Los ciudadanos extranjeros fueron trasladados de manera temporal a un refugio, la noche del 2 de agosto de 2019. De acuerdo a las autoridades, el desalojo del templo de la Iglesia Santa Teresita fue voluntario y sin altercados.
La noche del viernes 2 de agosto, la Policía Nacional desalojó de manera voluntaria a 86 extranjeros, de ellos 40 menores de edad, de la Iglesia Santa Teresita, ubicada en La Mariscal, centro norte de Quito.
Un informe de la Policía Nacional, al que tuvo acceso PRIMICIAS, establece que los ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron trasladados en dos buses a un albergue temporal.
Los ciudadanos extranjeros estarán en el lugar unos 8 días y su permanencia adicional dependerá del acuerdo al que lleguen las autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y del Programa Andino de Derechos Humanos, dijo la Policía.
El desalojo
La Defensoría del Pueblo dijo a PRIMICIAS que los refugiados estaban radicados en la casa comunal de la Iglesia Santa Teresita desde hace siete días.
Los ciudadanos extranjeros habían acordado con el párroco de la iglesia, Freddy Garzón, un tiempo de siete días de refugio hasta buscar un nuevo sitio, dijo la Defensoría del Pueblo.
Los siete días vencieron la mañana del 2 de agosto de 2019. Los refugiados salieron de la casa comunal y se concentraron en el interior del templo religioso.
El sacerdote Freddy Garzón dijo a las autoridades, entre ellas de la Defensoría del Pueblo y de la Policía, que los refugiados no podían permanecer en el templo porque era “propiedad privada”.
Wambra, medio digital comunitario, recogió las declaraciones del supuesto procurador de Iglesia Santa Teresita al momento del desalojo. Él explicó a los extranjeros que no permitiría la “anarquía” en el templo.
“Aquí hay normas e instancias que respetar”, dijo el supuesto procurador de la iglesia.
En este desalojo, la Defensoría del Pueblo mostró su preocupación por la falta de acción del Municipio de Quito.
Llamamos la atención a la Secretaría de Inclusión del Municipio de Quito, a través de sus albergues, para que puedan tomar medidas para proteger a los grupos de atención prioritaria. No se debería dejar desamparado a este segmento.
Defensoría del Pueblo
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