Una ventana de oportunidad para acabar el paro

El choque entre los indígenas y la fuerza pública desde la madrugada de este martes en Otavalo fue de proporciones tan graves y con una inquina y violencia tan inusitada, que la calma que reinó desde las dos de la tarde de ese día fue un contraste asombroso, casi increíble.

Quienes tenemos alguna experiencia en el diálogo con los indígenas dedujimos que la pasividad de manifestantes y fuerza pública solo podía deberse a que se había producido una instancia de contacto y conversación entre las partes y que, por fin, se abría una ventana de oportunidad para bajar la violencia y, ojalá, detener el paro.

En efecto, cerca de las once de la noche, PRIMICIAS informaba que la alcaldesa y el párroco de Otavalo anunciaban que se había instalado el diálogo y que este continuaría a mediodía de ayer entre la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) y autoridades del Gobierno Nacional.

La alcaldesa, Anabel Hermosa (a quien conocí como funcionaria del municipio de Quito, ciudad de la que llegó a ser concejal), comunicaba también en su página de Facebook cerca de la medianoche que “luego de una jornada de intensas gestiones y diálogos entre líderes y lideresas del movimiento indígena y el Gobierno Nacional se ha logrado los primeros acuerdos para el restablecimiento progresivo de la paz y el trabajo para nuestro cantón”.

Informaba, además, que “siete de nuestros jóvenes y dos adultos mayores detenidos durante la jornada de hoy, regresaron esta noche con sus familias”, una importante concesión gubernamental.

A los comuneros que aún esperaban los resultados, la alcaldesa se dirigió reconociendo que "Ha sido una jornada bastante dura, triste, dolorosa. Ya no podíamos seguir en esta situación (...). Lo importante era dar el primer paso (para el diálogo)", según la misma nota de PRIMICIAS.

El párroco de Otavalo, Cristian Andrade, actuó como mediador. Él esperaba “que mañana (por ayer) ya se logre algo y este paro termine lo más pronto".

Al momento de escribir esta columna, aún no se ha instalado la mesa de diálogo, pero se espera que el ministro del Interior, John Reimberg, quien se encuentra desde el martes en Otavalo, no desperdicie esta oportunidad. A él le toca, además, proporcionar un local, dado que no aceptó hacerlo en el de la FICI.

La posición guerrerista de Reimberg y de su colega de Defensa, Gian Carlo Loffredo, debe terminar. Que su jefe, el presidente de la República Daniel Noboa haya dicho desde el primer momento que no quiere diálogo es una de las razones de la radicalización de la protesta indígena. Un presidente debe estar dispuesto al diálogo siempre, y mucho más con los indígenas.

Su actitud pendenciera, en la que llegó a decir la mayor barbaridad que he oído a un gobernante, que si los indígenas quieren sacarnos él sacará a los indígenas del Ecuador, nace, seguramente, de su intención de aparecer inflexible, de mano dura, invencible.

Y está bien que no ceda en una cosa: el precio del diésel. Ya sabemos que hacerlo llevó a la pérdida total de capital político a los presidentes Lenin Moreno y Guillermo Lasso, quienes a partir de entonces aparecieron muy débiles para el ejercicio del mando presidencial.

Que no ceda en eso ni en otra medida que considera crucial como el IVA, pero sí puede dialogar sobre las preocupaciones de los indígenas respecto al deterioro de sus condiciones de vida y la caída generalizada de la calidad de los servicios públicos.

Y Noboa puede hacerlo, porque hay muchas diferencias en la situación que él enfrenta con la de sus predecesores: tiene mucho más capital político que ellos y, sobre todo, ha logrado neutralizar el paro en la Sierra y el Oriente, salvo en las provincias de Imbabura y Carchi, cuya economía está devastada tras más de tres semanas de cortes, amenazas y enfrentamientos.

En el resto del país le dio resultado su estrategia de prevención. Se adelantó a los acontecimientos de varias maneras (trasladar la sede del Gobierno a Latacunga, declarar el estado de excepción; congelar cuentas bancarias) y fue proactivo (actos diarios en distintos cantones, aunque en algunos se expuso él y expuso a miembros del cuerpo diplomático).

Que el presidente y la fuerza pública aprendieron las lecciones de 2019 y 2022 se comprobó también el 12 de octubre ante la pretendida toma de Quito. Control de carreteras y prohibición del paso de vehículos con manifestantes, tanto desde Imbabura como desde Cotopaxi hacia Quito. Y en la ciudad, imposibilitar que la marcha —que desde el inicio apareció mucho menos concurrida que lo que esperaban sus organizadores—, avance hacia el centro histórico y dispersar a los pocos centenares que llegaron al Parque del Arbolito.

