La visa humanitaria: un nuevo problema para los venezolanos que viven en Ecuador

La situación de pobreza en que vive la mayoría de venezolanos radicados en Ecuador suma un ingrediente más: el requisito de una visa humanitaria que impuso el Gobierno ecuatoriano, el 25 de julio, y que entrará en vigencia el 26 de agosto de 2019.

La noticia se conoció la noche del jueves. La mañana del viernes 26 de julio una veintena de ciudadanos venezolanos llegó a la Embajada de Venezuela en Quito para solicitar información sobre la visa.

Gloria Bohórquez viajó desde Santo Domingo de los Tsáchilas para conocer los requisitos que necesitará cumplir para regularizar su situación en Ecuador.

"Estoy preocupada porque necesitaré la visa para conseguir trabajo. Si en los actuales momentos es complicado acceder a una fuente de empleo, será peor con el nuevo requisito", dijo a PRIMICIAS.

La misma preocupación tiene Luis Barreno. Aunque asegura que cuenta con el pasaporte venezolano, no sabe si necesitará otros documentos.

"Conseguir un documento en Venezuela es casi imposible. Es por eso que muchas personas dejan el país sin ningún papel. Lo máximo que se puede traer es la cédula y, con suerte, la carta andina", dice Barreno.

En el Departamento de Comunicación de la Embajada de Venezuela estaban a la espera de que se definan los requisitos puntuales que necesitarán los ciudadanos de ese país para emitir un pronunciamiento oficial.

Pero las asociaciones civiles de venezolanos ya están preocupadas. Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, dice que está de acuerdo con el proceso de regularización, pero sin caer en prácticas de discriminación.

El Decreto Ejecutivo No. 826, que fue expedido el viernes 26 de julio de 2019, dice que el gobierno brindará amnistía a los ciudadanos venezolanos que han ingresado al país a través de los controles migratorios y a quienes no hayan violado las leyes ecuatorianas.

Con eso, se busca legalizar a los venezolanos, dijo Moreno.

¿La visa es discriminatoria?

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) no tiene dudas de que la medida adoptada por el Gobierno ecuatoriano es discriminatoria.

Mónica Vera, presidenta de la entidad, explica que la obligación de una visa a los ciudadanos venezolanos viola el artículo 84 de la Ley de Movilidad:

"Los ciudadanos suramericanos pueden ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano presentando solamente su documento de identificación nacional, por puntos de control migratorio oficiales. Los documentos de identificación emitidos por sus respectivos países constituyen documentos de viaje", explica Vera.

Y agrega que la medida incumple con el principio de ciudadanía universal que consta en la Constitución, que se promueve la "libre movilidad de todos los habitantes del planeta".

Vera agrega que el Decreto 826 no aclara lo que pasará con los ciudadanos venezolanos que no ingresaron al país por controles migratorios.

Es por eso que ratifica su posición de que la visa es discriminatoria e inconstitucional.

A esto se suma que, según su interpretación del documento, la solicitud de visa no se podrá realizar en Ecuador, sino en otros países de la región con lo que se confirma la violación al principio de movilidad humana.

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, también se pronunció. Reconoció que el Gobierno tiene la facultad para solicitar una visa, pero aclaró que el proceso debe respetar los derechos humanos y la libre movilidad de los venezolanos.

El funcionario pide al gobierno que la medida se implemente con seguridad y respeto para que no crear problemas más graves, como la trata de personas, que se han generado en países en los que la visa es obligatoria.

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