El solitario acto de denunciar o las lecciones que nos deja el juez Carlos Serrano

“Después de la respuesta que ha dado la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, por visibilizar un acto de corrupción, ¿ustedes creen que algún juez del país se va a arriesgar a denunciar presiones y a jugarse el pellejo?”

La pregunta no la formula un analista ni un opositor político. La hace un juez. Carlos Serrano. Y no es una pregunta retórica: es un diagnóstico brutal del estado real de la justicia en el Ecuador.

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Serrano denunció supuestas presiones para fallar a favor de Jezdimir Srdan, un narcotraficante serbio que se enfrentó a un proceso por lavado de activos. Las presiones habrían venido por parte de Henry Gaibor, director de la Judicatura en Pichincha y hombre cercano al presidente de la entidad, Mario Godoy.

Serrano hizo exactamente lo que se supone que debía hacer: denunciar y pedir protección. Como respuesta, recibió amenazas de muerte del propio procesado, fue sometido a un escrutinio minucioso —“al no encontrar nada relevante, hasta el tiempo de despacho se mencionó”, dice, y terminó abandonado por la institución que debía protegerlo.

“Una función judicial libre e independiente acoge a la víctima y le da respaldo, no la convierte en su enemigo”, dijo Serrano. Pero eso fue precisamente lo que ocurrió: quien denunció quedó expuesto; quienes fueron señalados, blindados.

La secuencia posterior es aún más elocuente. Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, compareció ante la Asamblea Nacional y no dio ninguna explicación. 

Entre lo poco sustancial de su intervención, Godoy eso sí, evidenció una clara contradicción: dijo que el Consejo de la Judicatura “no dicta sentencias, no resuelve causas jurisdiccionales, no emite ni modifica fallos, no da instrucciones de cómo resolver” pero aseguró que “lo quieren sacar” del cargo para “garantizar impunidad” en ciertos casos penales.

Si no tiene capacidad de influir en causas penales, ¿cómo lo van a querer sacar para garantizar impunidad? 

Esta fue una de las preguntas que los legisladores no pudieron hacer a Godoy, quien tampoco respondió ninguna pregunta, pues el presidente del Legislativo, Niels Olsen, dio por terminada la comparecencia sin dejar que sus colegas pudieran cumplir su tarea de fiscalizar.

El silencio no fue un accidente procedimental: fue una decisión política. Un nuevo cierre de filas que refuerza el blindaje desde el oficialismo —ADN— hacia Godoy, quien además ha sido claro: no piensa renunciar.

El mensaje es demoledor. En el Ecuador de hoy, denunciar no conduce a la verdad ni a la reparación: conduce al aislamiento.

Mientras Serrano tiene que abandonar su vida y su país —“Renuncié a mi tranquilidad para dar algo de paz a este país que tanto amo”—, las estructuras de poder permanecen intactas. 

“Me voy con la frente en alto y el corazón deshecho”, dijo. 

Es difícil encontrar una frase que condense mejor el costo personal de hacer lo correcto en un sistema que castiga la integridad.

La escena se completa con otra declaración reveladora. José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien nominó a Mario Godoy, aseguró que tampoco renunciará. No hay autocrítica. No hay responsabilidad política. No hay, siquiera, una mínima señal de que algo de esto amerite una revisión profunda del funcionamiento del órgano que gobierna la justicia.

Así, quienes denuncian se quedan solos. Y quienes son señalados no solo permanecen, sino que acumulan poder, respaldo institucional y protección política.

Este patrón no es nuevo, pero sí cada vez más explícito. El sistema parece haber invertido sus incentivos: castiga al que expone la corrupción y normaliza al que se beneficia de ella. La consecuencia es devastadora para cualquier democracia: el miedo se institucionaliza y el silencio se vuelve una estrategia racional de supervivencia.

El caso de Serrano se ha hecho mediático, pero no es el único. Hay otros funcionarios de la justicia en situaciones similares. Hay activistas, periodistas, defensores de derechos que quedan aislados, abandonados y decepcionados de un país que castiga la integridad.

Volvamos a la pregunta de Serrano. ¿Se va a arriesgar algún juez del país a denunciar presiones y jugarse el pellejo? Con lo ocurrido, la respuesta honesta es no. No mientras denunciar signifique quedarse sin respaldo, sin protección y sin justicia. No mientras el poder cierre filas para protegerse a sí mismo.

Cuando un Estado abandona a quien cumple la ley y protege a quien concentra poder, no solo se erosiona la justicia: se destruye la confianza pública. Y sin confianza, la justicia deja de ser un pilar democrático para convertirse en una advertencia.

Denunciar, hoy, no es un acto cívico reconocido. Es un acto solitario. Y eso debería alarmarnos a todos.