Los desechables no tienen segundas oportunidades

La proyección demográfica establece que ya son alrededor de tres millones y medio de adolescentes en el país; es decir, el 20 por ciento de la población total del Ecuador. Las noticias que nos llegan de ellos, mayoritariamente, son alarmantes; poco o nada se les toma en cuenta para algo que no sea escandaloso o, de plano, criminal. Los legisladores, en un gesto medieval, simbólicamente les acaban de grabar a fuego una especie de flor de lis que deja a muchísimos de ellos expuestos a su suerte, despojados de su derecho a las segundas oportunidades. 

Esta semana, los adolescentes coparon los titulares y las redes sociales. Por el destino al que condena a aquellos que cometan delitos graves la flamante Ley de Integridad Pública, y por la paliza espantosa que una chica le propinó a otra en el Parque Itchimbía.

Ambas noticias convocan al espanto, por razones distintas, diría que incluso opuestas. Pero ambas cuentan con cheerleaders en una misma orilla que azuzan desde la tribuna para que los adolescentes violentos, infractores o delincuentes no tengan otra opción que pudrirse en la cárcel, mientras más años mejor, si se puede que boten la llave al mar, y que desaparezcan de la vida en sociedad. Asunto arreglado. Ese parece ser el sentir popular.

Cuántos errores y horrores se cometen a nombre del pueblo y su supuesta —o real— voluntad (permítanme este paréntesis y grábenselo: ni el cliente ni el pueblo tienen siempre la razón). Con un poco de demagogia y la puesta en marcha de falacias básicas es muy fácil vender el argumento de que con solo imponer penas de adultos a los adolescentes el problema de la criminalidad juvenil se va a resolver. Es más, eso querría decir que apenas le ley entre en vigencia ya estaría resuelto.

Con una falacia de disyunción, el asambleísta Adrián Castro, de ADN, justificaba esta semana lo aprobado; palabras más, palabras menos, dijo que están salvando a los adolescentes de ser reclutados por las mafias para cometer crímenes graves, porque ahora les van a dar más años de cárcel. En su razonamiento, solo hay dos posibilidades: ser reclutado o no ser reclutado. Al asambleísta no se le ocurre (o se le ocurre, pero no la incluye) una tercera opción que es mucho más factible: que las mafias sigan reclutando adolescentes para cometer sicariatos y otros crímenes atroces y los dejen caer en las fauces del sistema carcelario ecuatoriano una vez que los capturen, para que pasen ahí el resto de sus años mozos. Total, materia prima les sobra. Levantarán una piedra y de ella brotarán diez, veinte, o más candidatos a niños sicarios. Todos, por supuesto, serán desechables, para las mafias y para la sociedad.

Solo el año pasado, 3.500 menores fueron detenidos en operativos contra bandas criminales, según le dijo el ministro Reimberg a la agencia internacional EFE. Para la mayoría de ellos, de ahora en adelante, no habrá segundas oportunidades. La rehabilitación, parece haber decidido la mayoría, no es una opción para estos chicos, que apenas cumplan 18 años pasaran a los círculos más infames del infierno. Es innegable que son jóvenes conflictivos, algunos incluso indeseables, pero hay (debe haber) maneras de reencaminar una vida joven. Como sociedad, no nos podemos conformar con simplemente desecharlas cuando se descarrilan. Los asambleístas que aprobaron esta ley, o sus asesores, deberían saber que el cerebro humano y su capacidad de control y decisión termina de formarse a los 25 años, por eso a un adolescente no se lo puede sancionar con los mismos parámetros que a un adulto. Es una persona en formación o deformación, depende de lo que la sociedad haga con él o ella.

El caso de la chica con furias asesinas pone la atención sobre otro problema al que se enfrentan las escuelas, colegios y universidades: la violencia exacerbada y gratuita a la que están expuestos física y/o virtualmente quienes conviven en esos espacios educativos. Que haya estudiantes que extorsionan a profesores por notas, compañeros de aula que involucran a otros en conductas delincuenciales o simplemente los extorsionan para dejar de hostigarlos es incomprensible, es horrendo y debería ser intolerable. Los adolescentes saben que sus acciones tienen consecuencias, que no tienen patente de corso, y si no lo saben tienen que empezar a saberlo. Parte de esa enseñanza es la proporcionalidad en el castigo; de lo contrario, les estaremos dando el manual de cómo ser draconianos, indolentes.

¿Tenemos en Ecuador lo que se necesita para implementar soluciones complejas, multidimensionales, de largo plazo y además costosas para rescatar a una parte importante de ese 20 por ciento de la población que amenaza con perderse en el abismo y llevarse por delante, junto a ellos, a ciudadanos inocentes? ¿O es el Ecuador ese país devoto del populismo penal que cree que la cárcel lo soluciona todo y que sus ciudadanos más jóvenes no son merecedores de segundas oportunidades? ¿De verdad somos esa patria-tierra-sagrada que trata a sus adolescentes como desechables? No me respondan a mí, respóndale a su conciencia.