Columnista Invitado
El buffet normativo de las ciudades ecuatorianas
Arquitecto y consultor urbano con más de 20 años en su oficio. Analiza ciudades y su gobernanza desde la intersección entre diseño, instituciones y ciudadanía.
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En Quito, y cada vez con mayor claridad en otras ciudades del país, ya no hace falta violar la ley para transformar la ciudad. Basta con conocerla bien. No por un déficit de normas, sino por un sistema que permite alterarlas “en chiquis”, sin asumir costos políticos inmediatos. Las huellas dactilares aparecen después, cuando los reclamos llegan tarde y la decisión ya fue consumada.
Dos frentes lo exponen con crudeza, en Quito y más allá: el uso del suelo y las vallas publicitarias.
En el uso del suelo, el procedimiento aprende a esquivar reglas extensas y detalladas mediante instrumentos legítimos para producir resultados no debatidos. En las vallas, en cambio, la norma no solo se esquiva: se acomoda ad hoc para absorber lo que antes era irregular. Dos raíces distintas, un mismo efecto: la ciudad adaptándose al operador, no al revés.
El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), como uno de los instrumentos estructurantes de muchas ciudades ecuatorianas, es, en teoría, el corazón del proyecto urbano: fija usos, intensidades y reglas. Reformarlo exige lo que casi nunca ocurre: un debate técnico previo sobre la ciudad que queremos.
En la práctica, el modelo se reconfigura por una vía más discreta. Las normas subordinadas permiten que los instrumentos creados para desarrollar el plan ajusten los usos y la edificabilidad en ámbitos cada vez más pequeños: polígonos específicos, frentes puntuales o lotes concretos. Así, la decisión deja de ser metropolitana y se convierte en administrativa. El plan no se reforma: se evade.
El efecto es silencioso y a menudo irreversible, porque la planificación deja de operar como proyecto colectivo para funcionar como una secuencia de expedientes bien armados.
Ese mismo patrón se reproduce en el control cotidiano: procedimientos que se activan, sellos que se colocan y se rompen, expedientes que crecen mientras la infracción sigue operando. La sanción se vuelve ritual: se notifica, se sella y se archiva.
Con las vallas publicitarias ocurre lo mismo, solo que aquí resulta imposible no verlas. En Quito y en varias ciudades del país, el fenómeno resulta obsceno. Es la ventana de Overton en operación: la ilegalidad no se elimina, se desplaza hasta volverse aceptable. Durante años, los propios municipios han reconocido una irregularidad masiva; en Quito, de forma explícita: cientos de vallas y pantallas sin permiso, en lugares prohibidos o bajo condiciones irregulares. Existen resoluciones sancionatorias, multas millonarias y expedientes abiertos. El aparato sancionador existe, pero opera sin certeza de consecuencia.
Las multas se emiten; los procesos avanzan mínimamente. Mientras tanto, nuevas normas amplían los cupos y habilitan regularizaciones. Estructuras que operaron ilegalmente durante años pueden terminar absorbidas por un nuevo marco normativo, sin una frontera nítida entre sanción y premio. De nuevo, todo dentro de la ley.
Aquí aparece el patrón que une ambos casos. Las reglas no fallan: funcionan exactamente como están diseñadas. Premian al actor con astucia técnica y jurídica y con músculo financiero para navegarlas. No gana el más ilegal; gana el más adiestrado para administrarla a su favor.
Así, Quito y muchas otras ciudades ecuatorianas operan como un buffet normativo, reservado para un grupo reducido de actores que tuercen el sistema. El interés general queda enunciado; la ciudadanía, estructuralmente en desventaja.
Este no es solo un problema ético individual, sino también un problema de diseño institucional. La fragmentación de la toma de decisiones en comisiones, informes y resoluciones produce legalidad sin dirección y termina dejando a las ciudades decididas por nadie.
Las consecuencias no son abstractas, sino visibles y acumulativas: barrios que cambian de escala sin discusión metropolitana, cargas urbanísticas negociadas en silencio, derechos consolidados sin haber sido debatidos, espacio público tratado como activo privado, sanciones que dejan de disuadir y aprenden a convivir con el incumplimiento.
Los problemas normativos de Quito y del país no son fallas aisladas: son el resultado de un método que educa en la infracción rentable. Enseña que esperar paga, que cumplir estorba y que saber maniobrar dentro de la letra pequeña vale más que respetar la ciudad. Así opera el buffet: algunos repiten plato, mientras la ciudad se queda con las sobras.