Esto no es político
Estamos advertidos
Periodista. Conductora del podcast Esto no es Político. Ha sido editora política, reportera de noticias, cronista y colaboradora en medios nacionales e internacionales como New York Times y Washington Post.
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Una imagen que debería espeluznar a cualquiera que se precie de tener un mínimo aprecio por la democracia: la flamante ministra de Gobierno, Zaida Rovira y el presidente de la Asamblea, Niels Olsen —ambos representantes del oficialismo— aparecieron en una mesa para hacer un anuncio en cadena nacional.
A un extremo, un coronel del Ejército; al otro, uno de la Policía, ambos sin mayor relevancia en la cadena de mando. Detrás, cuatro uniformados, armados, con cascos y, a excepción de uno, cubiertos sus rostros.
La escena no fue casual; al contrario, fue cuidadosamente montada, como una respuesta amenazante a la decisión que, horas antes, había tomado la Corte Constitucional, de suspender provisionalmente 17 artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad e Integridad, enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por la Asamblea Nacional con mayoría oficialista.
Con tono severo, Zaida Rovira —cuyas muestras de servilismo al gobierno han estado a la vista de todos— pronunció un brevísimo discurso sobre el que tropezó varias veces mientras leía, haciendo pausas donde sobraban.
“Tres leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, con mayoría, con legitimidad, pero hoy la Corte Constitucional decidió suspenderlas y lo hizo detrás de un boletín, como si un boletín pudiera anular la voluntad de millones de ecuatorianos”, dijo Rovira, sin sonrojarse.
Ella, que hasta hace poco fue la gobernadora de una de las zonas más violentas del país, representante de un gobierno que ha sido incapaz de dar soluciones a esos millones de ecuatorianos a los que hoy apela en un discurso populista y peligrosísimo para la democracia.
La voluntad de los ecuatorianos, como dice la funcionaria, no está por encima de la Ley y la Constitución. Añade, con el desparpajo ya característico en la narrativa gubernamental, que el “boletín no mira a la cara a los policías, a los militares, a las víctimas ni a los ciudadanos que hoy siguen esperando por seguridad”, como si esa competencia no fuera exclusiva del gobierno al que representa, y bajo cuya dirección, el 2025 está a punto de coronarse como el año más violento en la historia del país.
Insistió que admitir a trámite las leyes no es un “acto neutro” —¿cuál sí lo es?— y acusó a la Corte Constitucional de “dejarnos sin defensa”.
Ella, que acusa a una institución independiente de algo tan grave, ¿considerará un “acto neutro” aparecer en cadena nacional flanqueada de policía y militares encapuchados mientras se dirige a una función independiente del Estado?
En un país consumido por la violencia, en el que se cometen masacres a diario y se cuentan los muertos por cientos; en el que se ha elegido la narrativa de la guerra como solución simplista a un problema mucho más profundo; en el que se vivió el duelo de Nehemias e Ismael, ambos de 15 años, Josué de 14 y Steven de 11, desaparecidos y asesinados, presuntamente por un grupo de militares , en ese país, pretenden convencer que la solución es una Corte complaciente y sumisa a los caprichos del gobernante.
Policía y militares tienen que tener garantías, equipamiento y capacitación para hacer su trabajo; nada de eso es una licencia para evitar responsabilidades si es que incurren en violaciones de derechos, ilegalidades o abusos. Incluso si en la narrativa del gobierno, pretenden posicionar a todo el que plantee la necesidad de transparencia y respeto a los derechos ciudadanos, como amigo de la delincuencia y enemigo del país.
Quién va a darles respuesta a quienes están jugándose la vida en la calles, se pregunta Rovira, para acto seguido decir que “este gobierno sí da la cara”. ¿Con militares y policías encapuchados? ¿Así da la cara el gobierno?
“En este momento no hay puntos intermedios: o se defiende a quienes están del lado de nuestro país o de lado de quienes le quitan las herramientas para dársela a los criminales, los enemigos del pueblo”, remató Olsen.
¿Quién quiere ser un enemigo del pueblo? ¿Quién quiere ser calificado de “criminal”?
Este tipo de discurso instala una narrativa peligrosa: o estás con el gobierno y sus leyes, o estás con el crimen. Esa lógica, propia de regímenes autoritarios, asfixia el disenso y convierte cualquier cuestionamiento en traición. El discurso de quienes se oponen son “enemigos del pueblo” no sólo es falaz, sino profundamente antidemocrático. Desconoce que uno de los roles esenciales de una Corte Constitucional es justamente impedir los excesos del poder.
Por más que el poder pretenda vender discursos como si tuviera la varita mágica de las soluciones a la violencia. Además, esas aseveraciones pretenden advertir a cualquiera que se atreva a cuestionar, a pedir explicaciones, a pensar diferente, a creer que hay varios otros caminos —esos sí, democráticos — para reducir la violencia.
El golpe no se detuvo ahí.
Este martes, el presidente Daniel Noboa anunció nuevas preguntas para una consulta popular que incluiría someter a los jueces constitucionales al control de la Asamblea Nacional, en un intento evidente por debilitar a una institución que ha empezado a poner límites a los abusos del Ejecutivo.
Si una Corte independiente se convierte en un obstáculo, la estrategia del gobierno parece ser desmontarla o someterla a una asamblea complaciente y subordinada al Ejecutivo.
Someter a los jueces constitucionales al control de la Asamblea sería abrir la puerta a un escenario peligrosísimo: convertir el máximo tribunal de control constitucional en un órgano político, vulnerable al cálculo de mayorías parlamentarias y al canje de favores.
Un juez que sabe que puede ser destituido por decisiones impopulares o incómodas para los legisladores dejará de ser juez para convertirse en operador. La independencia judicial no es un lujo: es un pilar que sostiene la posibilidad de tener una democracia funcional.
Un sistema en el que las decisiones constitucionales se toman con miedo a la represalia política no es un sistema democrático. Es un juego amañado. La Asamblea —que por diseño debe ser contrapeso —que no lo está siendo— y no tribunal— se convertiría en la espada que cuelga sobre los jueces, condicionando su trabajo a los intereses del gobierno de turno o de las bancadas dominantes. ¿Qué clase de garantías puede tener un país en el que la constitucionalidad de las leyes depende del humor de los legisladores?
La consulta popular que se está promoviendo no solo busca respuestas ciudadanas. Busca consolidar una arquitectura de poder más concentrada, más vertical y menos controlada.
El peligro está ahí y el propio gobierno nos lo está advirtiendo a través de sus acciones —que ya levantan preocupaciones en organismos como Human Rights Watch, pues en menos de 24 horas, el Ejecutivo ha mostrado su incomodidad con los límites constitucionales: primero, reaccionando con presión pública y simbólica —como el corolario de una campaña previamente orquestada por los altoparlantes del oficialismo; luego, proponiendo reformas que podrían quebrar la ya frágil arquitectura democrática del país. No se trata de un desacuerdo institucional más. Se trata de una amenaza frontal al principio de separación de poderes.
¿Y cuál es la siguiente escena? ¿Una Corte militarizada y con tanquetas; o una corte servil y funcional a los abusos de poder, ambos escenarios ya vistos en el pasado?
Cuando un gobierno empieza a ver —y a posicionar— como enemigos a quienes cumplen con el deber de poner límites, no es solo la Corte Constitucional la que está en riesgo: es la democracia entera la que empieza a crujir.
Cuando el poder ejecutivo amenaza a la Corte Constitucional, no solo está desafiando a un tribunal. Está poniendo a prueba los límites de la democracia. La ventaja es que estamos advertidos.