Ayudando y Aprendiendo: La ciudad la hacemos todos

Acabamos el semestre acá, en la USFQ, y como profesor me siento satisfecho de poder complementar la formación universitaria de mis estudiantes con experiencias que los aproximen a la comunidad y les concienticen; tanto de los problemas existentes, como de las herramientas disponibles para remediarlos.

En la pasada clase de Teoría Urbana II, tanto mis estudiantes como este servidor exploramos los problemas más críticos que enfrenta el Quito de nuestros días. Cuatro campos de acción nos llamaron la atención: la calidad ambiental de la ciudad, la movilidad, la preservación del patrimonio construido y los asentamientos informales en zonas de riesgo.

Se escogió luego un escenario por cada desafío. En dichos escenarios debía resaltarse un problema y —de ser posible— llegar a resaltar el potencial del sitio a través de una propuesta. Finalmente, los escenarios escogidos fueron: para los asentamientos en zona de riesgo, las faldas del Pichincha; para la movilidad, la antigua vía férrea que va de Chimbacalle a Puembo; para la calidad ambiental, los terrenos aledaños al río Machángara; y para la preservación ambiental, el barrio La Mariscal.

El desafío que se le puso a los estudiantes era: ¿Se pueden mejorar las condiciones en estos cuatro escenarios, con un solo proyecto de normativa? Se realizaron entonces trabajos de investigación, buscando precedentes en otras ciudades. Apareció un referente norteamericano relevante: el “Transfer of Development Rights”, conocido por sus iniciales como TDR. Se trata de una conceptualización jurídica, que le atribuye al terreno su capacidad de edificabilidad; como si fuera una característica del mismo. Al entenderse la edificabilidad como un rasgo del terreno, el propietario puede disponer de este rasgo como le convenga; puede venderlo si quiere.

En Ecuador, nuestro sistema jurídico no concibe la edificabilidad como una característica del terreno, sino como un permiso otorgado por el Municipio, quien es el dueño de todos los derechos de edificabilidad y puede administrarlos como crea conveniente. En dicha premisa se sustenta la Concesión Onerosa de Derechos.

Se elaboró entonces un proyecto de ordenanza metropolitano, que le permita al Municipio definir ciertas áreas como “estratégicas” para la ciudad. Los propietarios de los terrenos en dichas áreas podrían entonces venderles a terceros —según sea el caso— la edificabilidad no utilizada y la edificabilidad construida, para poder ceder su propiedad al municipio; y que este pueda disponer de dichos terrenos para el beneficio de la ciudadanía.

Para eso, el Municipio debería elaborar una especie de “bolsa de derechos de edificabilidad”, donde los ofertantes puedan encontrar interesados en comprar más edificabilidad para sus proyectos. El municipio tendría ingresos adicionales, cobrando una tasa porcentual a cada transacción realizada. Esta propuesta ofrece además una alternativa a la expropiación de inmuebles, que siempre termina en largas y engorrosas apelaciones judiciales que frustran a las partes involucradas.

Con dicha ordenanza, podría lograrse que, los propietarios de inmuebles inventariados en La Mariscal consigan fondos para restaurar el patrimonio construido en su poder. También podría servir para rescatar al río Machángara y convertir sectores aledaños al mismo en áreas verdes. Adicionalmente, de implementarse, dicha ordenanza podría servir para reubicar construcciones en áreas de riesgo, y convertir al actual Chaquiñán en un espacio lineal donde coexista la recreación ciudadana con un tranvía; que vaya desde El Recreo o Chimbacalle, hasta el aeropuerto en Tababela.

Este trabajo fue presentado a representantes de la Secretaría de Hábitat y ordenamiento Territorial del Municipio Metropolitano de Quito; provocando reacciones favorables a la respuesta.

Enseñar no debe ser simplemente un proceso de trasplantar información de la cabeza del profesor al estudiante. Más bien, debe ser un proceso que integre al estudiante con el entorno que aspira a convertir en un mejor lugar.