Las circunstancias de la desaparición y femicidio de María Belén Bernal involucran a la Policía Nacional. Ahora se discute si el crimen puede acarrear responsabilidades para el país.
El 11 de septiembre de 2022, la abogada María Belén Bernal desapareció en Quito. Ahora se conoce que esa misma madrugada, ella fue asesinada. Y el principal sospechoso, el teniente Germán Cáceres, está prófugo.
Este caso ha conmocionado al país por una serie de omisiones en los protocolos de seguridad de la Policía. Bernal ingresó la madrugada del día de su muerte a la Escuela Superior de Policía (ESP), donde su cónyuge era instructor y estaba de guardia.
Además, los testimonios y las indagaciones revelan que mientras Cáceres la atacaba y la asesinaba en una dependencia policial, varios uniformados escucharon y conocieron del hecho, pero ninguno hizo nada.
A raíz de estas informaciones, juristas y académicos han comenzado a debatir: ¿Es responsabilidad del Estado el crimen de María Belén Bernal?
El panorama judicial
Luego del hallazgo del cuerpo de la víctima, su madre, Elizabeth Otavalo, ha asegurado que se trata de un crimen de Estado. Y ha manifestado su interés de llevar el caso a instancias internacionales para que se determine la responsabilidad del país.
Mientras que en Ecuador, el caso se investiga por un presunto femicidio. Al momento hay dos procesados, Cáceres, quien tiene una orden de prisión preventiva. Y la cadete Josselyn S., quien presuntamente estuvo en cerca y escuchó lo que ocurrió en el momento del crimen.
Además, la Policía ha pedido la vinculación y la prisión preventiva de 12 uniformados quienes, por omisiones, podrían ser procesados por femicidio.
La instrucción fiscal durará hasta mediados de enero de 2023. Posteriormente, la Fiscalía presentará los indicios recabados y la jueza Catalina Sánchez determinará quiénes van a juicio.
Luego, un Tribunal se encargará del juzgamiento y de dictar la sentencia de primera instancia.
Una vez que esté vigente ese fallo, los acusados podrán solicitar la apelación y casación de la sentencia. En ese momento la sentencia quedará en firme, pero resta una instancia más a nivel local: la Corte Constitucional (CC).
Cuando ese organismo se pronuncie, en caso de que los acusados o las víctimas lo soliciten, se habrá terminado el proceso local y la causa podrá ser llevada ante tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
El debate del caso Bernal
Juan Pablo Albán, abogado ecuatoriano y relator del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, ha aclarado que no es lo mismo hablar de un crimen de Estado que de una responsabilidad estatal.
Según el derecho internacional, se considera crimen de Estado cuando un Gobierno comete directamente una violación a los derecho humanos de una persona.
Mientras que la responsabilidad estatal incluye las presuntas omisiones de un Estado en el tratamiento de un crimen, lo que perjudica a las víctimas.
Albán considera que en el caso Bernal sí hay elementos para considerar una responsabilidad del Estado. El jurista expone que la definición de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzosas se ajusta en tres elementos al crimen de la abogada:
- Cualquier acto que implique privación de libertad.
- Involucramiento de agentes estatales.
- Negativa a revelar la suerte y el paradero de la víctima.
Además, Albán explica que la norma internacional no señala que para que haya responsabilidad estatal, los agentes involucrados (Germán Cáceres y los otros policías) debían haber estado en servicio cuando sucedió.
Del otro lado de la discusión está la postura de Farith Simon, abogado y docente, quien asegura que la muerte de Bernal se da en el contexto de su relación de pareja, y no porque el victimario era policía.
Y el hecho de que el presunto femicida sea policía y las circunstancias, únicamente evidencian lo “naturalizado” que está la violencia y el mal momento de la Policía ecuatoriana.
Aunque, el abogado Simon menciona que sí hay una responsabilidad de las instituciones del Estado en las circunstancias.
Por ejemplo, señala que la Policía tiene responsabilidad por las "relaciones de subordinación irreflexiva que promueve", por las omisiones en la seguridad y por el mal entendido “espíritu de cuerpo. Mientras que el Estado tiene su responsabilidad por no haber tomado medidas de prevención.
María Dolores Miño, abogada experta en derechos humanos, también abona la idea de que hay responsabilidad estatal. Incluso, sugiere que no es necesario esperar que el caso llegue al sistema interamericano.
Según ella, se podría iniciar de inmediato reparaciones materiales e inmateriales, así como garantías de no repetición y medidas de satisfacción en favor de la madre y el hijo de María Belén Bernal.
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