Dónde está la democracia

Ojalá en breve no sea esa la pregunta que nos estemos haciendo. Ojalá no estemos dispuestos a sacrificar, de a poquito, parcelas de democracia, a cambio de la promesa de un país mejor. Porque un país sin democracia en ningún caso es un país mejor. 

Los últimos años, Ecuador ha vivido un deterioro constante en la calidad de vida, con índices de violencia sin precedentes; se ha alcanzado el promedio de 26 muertes violentas en un día, es decir, más de un asesinato por hora. Ha habido masacres carcelarias terroríficas, secuestros y homicidios difundidos casi en tiempo real, imágenes de bebés y niños asesinados, cuerpos mutilados repartidos a lo largo de las calles en bolsas de basura, o colgados de un puente.

Nadie puede vivir en paz en un país así, en donde el miedo se apodera de todos, de a poquito. Porque a muchos, la violencia ya les arrebató a un ser querido; los expulsó de sus casas y sus barrios; les quitó la posibilidad de ir a la escuela sin ser reclutados por un grupo criminal o les destruyó la economía porque su negocio ya fue extorsionado.

En medio de todo eso, yace la democracia herida. Ese concepto que parece lejano a las urgencias diarias de los ciudadanos y a los problemas cotidianos que deben sortear, pero sin el cual las pocas garantías que tenemos terminarían de desaparecer, y que queda inevitablemente herido cuando el contexto violento no permite garantizar derechos.

Hoy damos por sentadas muchas garantías que tenemos porque jamás hemos vivido dictaduras cruentas que se cobran millones de vidas, ni hemos vivido la experiencia de que una noche, sin razón, entren fuerzas estatales a tu casa, con tus hijos, tus hermanos o tus padres como testigos, y te lleven a un sitio desconocido, te torturen y te maten. Todo, por ser opositor a un régimen, o periodista o militante de una organización de derechos humanos o ciudadano crítico.

Para ocultarlo, dirán que eres un enemigo del estado, un subversivo, conspirador, parte de un grupo criminal. Lo dirán sin una investigación independiente y sin pruebas.

Lo dirán, avalados por una masa que en lugar de pedirle cuentas al poder de turno, lo reverenciará, lo cuidará y lo aplaudirá, hasta que regrese como un búmeran a tocar sus casas, sus familias, sus trabajos.

Para evitarlo, está la democracia que garantiza independencia de poderes, debido proceso, una oposición dispuesta a fiscalizar al poder, periodistas críticos que investiguen y denuncien sin temer por sus vidas, ciudadanos vigilantes de las decisiones de sus gobernantes.

Enviar una ley cuyo nombre dice que va a luchar contra las economías criminales no garantiza que, en efecto, eso suceda. Sobre todo, si en su desarrollo, poco o nada se habla de economías criminales, y se incluyen artículos que podrían utilizarse a discreción por fuera de lo legal y constitucional.

Y no, quien cuestiona una propuesta, no es ni amigo de los narcos, ni narcoperiodista, ni narcoabogado, ni narcodefensordederechos, como se han acostumbrado a acusar con ligereza quienes aplauden sin dudar cualquier planteamiento que venga de sus líderes.

Si de a poco, bajo un disfraz de legalidad, se empiezan a eliminar esas condiciones, la democracia empieza a tambalear.

Si, de a poco, se empieza a entregar todo el poder a un solo partido, a una sola institución, a un solo gobierno, el resultado es predecible: abusos y violaciones de derechos. Aún más, cuando hay evidencias sólidas de que el estado y sus instituciones han sido permeadas y los tentáculos del crimen organizado han llegado a la Policía, las Fuerzas Armadas, el sistema de justicia, los partidos políticos y las instituciones gubernamentales.

Aun así es posible convencer a los ciudadanos de que acepten ceder pedazos de democracia. ¿Cómo? Aprovechándose del miedo legítimo de millones de ciudadanos, desamparados ante la violencia, ávidos de respuestas urgentes, para crear marcos legales tramposos, inconstitucionales y peligrosos, que prometen soluciones mágicas.

El verdadero desafío de un estadista es enfrentar esos problemas reales y profundos, sin violentar la democracia, sin criminalizar a sus detractores, sin silenciar las voces críticas, sin apoderarse de las otras funciones del Estado.

Es una realidad que todos los ecuatorianos estamos sufriendo la violencia y sus coletazos. Y por eso, es legítimo y necesario exigir precisamente que se ataque la criminalidad y que el estado utilice toda su fuerza para combatirla, sin olvidar que hay instituciones cooptadas por el crimen organizado que podrían tener absoluto y mal utilizarlo.

Para eso existen conceptos como la independencia de funciones, los contrapesos —oposición, organizaciones de la sociedad civil, academia, prensa— o los mecanismos para evitar que se concentre demasiado poder en una sola institución. Para garantizarla a usted, querido lector, que mañana no sea arrestado y desaparecido

No queremos amanecer un día y preguntarnos dónde está la democracia, pues con todas imperfecciones, es el único sistema que nos ofrece garantías mínimas frente a los abusos de poder que, la historia ya ha demostrado, suelen ser una gran tentación de quienes gobiernan.