Qué esperar de la campaña militar conjunta con Estados Unidos contra el narcotráfico

Como bien lo contó PRIMICIAS, el Comando Sur de Estados Unidos informó la noche del 3 de marzo que fuerzas de ese país y del nuestro iniciaron operaciones militares contra el terrorismo.

El comunicado, colgado en X, incluyó un video de 30 segundos que se ven helicópteros sobrevolando, recogiendo soldados y tomas en blanco y negro desde el aire de personas desplazándose en tierra.

Aunque se suponía que algo así iba a suceder en algún momento, el anuncio que hizo el presidente en el acto de la Policía el lunes y su encuentro al día siguiente con el jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, hacían pensar que esas acciones se realizarían en el período del toque de queda del 15 al 30 de marzo.

Pero estas ya se iniciaron la madrugada del martes y, por tanto, el encuentro Noboa-Donovan se realizó después de la primera intervención. "El 3 de marzo, fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra Organizaciones Terroristas Designadas en Ecuador”, decía el comunicado.

También la embajada de EE. UU. en Quito puso el suyo la noche del martes, con un tono un poco distinto. Mientras el Comando Sur habla de operaciones militares en ejecución, la embajada enfatiza en que es “parte de los esfuerzos continuos” del combate al tráfico internacional de cocaína, resalta la cooperación inter-agencias y da detalles como que esta operación conjunta, contra Los Lobos y la mafia albanesa, se inició en enero de 2025.

A su vez, el New York Times opinó que lo del Ecuador “parece ser una importante expansión de los ataques unilaterales del ejército estadounidense contra embarcaciones en el Mar Caribe y el Pacífico Oriental, a las que la administración Trump acusa de transportar drogas”.

Una fuente militar le ha dicho al Times que las Fuerzas Especiales de EE. UU. están asesorando a los comandos ecuatorianos en las redadas en el país, que proporcionan inteligencia y apoyo logístico y que este es el inicio de otras operaciones que se realizarán en conjunto.

En América Latina hay experiencia de campañas militares con EE. UU. contra las drogas. Algunas han durado años, como la Iniciativa Mérida o el Plan Colombia, así que se pueden deducir los pros y contras de tal cooperación.

Al participar EE. UU., la fuerza pública ecuatoriana accede a tecnología avanzada, inteligencia satelital, interceptación de comunicaciones y, en el caso de que haya apoyo logístico, participación de helicópteros, aviones y embarcaciones potenciando el equipamiento de las fuerzas armadas y policiales ecuatorianas.

También puede entenderse que existe apoyo financiero, es decir fondos significativos para cada una de las redadas y para combatir a la delincuencia organizada. Sería de desear que esos fondos sirvieran para fortalecer de manera más permanente nuestras instituciones de seguridad e incluso la modernización de sistemas judiciales y de inteligencia.

El objetivo de las operaciones conjuntas es, por supuesto, la captura o abatimiento de líderes de alto perfil, la desarticulación de bandas y la eliminación de rutas internacionales de tráfico.

Sin embargo, la experiencia muestra el riesgo de la militarización de la seguridad pública, el uso del ejército en tareas policiales y la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos, como se ha denunciado repetidamente en la ejecución del Plan Colombia.

En el Ecuador estamos viendo que la violencia ha aumentado exponencialmente con la fragmentación de los carteles, lo que provoca más conflictos internos y la escalada de explosiones y exterminación mutua en provincias como El Oro y Los Ríos. La alianza Ecuador-EE. UU. debe identificar claramente esos grupos menores para tomar las decisiones más apropiadas de seguridad, sin que el país pierda autonomía y no haya condicionamientos políticos y estratégicos por parte de EE. UU.

Aunque en el Ecuador hay un clamor por mayor seguridad, una operación conjunta como la planeada (el Ministerio de Defensa del Ecuador habla de “Ofensiva Total”), debe cuidar la afectación a la población civil donde actúe y el respeto a los derechos humanos.

Todo esto sin dejar de reclamar a EE. UU. que, a la vez que apoya aquí el ahogo militar a la oferta, debe reducir la demanda de drogas en su propio país, combatir los poderosos carteles que la distribuyen dentro de sus fronteras e impedir el gigantesco blanqueo de dinero criminal en su sistema financiero.

Ecuador está a la expectativa. Confía en que estas operaciones conjuntas fortalezcan la capacidad inmediata de nuestro Estado para enfrentar al crimen organizado. Pero tiene claro que estas no van a resolver las causas estructurales del narcotráfico (pobreza, corrupción, falta de oportunidades). Una estrategia efectiva requiere combinar mejoras en seguridad y justicia, desarrollo social, reformas institucionales, cooperación efectiva de Colombia y reducción de la demanda internacional.