Acuerdos y desacuerdos: el futuro de la próxima Asamblea Nacional

La nueva Asamblea Nacional arranca con un mapa político marcado por dos grandes bloques casi iguales en número: Revolución Ciudadana —67 asambleístas– y Acción Democrática Nacional (ADN)— 66—, ninguno con mayoría absoluta por sí solo, lo que obliga a una negociación constante —y, ojalá, transparente— y a la búsqueda de consensos en un Legislativo fragmentado. 

Este escenario, aunque podría ser una oportunidad para la pluralidad, también abre la puerta a prácticas que evidencian la fragilidad de los partidos políticos y el poco compromiso de su militancia, o la poca militancia de sus candidatos. Lo hemos visto en otros períodos legislativos y este no es la excepción: Mónica Salazar, que llegó a la Asamblea auspiciada por la Revolución Ciudadana, ni siquiera esperó posesionarse y ya pasó a ser parte del oficialismo.

Cuando la votación es en plancha — es decir por la lista, no por los individuos— el mérito de la victoria es mucho menos individual que de la organización política, por lo tanto, abandonarla antes siquiera de posesionarse, debería ser sancionado. Caso contrario, es un uso ilegítimo e inescrupuloso de las organizaciones políticas para cumplir fines personales.

Es además engañoso para los votantes que los eligen como parte de un proyecto político y son prácticas que erosionan la confianza ciudadana y debilitan la legitimidad del Parlamento. ¿Qué legitimidad puede tener un legislador que llega por una organización política a la que abandona incluso antes de posesionarse?

Distintos son los acuerdos transparentes y frontales entre las organizaciones políticas. Estos son necesarios para dar soluciones a los problemas del país. El problema es cuando estos se hacen bajo la mesa. Ocurrió ya al inicio del gobierno de Guillermo Lasso, cuando el día en que debían posesionarse los legisladores y elegirse las autoridades legislativas, se hizo público de un supuesto acuerdo que se había venido cocinando hace semanas entre el correísmo, el Partido Social Cristiano y CREO, en ese entonces, partido de gobierno.

El acuerdo se cayó y el costo político para Lasso fue altísimo; su gobierno fue extremadamente turbulento y no hubo operación política capaz de recomponer el diálogo.

En el último período, la relación entre la Asamblea y el Ejecutivo presidido por Daniel Noboa también tuvo sus altibajos. Al inicio parecía que había un entendimiento entre la mayoría correísta y el oficialismo.

En su época de legislador, Noboa había mantenido buenas relaciones con el correísmo, incluso en 2022, costeó un viaje a Rusia a varios de sus compañeros asambleístas, incluyendo a algunas de RC como Marcela Holguín, Pamela Aguirre y Johanna Ortíz.

Además, durante la campaña de 2023, el entonces candidato Noboa había procurado tener un discurso más conciliador, alejado de la disputa correísmo/anticorreísmo que ha marcado los últimos años en la política nacional y había incluso buscado ser candidato por esa organización, de acuerdo a declaraciones que ha hecho su líder, Rafael Correa.

Por todo eso no era impensable que Noboa pudiera hacer acuerdos políticos con la Revolución Ciudadana y así parecía los primeros meses de su gobierno, en los que, en la Asamblea incluso se habló de un acuerdo legislativo en común. Sin embargo, este terminó por quebrarse tras la decisión del gobierno de incursionar en la sede diplomática de México en Quito, para capturar a Jorge Glas, el 5 de abril de 2024.

Desde entonces, las relaciones dieron un giro abrupto y el correísmo se plantó como la oposición dura de Noboa, quien respondió apalancándose en el discurso del anticorreísmo que antes había rechazado.

Hoy, la RC y ADN se encontrarán nuevamente, en condiciones diferentes para ambos. La RC ya no tiene mayoría y ADN entra con fuerza a ocupar un espacio de poder que no había tenido antes.

Los asambleístas del Partido Social Cristiano, de Pachakutik y de los otros movimientos que lograron llegar tendrán un rol definitorio en ese escenario, pues de sus votos dependerá, por ejemplo, la posibilidad de fiscalizar autoridades o aprobar leyes.

Qué tan dispuesto está el oficialismo a fiscalizar a sus coidearios y a ser contrapeso del poder Ejecutivo y qué tanto apoyará la oposición las propuestas de ADN, veremos en los primeros meses de gestión.

En un momento en que el país enfrenta desafíos económicos, sociales y políticos profundos, la Asamblea y los partidos políticos deben estar a la altura y demostrar que pueden legislar, fiscalizar y alcanzar acuerdos mínimos por el bienestar del país.