El deslizamiento del gobierno de Noboa hacia el autoritarismo

Estamos en época de deslizamientos, corrimientos y derrumbes. Suelen ser físicos, producto de lluvias que aflojan la tierra. Pero también los hay políticos. Y lo que observamos con preocupación creciente en el gobierno de Daniel Noboa se parece demasiado a uno de ellos.

Las derivas autoritarias rara vez irrumpen con estrépito sino que en el siglo XXI lo hacen con cambios graduales y acumulativos que debilitan controles y libertades. Los signos son conocidos —el Ecuador los vivió hace una década en el gobierno de Correa—: concentración de poder, erosión de la independencia judicial, persecución a la oposición, ataques a la prensa y restricciones al acceso a la información.

La actual concentración de poder es evidente. Organismos de control que deberían ser independientes actúan con diligencia selectiva y complaciente. La Procuraduría y la Superintendencia de Compañías destacan por su obsecuencia.

La Asamblea Nacional, por su parte, opera como apéndice del Ejecutivo. Tramita sin mayor deliberación sus proyectos sin consultar a gremios, sectores afectados, académicos o expertos. Los aprueban con modificaciones a veces insólitas —como la inclusión de minería de áridos y pétreos en las Galápagos, dentro de la ley de minería— y se publican en el Registro Oficial sin vetos parciales ni totales, cual edictos imperiales.

El parlamento, por lo demás, ha renunciado a su función de fiscalización. Los episodios de Progen o Austral no han merecido siquiera un débil intento de esclarecer responsabilidades.

La erosión de la independencia judicial es inequívoca. Como en la erosión regresiva del río Coca, las paredes del cauce institucional se desmoronan.

El caso más alarmante es el Consejo de la Judicatura, hoy encabezado por quien fue funcionario de confianza del Ejecutivo, tras la eliminación —mediante argucias— de la legítima suplente del cuestionado Godoy, la doctora Alexandra Villacís. Y todo indica que la elección del próximo fiscal general se hará a la medida del poder.

La persecución a la oposición es incuestionable: con base legal o sin ella, el correísmo ha sido suspendido nueve meses y el alcalde de Guayaquil está en la cárcel de máxima seguridad del país, rapado y privado hasta de la biblia. No es que los defienda, al revés, soy su crítico tenaz y yo mismo sufrí persecución del correísmo, pero defiendo su derecho a discrepar, a hacer oposición y, en todo caso, a ser juzgados dentro de los límites de la ley y la humanidad.

El caso más alarmante en el hostigamiento a la prensa es la obsesión con los diarios Expreso y Extra, editados por Granasa: primero, supuesto lavado de dinero; luego, intento de apoderarse de un paquete accionario y, ahora, la intervención por la Superintendencia de Compañías por una causal que luce fútil. Es imposible no recordar la intervención en Edimpres, editora del diario Hoy, que culminó con su desaparición.

Según la denuncia formulada en el pódcast Politizados, tres funcionarios del Gobierno —cada uno de mayor jerarquía que el anterior— habrían ofrecido cesar la persecución a cambio de una condición explícita: la salida de tres figuras de Expreso. Eduardo Carmignani, representante legal de la empresa, presidente del consejo editorial y columnista. Y Roberto Aguilar y Martín Pallares, periodistas de larga trayectoria, probada capacidad investigativa, y pluma —y ahora también lengua— mordaz.

La estigmatización de opositores y periodistas es impropia en un régimen democrático. Además, hay signos de una eventual concentración de medios en manos del poder, o de sus allegados.

La tapa, la verdadera tapa de todo —por disparatada— es el reglamento que restringe el acceso a la información de las Fuerzas Armadas: un instrumento rebautizado como “proyecto”, que pretende cribar a medios y periodistas según su orientación y postura frente a la institución.

Firmada el 28 de enero de 2026 por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, la disposición configura un mecanismo de censura previa, expresamente prohibido por la Constitución. Ordena evaluar la línea editorial del medio, su tratamiento histórico de la institución, el supuesto “rigor informativo” y la conducta profesional del periodista.

Mediante un sistema de puntajes, los medios serían clasificados como “afines o aptos”, “aptos condicionados” o “no aptos para acreditación”. Una taxonomía inadmisible en un Estado democrático.

Y, además, un descomunal retroceso de aquel logro tan significativo de las FF. AA. del Ecuador: en el Cenepa no solo se ganó al Perú en el terreno militar; también se ganó la batalla informativa gracias a la apertura, la transparencia y la relación franca con periodistas de todas las tendencias y procedencias. Lo he sostenido en un par de conferencias en la Academia de Guerra y en un artículo publicado en la revista Ejército Ecuatoriano.

La suma de factores pinta un cuadro preocupante. El Ecuador ya transitó este camino y conoce sus consecuencias. La experiencia debería servir para no repetir errores. Porque las democracias no suelen caer de un solo golpe: se erosionan lentamente, como la tierra saturada de lluvia, hasta que el deslizamiento resulta inevitable.