El cierre de la mayor mina ilegal de oro del país (y algunos dicen del mundo, aunque no lo he podido verificar), la de Buenos Aires, seguro foco de financiamiento de un componente de la protesta, es así mismo un acierto.

Pero negarse a dialogar no es democrático, por más que voces destempladas, que parecen exigir la masacre de los indígenas, critiquen, con soberbia e ignorancia, los llamados al diálogo del cardenal Cabrera.

No niego que la protesta indígena ha rebasado los límites con su propia violencia: lanzas para perforar las llantas de los vehículos y usarlas contra ciudadanos y fuerza pública; bazucas para voladores, convirtiéndolos en armas que pueden causar la muerte; escudos metálicos protectores; organización cuasimilitar en los avances y retrocesos; ataques a la caravana presidencial; violencia contra conciudadanos que quieren seguir trabajando; imposición de multas a quienes, dentro de sus comunas, se oponen al paro, y hasta extremos mafiosos como el control del gas doméstico en Otavalo, extorsionando a los ciudadanos al exigir 15 dólares por cilindro. Y, como siempre, asaltos a florícolas, agroindustrias, talleres e, inclusive, infiltrados con armas de fuego.

Pero la intransigencia de los indígenas e, incluso, que hayan permitido infiltrados, no puede tener como respuesta una ciega intransigencia de parte del Gobierno ni, menos, una guerra civil contra parte de la propia población ecuatoriana. Para eso es Gobierno: para usar no solo la fuerza sino la inteligencia y la capacidad del Estado para responder a sus demandas.

No son los convoyes militares fuertemente armados ni la fatua declaración ministerial de que va a abrir por la fuerza todas las carreteras de Imbabura, tras 23 días de cierre, lo que harán que cese el paro.

La primera lección que los militares aprendieron hace 35 años, en el levantamiento de 1990, es que jamás se puede impedir por la fuerza los cortes de carreteras, porque la movilidad de los indígenas, incluso en grupos pequeños, es mucho mayor que la de las fuerzas armadas. Es posible tumbar unos árboles, poner unas piedras, abrir unas zanjas antes de que llegue la fuerza pública y, mientras esta despeja un sitio, ya los indígenas están cerrando los caminos en varios otros puntos. Ese juego del gato y el ratón desgasta a la fuerza pública y la hace aparecer como ineficaz.

Solo el diálogo puede llevar a que los indígenas se desmovilicen. Ya hubo intentos de iniciar conversaciones en Ibarra, que se frustraron por la autosuficiencia de Reimberg (que incluso se hace el que ignora el carácter neutral de la Cruz Roja; se hace, digo, porque no puedo creer que realmente lo ignora).

Que ahora, todos tengan una actitud constructiva.

Y paciencia, mucha paciencia, que es lo que se necesita en el diálogo con los indígenas.

Porque de no ser así, Noboa ni siquiera va a poder ganar la consulta popular y sería preferible que, de una vez, la suspenda. Los ecuatorianos están dispuestos a avanzar y Noboa debe conservar bastante de su popularidad, pero no hay duda de que, ha perdido ya muchísimos votantes. Aquí una lista de sus bajas:

• Azuay, por su intransigencia y la de la ministra Manzano (una extremista con cara de monja de la Caridad).
• Las élites indígenas de la Sierra, que estuvieron con él y le apoyaron en campaña, debido a su actitud actual no dialogante.
• Las clases medias de la Sierra, aquel segmento que cree en la democracia y que abjura de Correa por su autoritarismo y abuso del poder, debido a que empiezan a ver estos mismos rasgos en Noboa, en especial, la ley para ahorrar impuestos a su propio conglomerado empresarial; la intolerancia a los cuestionamientos de la prensa independiente (Expreso, Enrique Alcívar); la compra de medios entre gallos y medianoche (La Posta, radio Centro de Guayaquil) y la tolerancia a la corrupción (el clamoroso caso de Progen, que ya cumple un año).
• El segmento del pueblo que lo respaldó, debido a la ausencia de respuesta del Gobierno en lo que la gente necesita: trabajo, seguridad, salud (hay un descalabro total del sistema de salud).

Así que, ojalá el diálogo de Otavalo, abra un período de tolerancia, respeto mutuo y atención a las necesidades urgentes de la población.