El miedo de hablar

Que tengas cuidado, que no les des “tan duro al gobierno”, que mejor ya no digas nada. Son frases que se repiten cada vez con más frecuencia en conversaciones privadas y mensajes cifrados.

No vienen solo de fuentes hacia los periodistas: vienen también de otros colegas, de funcionarios públicos o políticos que prefieren no dar la cara e incluso de ciudadanos comunes que sienten —con razón— que en este país opinar o señalar al poder puede tener consecuencias. 

El miedo ya no es una exageración: es parte del clima. Y las advertencias no siempre se sienten como una preocupación genuina sino como una amenaza solapada. 

Ese miedo no es gratuito. Se alimenta de hechos concretos, enmarcados en una violencia generalizada que apaga vidas sin consecuencias claras ni responsables visibles. La violencia ya no es una excepción ni una noticia lejana: es el telón de fondo cotidiano sobre el que se intenta —con miedo— hablar, preguntar, denunciar y pedir respuestas a un estado que parece más preocupado en que se le pida cuentas que en hacer su trabajo. 

Lo que ocurrió con el juez Carlos Serrano grafica bastante bien cómo se castiga al que alza la voz con más eficacia que al que amenaza: aunque —o, porque— denunció  presiones para fallar a favor de un narcotraficante serbio, amenazas explícitas que recibió en audiencia y un coche bomba colocado detrás de su despacho; se le retiró su escolta, dejándolo en la absoluta indefensión.

En lugar de reparar el daño, apenas se hizo público el escándalo, el ministro del Interior argumentó que se había retirado la seguridad porque “el nivel de riesgo ya no era alto”. 

Todo eso ocurrió antes de que el Presidente se pronunciara —tarde— con una frase inquietante: “Lo que no podrá es evitar la ira de las mafias ocultas del poder”. Una advertencia ambigua que, lejos de proteger, parece confirmar que las mafias operan en la impunidad. 

• El silencio ensordecedor en el caso Las Malvinas 

Pero el miedo no se sostiene solo con silencios. También se construye con intimidación activa desde el poder. En redes sociales, funcionarios públicos han asumido el rol de escarmiento. El secretario de Integridad Pública, Julio José Neira sugirió vínculos entre Gabriela Panchana, crítica del régimen, con la ex Comandante de la Policía, Tanya Varela, hoy procesada por presunta filtración de la información. “¿Qué tendrá el teléfono de la madrina Tanya que le tienen “inventando”... perdón, trabajando día y noche?” , tuiteó, quien debería estar ocupado en darle respuestas al país, aún cuando Neira tiene once cargos en el gobierno. 

Antes, Neira ya había tenido exabruptos con el periodista Álvaro Espinosa, a quien había llamado “terrorista digital”.

El comportamiento de Neira no es aislado. Zaida Rovira, entonces ministra de Inclusión Económica y Social, denunció a María Dolores Miño, abogada y defensora de derechos, por supuesta violencia política, aunque el Tribunal Contencioso Electoral posteriormente la desechó. 

Diana Jácome, entonces asesora presidencial, me respondió en junio de 2023 con un mensaje difícil de entender, que cerraba con “solo te bendigo”. Una semana después, salió del aire el programa que conducía junto con otros dos periodistas.

Carolina Jaramillo, entonces vocera presidencial, trató de “pendejo” al periodista Martín Pallares, que cuestionó sus posturas hacia el correísmo y la prensa.

Hay asambleístas del oficialismo también, cuyo nivel de respuesta e interacción es tan rastrero, misógino y violento que ni siquiera vale la pena mencionar sus nombres. 

• Sin ninguna vergüenza 

A varios periodistas, nuestras fuentes nos han dicho “ten cuidado, le das mucho al gobierno”. Lo mismo ha ocurrido con activistas — a decenas se les ha congelado sus cuentas bancarias sin que siquiera tengan la posibilidad de averiguar bien por qué. Esto, que en otro gobierno habría sido un escándalo de proporciones nacionales, hoy ha pasado como un abuso más del poder que aplasta.

No hace falta censura formal cuando el castigo alecciona por sí solo. Cuando la amenaza es creíble, cuando el abandono es evidente y cuando el poder responde con burla, desdén o intimidación, el mensaje se vuelve claro: hablar cuesta. Y cuesta caro.

En ese escenario, el silencio deja de ser una casualidad y se convierte en una política no declarada. Una pedagogía del miedo que enseña quién puede hablar, hasta dónde y a qué precio.

Pero precisamente por eso, en medio de esta oscuridad —cuando el crimen organizado se cruza con la política y las instituciones parecen incapaces de proteger a quienes cumplen su deber— alzar la voz sigue siendo imprescindible. No por heroísmo ni por temeridad, sino porque callar termina siendo la forma más eficaz de rendirse.

Hablar, hoy, es resistir. Pensar, cuestionar y nombrar lo que ocurre es negarse a aceptar que el miedo sea el idioma oficial del país.