación del crimen.
Los abogados representantes del Estado, que también llegaron a la sede de la Corte, pidieron disculpas públicas a la madre de Paola.
La defensa de Petita Albarracín consideró que las disculpas públicas del Estado son parte de la reparación integral que debe recibir en su calidad de madre de la víctima, pero no son suficientes.
Colectivos feministas se han convocado la tarde del martes 28 de enero en Quito y Guayaquil para exigir justicia por el abuso, la muerte de Paola y la impunidad que rodea al caso.
Al cierre de esta noticia la Corte IDH continuaba sesionando.
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