Lo invisible de las ciudades
El transporte público es más privado de lo que parece
Arquitecto, urbanista y escritor. Profesor e Investigador del Colegio de Arquitectura y Diseño Interior de la USFQ. Escribe en varios medios de comunicación sobre asuntos urbanos. Ha publicado también como novelista.
Actualizada:
En estas últimas semanas hemos oído mucho las protestas por parte de los transportistas, como consecuencia de la eliminación del subsidio al diésel. Por ahora, no quiero emitir opiniones sobre esta medida económica. Creo que ese tema merece un escrito aparte; y debería ser realizado por alguien con más experiencia en la materia. En lo que sí me atrevo a opinar, es sobre el transporte público de Quito; sobre cómo funciona y cómo podría mejorarse este servicio.
Lo primero que debemos resaltar es la fragmentación que caracteriza a nuestro transporte público. No sólo que las cooperativas no están coordinadas entre sí, sino que tampoco lo están con el trole o los buses BRT (Metrobús y Ecovía). El Metro cuenta con estaciones cercanas a paradas de buses y trole. Sin embargo, aún se trata de sistemas que no están completamente integrados. Uno paga por el pasaje del metro con una tarjeta y luego debe pagar en efectivo para entrar a un bus. Queda claro que integrar los medios públicos de movilización no es solo cuestión de juntar estaciones y paradas. Hay factores económicos, culturales y sociales que deben ser discutidos.
También debemos hablar sobre los riesgos innecesarios a los que los transportistas exponen a sus usuarios. El más preocupante lo producen los enormes buses que pasan por el estrecho y riesgoso Camino de Orellana, que en los últimos años ha tenido varios colapsos que han causado el cierre parcial de esta vía. Afortunadamente, en dichos colapsos no hemos tenido pérdidas humanas. Sin embargo, deberíamos revisar si existe relación alguna, entre la presencia de buses grandes en esta vía y la presencia de ensanchamientos y aperturas entre los adoquines de un camino, que apenas fue inaugurado al final de la administración municipal anterior.
Las alternativas de desplazamiento de los quiteños deben ser concebidas como un todo. Para ello, debemos conectarlas. Uno debería poder tomar un bus; y con esa misma tarifa, tener la oportunidad a realizar los trasbordos necesarios para poder llegar a su destino. Para eso, las cooperativas deberían contar con la presencia del Municipio dentro de sus directivas. Esto no solo ayudaría a integrarlas. También permitiría que las cooperativas de transporte respondan de manera más directa a las autoridades municipales. Digámoslo de frente: por mucho que ellas se presenten como representantes de las clases más populares, las cooperativas de transporte público son organizaciones privadas; y en este asunto, sí creo pertinente que el municipio participe de ellas. El transporte es competencia municipal; por ende es el Cabildo quien debe organizar planificar y gestionar.
La participación municipal en la administración de las cooperativas de buses debería servir también para eliminar -de una vez por todas- las groseras emisiones de dióxido de carbono por parte de los buses y busetas. De nada sirve que los standards ambientales de las revisiones se queden solamente en el momento de presentar a los buses en la AMT. Insisto una vez más: los agentes de la AMT deberían preocuparse más por sacar de circulación a los buses que contaminan, y cortar con la lucrativa obsesión que tienen con quienes no acatan el pico y placa. Eso se presta para tristes tentaciones. “Piensa mal y acertarás”, decía mi abuela.
El transporte público en la capital debe reestructurarse. El municipio debe ser más partícipe en la toma de decisiones y ser un contrapeso relevante frente a las cooperativas. Esto debe hacerse de manera coordinada, para que con nuevas infraestructuras todos los medios de transporte se interconecten entre sí. Aún queda mucho por hacer, para lograr que el transporte público sea una alternativa óptima y adecuada para todos.