Junto a él, otras 13 personas también irán a juicio. Entre ellas, la secretaria de Salud, Ximena Abarca, y la secretaria técnica de la entidad, Linda Guamán.
La madrugada de este 30 viernes de abril de 2021, el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya, decidió llamar a juicio al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y a otros 13 procesados por presunto peculado en la adquisición de 100.000 pruebas para detección de Covid-19 a un costo de USD 4,2 millones.
En este proceso también están involucrados la actual secretaria de Salud, Ximena Abarca; la secretaria técnica de la entidad, Linda Guamán; y el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, de quien se desconoce su paradero.
Desde las 08:00 del 29 de abril, los abogados de los procesados presentaron las pruebas de defensa. Y, tras más de 15 horas de audiencia, alrededor de la medianoche, Jhayya pidió tiempo para deliberar y tomar su decisión.
En total, fueron cinco días de audiencia, en los que la Fiscalía destacó que el Alcalde conocía que las pruebas no eran las que se establecían en el contrato, por lo que también había solicitado su prisión preventiva.
Sin embargo, Jhayya no aceptó la solicitud del fiscal Alberto Santillán.
Luego de conocerse el fallo, Yunda reaccionó en su cuenta de Twitter. Ahí dijo que “tras una jornada de más de 14 horas, el juez ha resuelto llamarme a juicio. A pesar de que mi defensa evidenció a lo largo del proceso que no existe peculado alguno. Estamos listos para demostrarlo en juicio”.
Su abogado, Juan Pablo Albán, también se pronunció y señaló que “tras cerca de 15 horas de este cuarto día de audiencia, con un expediente de cerca de 42.000 folios, argumentos jurídicos y científicos muy complejos, el Presidente de la Corte Provincial pide a las partes que no se retiren porque ya regresa con la resolución #CasoPruebasCOVID“.
Entre los abogados de los defendidos que reaccionaron al dictamen estuvo María Dolores Miño, abogada de Guamán. Ella calificó de “sainete” la decisión de Jhayya.
De su parte, la cuenta oficial de la Fiscalía confirmó la decisión del Presidente de la Corte Provincial de Justicia.
Y destacó que “durante cinco días presentó más de 80 elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio”.
Según el Código Integral Penal (COIP), los servidores públicos que cometan el delito de peculado serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.
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