Lo invisible de las ciudades
La caída de la Constituyente
Arquitecto, urbanista y escritor. Profesor e Investigador del Colegio de Arquitectura y Diseño Interior de la USFQ. Escribe en varios medios de comunicación sobre asuntos urbanos. Ha publicado también como novelista.
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En varios artículos he escrito sobre la necesidad de llevar a cabo una de las dos siguientes acciones: o una nueva Constitución, o una reforma estructural dramática de la Constitución vigente. Mi gran “pero” a la Carta Magna del 2008 es su hiperpresidencialismo; algo que ni siquiera cuestiona el bando político que la creó, ahora que les toca jugar de oposición.
Cuando el actual gobierno planteó la idea de convocar a una nueva Constituyente, creí como muchos, que esa sería la oportunidad para hacer cambios importantes en la organización de nuestro país. Sin embargo, dicha confianza se replegó. Varios personajes del Gobierno -o cercanos al mismo- comenzaron a dar declaraciones tajantes; cosas como eliminar las actuales compensaciones salariales (décimos tercer y cuarto sueldos), la abolición de la justicia indígena, los derechos de la naturaleza y la cantidad de poderes del Estado. ¡Ojo! No es que dichos temas no merezcan ser debatidos. Simplemente, fueron expuestos de manera impositiva y unilateral; como si dicho proyecto constitucional ya estuviera hecho. Esto generó desconfianza. Se sentía como una antítesis reaccionaria a la constitución actual. Más hiperpresidencialismo, pero del bando ideológico opuesto.
Ninguna Constitución debería nacer del mero antagonismo político.
La Carta Magna define la organización del Estado y los derechos de sus ciudadanos. Por ende, esta debe ser producto del diálogo; no de la confrontación. Todo puede ser debatible y establecido; pero como resultado de la negociación y de acuerdos.
Si dejamos a un lado las reacciones viscerales, podemos ver que hay cosas más relevantes que discutir y mejorar. Los diferentes grupos políticos podrían plantear sus posturas; tal como yo me atrevo –una vez más- a compartir mi opinión, a través de este medio.
La organización interna del poder Legislativo me parece relevante. La bicameralidad permitiría que las leyes se debatan más rápido y con perspectivas diferentes. Eliminaría la redundancia de que el mismo grupo de asambleístas debata dos veces el mismo proyecto de ley. También podrían debatirse los requisitos a cumplir para ser asambleísta o Senador.
En cuanto al poder Ejecutivo, me parece práctico que este maneje simultáneamente las jefaturas de estado y de Gobierno. Quizás una de las pocas cosas rescatables del modelo estadounidense sea que los ministros deban ser propuestos por el Ejecutivo, pero que pasen por la aprobación del poder Legislativo.
El frente que requiere ser reforzado es sin duda el poder Judicial. Los jueces deberían cumplir con requisitos que vayan más allá de su educación universitaria. También deberían prestarse mejores condiciones de vida para ellos; para que no caigan en la tentación de ceder ante las presiones de las partes involucradas en los delitos bajo su jurisdicción. Desde mi ignorancia debo confesar, que siempre me ha llamado la atención el enorme contraste que hay entre la facilidad con la que salen impunes los criminales de peso, versus los ciudadanos que cometen faltas menores. En ocasiones, se siente como si los ciudadanos sin padrino fueran considerados culpables, hasta demostrarse lo contrario.
Si hay algo que debería mantenerse es la Corte Constitucional. Además de haber salido fortalecida luego de sus conflictos con el presidente, su función como última instancia judicial ha sido no perfecta, pero sí excepcionalmente eficiente.
Finalmente, el manejo de la organización política de nuestro territorio tiene muchos frentes que pueden ser mejorados. No me refiero a reorganización de provincias, cantones y parroquias; sí a las competencias de los poderes seccionales. Para poner un ejemplo: ¿no sería mejor que la recolección de impuestos a escala municipal, considerando que conocen mejor el territorio?
Dicho todo esto, vale también cuestionar cuán efectiva es la acción de crear constituciones. La historia nos ha demostrado que con veinte constituciones no hemos logrado arreglar nuestros problemas. ¿Será que podemos solucionarlos de manera progresiva, por vías ordinarias?