Los siete intentos de Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo para dilatar el juicio por delincuencia organizada
Aunque el llamado a juicio a Abdalá Bucaram se dictó a finales de 2021, la audiencia ha sido pospuesta siete veces. El último intento fue el jueves 30 de mayo.
Las siete audiencias por el juicio contra Abdalá Bucaram debían realizarse en el Complejo Judicial del Norte de Quito, 30 de mayo de 2024.
Fiscalía.
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Todo tipo de excusas, 'coincidencias' o descoordinaciones han dilatado la audiencia de juzgamiento contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo, Jacobo Bucaram Pulley, y otros, por el delito de supuesta delincuencia organizada.
El llamado a juicio se dictó en diciembre de 2021 y en estos dos años y medio han existido siete intentos por instalar la diligencia. El más reciente, el jueves 30 de mayo, que volvió a fracasar.
La última justificación: un cruce de audiencias de la jueza María Suárez Tapia, quien tenía una diligencia previa programada para la misma hora. Ella reemplaza a Pablo Coello Serrano.
No es el primer llamado de 2024. En febrero se declaró la audiencia como fallida por inasistencia del abogado de Leandro Berrones, un exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), también procesado.
Hace casi un año, en junio de 2023, se hizo el quinto llamado, pero en aquella ocasión tampoco fue posible, porque uno de los jueces dijo que asistiría a otras diligencias, entre el 5 y 9 de junio, semana prevista para el juicio, informó la Fiscalía.
El 9 de enero de 2023 tampoco se pudo dar inicio a la etapa de juzgamiento por un pedido de la defensa de Abdalá Bucaram de aplazarla.
¿Qué se investiga?
Abdalá y su hijo, Jacobo, fueron llamados a juicio como presuntos autores del delito de delincuencia organizada para la negociación de pruebas rápidas de diagnóstico de Covid-19.
Según Fiscalía, sus acciones se habrían configurado entre marzo y junio de 2020, durante los meses más duros de la pandemia en Ecuador.
Pero las actividades ejercidas para intentar dar legitimidad a sus actos se extendieron hasta octubre de ese año.
De acuerdo a la investigación, en ese lapso se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, incluso usando bienes y servidores de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).
Agentes de esa entidad habrían brindado seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral) para el traslado de las pruebas de Covid-19 a Guayaquil.
En este caso, los exagentes de la AMT, Kléver A. y Jhonny S., fueron sentenciados a través de procedimiento abreviado. Es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados.
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