Los concejales de Quito criticaron la creación de un acuerdo de confidencialidad para el manejo de la información municipal, pues aseguran que atenta contra la transparencia de la entidad.
La tarde y noche del 29 de octubre de 2021, un día antes de que empiece el feriado de cinco días por el Día de los Difuntos y por la Independencia de Cuenca, el Concejo de Quito mantuvo una sesión extraordinaria convocada por el alcalde Santiago Guarderas.
El objetivo de la reunión era la aprobación del Convenio de Confidencialidad y Declaración de Conflicto de Intereses. Según Mauricio Riofrío, presidente de la entidad municipal Quito Honesto, este documento implica "que no se puede difundir información institucional con fines extraños a la misión y visión de la gestión pública".
Durante su intervención Riofrío aseguró que tanto el Código Integral Penal como la Constitución permiten este tipo de acuerdos, y sancionan a quienes revelen información pública.
Pero el acuerdo propuesto por Guarderas no fue bienvenido por los concejales de diferentes tiendas políticas, quienes lo criticaron durante la sesión.
La concejala Andrea Hidalgo (Izquierda Democrática) dijo que toda la información municipal es pública, y por ello no puede haber impedimentos para que se entregue al ciudadano que la requiera.
Además, señaló que el Municipio no tienen la necesidad de firmar un convenio de confidencialidad, pues la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Lotaip) establece el tipo de información pública que es reservada.
"La Lotaip es clara al establecer los límites de los datos que no son de libre acceso", indicó Hidalgo.
Algo similar mencionó la concejala Paulina Izurieta (ID), quien dijo que "que al presidente de Quito Honesto (Riofrío) se le ha caído la Lotaip porque la norma es muy clara sobre la confidencialidad de la información".
La funcionaria denunció que trabajadores de la Secretaría de Seguridad ya fueron obligados a firmar el acuerdo que "se supone es libre y voluntario".
Antes de terminar su intervención, Izurieta le preguntó al Alcalde si el documento busca "ocultar algún tipo de información para que la ciudadanía no sepa".
Guarderas no respondió en ese momento y dijo que lo hará cuando los concejales que pidieron la palabra terminen sus discursos.
Por su parte, el concejal Juan Carlos Fiallo (Fuerza Compromiso Social) señaló que el documento limita la capacidad de fiscalización del Concejo Metropolitano porque los concejales no podrían acceder a la información que se produzca en las dependencias municipales.
Enseguida se pronunciaron Blanca Paucar y Luis Reina (Fuerza Compromiso Social), además de Juan Manuel Carrión (Concertación), Marco Collaguazo (Unión Ecuatoriana) y la propia vicealcaldesa Brith Vaca.
Ellos coincidieron en que el convenio atenta contra la transparencia que debe tener la nueva administración municipal.
Vaca recordó que las convocatorias a sesiones nocturnas en vísperas de un feriado fueron una práctica del exalcalde Jorge Yunda. Y finalizó diciendo que el acuerdo da paso a que los funcionarios puedan ser removidos de sus cargos si se niegan a firmarlo, lo que atenta contra sus derechos laborales.
Guarderas se defiende y contraataca
El alcalde de la capital, Santiago Guarderas, escuchó por más de una hora y media las críticas del Concejo Metropolitano y utilizó algo más de 15 minutos para defender su iniciativa.
Pero empezó su intervención criticando a los concejales al decir que "realmente me asombra los discursos de mala fe de ciertos concejales".
Argumentó que las críticas nacen por un desconocimiento del acuerdo que "lamentablemente no se ha leído en su totalidad".
Guarderas dijo que el documento no limita la capacidad fiscalizadora de los concejales porque ellos no deben firmarlo. Solo es obligatorio para el Alcalde, Vicelcalde, directores, supervisores, gerentes y autoridades de alto nivel jerárquico.
Se refirió al concejal Juan Carlos Fiallo al preguntar: "¿Dónde están los concejales y sus asesores? Quédate tranquilo, Juan Carlos, no tienes razón para preocuparte?.
Acuerdo suspendido
Guarderas también dijo que el documento debe ser firmado por los funcionarios que ingresen al Municipio y no por los que ya trabajan en la entidad.
"El acuerdo de confidencialidad regirá hasta después de un año de que finalice su relación laboral en el municipio. El objetivo es que no puedan desempeñar funciones que se relacionen con los cargos que ejercieron en el municipio"
¿Dónde está la ilegalidad, el abuso, la inconstitucionalidad o lo que se quiere esconder?
Santiago Guarderas, alcalde de Quito
Explicó, además, que los convenios de confidencialidad son importantes en los sectores público y privado porque "es necesario resguardar la información sensible de las entidades".
Y puso como ejemplo el caso de abogados que trabajaron en el Municipio y que ahora patrocinan a personas y empresas que han iniciado demandas en contra de la entidad.
Para evitar otra diferencia con el Concejo Metropolitano, Guarderas suspendió la vigencia del acuerdo para que, en un plazo de 30 días, puedan solventarse las dudas y críticas expuestas por los concejales.
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