Poca esperanza

Cuesta creer en un Estado que, frente a la corrupción y al crimen, parece, en el menos grave de los escenarios, indiferente. Cuesta confiar cuando las señales son inequívocas para todos excepto para quienes deben tomar decisiones para depurarlo.

El más reciente escándalo denunciado en una columna de Felipe Rodríguez revela lo que, silenciosamente, muchos abogados, periodistas y ciudadanos conocen: las presiones y amenazas hacia jueces que intentan hacer su trabajo con honestidad y transparencia. 

Es un entramado que incluye relaciones laborales, societarias, personales y políticas con el crimen organizado, este parece ser otro caso que evidencia la facilidad con la que la justicia puede ser tomada por intereses opacos. 

Carlos Serrano denunció que fue presionado por —luego se supo que uno de los señalados era Henry Gaibor, director de Pichincha del Consejo de la Judicatura— para fallar en favor de un narcotraficante serbio. Se hicieron públicos los audios en los que se exponen estas supuestas presiones. Sobre estos no ha habido ni media explicación y el pleno de la Judicatura aceptó la renuncia de Gaibor, como si la denuncia no fuese lo suficientemente grave como para que la renuncia sea el menor de sus problemas. 

¿Por qué no se le exigió dar explicaciones en el pleno? ¿Por qué no se le pidió responder de quién era el mensajero, algo sobre lo que hace énfasis en buena parte del audio difundido? ¿A quién podría afectar que Gaibor hable?

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Días después, en plena audiencia de cuyo tribunal de juzgamiento Serrano era parte, hubo una amenaza de muerte. Poco antes, un coche bomba fue desactivado en los exteriores del Complejo Judicial, en Quito, donde Serrano y otros jueces anticorrupción tienen su oficina. 

A pesar de eso, le fue retirada la seguridad — el ministro del Interior, John Reimberg dijo ayer que fue porque, supuestamente, se consideraba que el riesgo de Serrano disminuyó — y no fue aceptada su renuncia.

Godoy dijo, en una entrevista televisiva, que no se puede aceptar una renuncia si el juez que la presenta tiene causas represadas. Su argumento no tiene ningún sentido. ¿Cómo podía despachar una o diez causas un juez cuya vida estaba en riesgo?  ¿Qué le queda a un juez si no renunciar, al ver un sistema completamente podrido?

Esta es la radiografía perfecta de un Estado que no protege a sus jueces y, peor aún, los empuja al abismo. En Ecuador, la violencia ya no solo se mide en cifras, sino en gestos. En decisiones que minimizan el riesgo evidente, en autoridades que parecen ser parte de un sistema totalmente podrido —o callan ante la evidencia, convirtiéndose en cómplices de la podredumbre—  en un aparato estatal que aparenta orden mientras se descompone por dentro. El mensaje se repite, aunque nadie lo diga en voz alta: el crimen organizado intimida, y el Estado retrocede.

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La podredumbre no es solo la corrupción visible o los escándalos que se acumulan sin consecuencias. Es la normalización del abuso, la impunidad convertida en rutina, la idea de que hay vidas prescindibles y verdades incómodas que es mejor no tocar. Así, la ley deja de ser refugio y se transforma en una promesa vacía.

En ese contexto, ¿qué queda? ¿Defensores de derechos? Están siendo perseguidos. ¿Prensa? Está siendo debilitada. Este será el segundo año consecutivo que el Mecanismo de Protección a Periodistas no tenga presupuesto, es decir, que no haya un solo centavo para garantizar que los periodistas puedan ejercer y los ciudadanos estén informados. Solo en 2025 fueron cinco colegas asesinados. 

Eso no sorprende en Ecuador, convertido en uno de los países más peligrosos del mundo, mientras su presidente hace cerrar una vía para jugar a los piques previo a tomarse 18 días de vacaciones. Sí, 18, mientras el país se desangra.

Por eso la esperanza es poca. No porque el país no la merezca, sino porque quienes gobiernan parecen haber renunciado a defender lo esencial. Y cuando el Estado deja de proteger, de escuchar y de responder, lo que queda no es solo miedo: es la dolorosa sensación de estar solos frente a un poder que ya no distingue entre autoridad y abandono.