El Conadis y el Fondo de Población de las Naciones Unidas elaboraron el documento para dar a conocer los derechos de estas personas.
En Ecuador viven 466.236 personas con algún tipo de discapacidad. De ese número, 261.986 son hombres y 204.228 mujeres, según cifras del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis).
Esta condición no ha impedido que el 68% de mujeres y el 30% varones jóvenes hayan sido víctimas de violencia sexual, por lo menos una vez en su vida.
Un dato más alarmante del Conadis revela que el 3% de las mujeres con discapacidad tuvieron su primer hijo entre los 10 y 14 años. Esto significa que más de 6.000 niñas con discapacidad han sido violadas.
Habitualmente dentro de su círculo familiar, por sus padres, padrastros, primos, tíos, abuelos o amigos.
Es por eso que el Conadis y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) crearon la ‘Guía sobre derechos sexuales, reproductivos y vida libre de violencia para personas con discapacidad’.
El documento tiene dos grandes objetivos: prevenir las agresiones sexuales en personas con discapacidad y dar a conocer sus derechos cuando han sido violentadas.
También ayuda -entre otros temas- a que las personas con discapacidad reconozcan si son víctimas de agresión sexual, los lugares a los que pueden acudir cuando han sido víctimas y cómo tener una sexualidad saludable.
La guía termina con las principales recomendaciones hacia las personas que han sido víctimas:
Violación 1
Violación 2
Violación 3
Violación 4
Triple vulnerabilidad
Las niñas con discapacidad tienen tres veces mayor riesgo de ser violentadas sexualmente, precisamente por su condición de mujeres, menores de edad y discapacitadas.
A inicios de octubre de 2019, la Fiscalía sentenció a 22 años de prisión a un profesor de una escuela de Orellana por haber violado a una niña 12 años, que sufría de discapacidad intelectual.
Según la entidad, el hermano de la niña vio cómo el docente llevaba al víctima a los matorrales de la entidad educativa para violarla. Con base en los testimonios de los niños, el juez determinó la pena para el agresor.
Geraldine Guerra, vocera de las Red Nacional de Casas de Acogida, dice el Estado no ha creado políticas integrales que ayuden a erradicar la violencia hacia las mujeres y, sobre todo, hacia las niñas.
También dice que la justicia no ha sido responsable en atender las demandas que llegan a sus manos. “Muchos casos de violencia quedan en la impunidad por la falta de empatía de la justicia con las mujeres”, agrega Guerra.
La ‘Guía sobre derechos sexuales, reproductivos y vida libre de violencia para personas con discapacidad’ dice que para garantizar una vida de mejor calidad a las víctimas, el Estado debe garantizarles una reparación integral.
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